¿Acudirá hoy por fin la Fiscalía a la toma de declaraciones del Caso Granadilla?

El juez ha citado entre hoy y mañana a una parranda de empleados y ex trabajadores municipales por presuntas irregularidades económicas en la etapa socialista 2003-2007

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La causa que se instruye contra un montón de concejales y ex concejales socialistas, empresarios y personal de banca podría quedarse sin acusación de ningún tipo: ni pública, ni particular

Hoy empezará a desfilar por los juzgados granadilleros un montón de empleados, ex empleados y personas vinculadas a proyectos, cursos y contrataciones en general realizadas por el anterior gobierno socialista (2003-2007) en materia cultural y de ocio.

Esta nueva toma de declaraciones de la causa que se instruye desde 2007 contra la Junta de Gobierno que lideraba el ahora otra vez alcalde, Jaime González Cejas (PSC PSOE), guarda relación con una ampliación de la querella que interpuso en su día la Fiscalía Anticorrupción en respuesta a una denuncia urbanística que le había dirigido la portavoz y luego alcaldesa de CC, Carmen Nieves Gaspar.

Hasta ahora ese procedimiento había estado centrado en cuestiones urbanísticas, y había supuesto la imputación de la Junta Local de Gobierno socialista, de personal de banca, empresarios, técnicos municipales y, recientemente, de socios gallegos del alcalde. En cambio, la ampliación de la querella recientemente acordada por el juez instructor del caso se corresponde con parte de las anomalías detectadas en materia de contratación en el marco de la auditoría que encargó el pasado mandato el pacto de gobierno CC-PP-SSP sobre la gestión de sus antecesores socialistas.

Pero al margen de la expectación y marchita que supondrá esta nueva ronda de comparecencias judiciales, las miradas más críticas de dentro y fuera del municipio estarán centradas en el Ministerio Fiscal y en la acusación particular que lideraba hasta ahora el Ayuntamiento granadillero.

La Fiscalía ha pasado de este procedimiento como de la mierda. Jamás se ha personado en las tomas de declaración, hecho que, obviamente, no ha pasado desapercibido por partidos que, como Coalición Canaria, están padeciendo una intensa acusación fiscal (Arona y Santa Cruz son dos buenos ejemplos). Lo curioso de ese pasotismo fiscal es que este no es un caso baladí, ya que los cargos y ex cargos públicos implicados se reparten imputaciones por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación.

Un detalle rocambolesco de ese procedimiento es que el Ayuntamiento granadillero se personó como acusación particular. Con lo que la administración local se convirtió en acusadora de los que habían sido sus responsables políticos hasta 2007.

La guinda rocambolesca es que ahora el multi-imputado PSOE ha vuelto al gobierno municipal en pacto con uno de los partidos que hasta ahora le estaba acusando de presuntas ilegalidades en su gestión: el PP. ¿Mantendrá este pacto la financiación de la acusación particular que ha estado disparando contra uno de sus miembros? Jajajajaj, o sea, ¿permitirá el PSOE que las arcas públicas sigan pagando un abogado acusador que perjudica sus intereses?

A mí me da que no, que el PSOE se carga a ese abogado y que el PP de Esteban González agachará las orejitas con un ‘donde dije digo, digo Diego’ y ayudará a sus nuevos socios de gobierno a quitar de en medio las piedras jurídicas que entorpecen sus andanzas judiciales. Ya veremos a ver qué pasa…

A todas esas, la Fiscalía ha basado su cantoso pasotismo en este procedimiento en la excusa de que como el mismo contaba con acusación particular, no era necesaria su asistencia. ¿? El argumento podría colar si no fuera porque en otros procedimientos sonados que también cuentan con acusación particular, el Ministerio Fiscal sí ha jugado un papel activo y muy destacado (entre ellos el Caso Arona, el Caso Teresitas o el Caso Mamotreto).

Xd, capaz que para que pueda haber acusación en ese caso, al final se persona en el mismo la desencadenante de la denuncia: la ex juez accidental, ex alcaldesa y ex portavoz de Coalición Canaria en Granadilla, Carmen Nieves.

–>Artículos relacionados:

El juez amplía la querella del caso Granadilla y cita a un montón de gente a declarar “(publicado en BlancaHari el 17 de junio 2011).

“Presunta corrupción en el Ayuntamiento de Granadilla” (Documentación judicial publicada en KanariLeaks)

El juez amplía la querella del Caso Granadilla y cita a un montón de gente a declarar

La gestión cultural de la anterior etapa socialista está ahora en la picota judicial, justo cuando el PSOE retorna al gobierno

El juez que instruye el Caso Granadilla (también denominado causa contra el PSC-PSOE) ha reactivado este procedimiento que parecía dormido, y ha incorporado al mismo presuntas irregularidades cometidas en materia cultural y de contratación durante la anterior etapa socialista del Ayuntamiento de Granadilla (hasta 2003).

En concreto, ha añadido a la querella inicial una parte de la auditoría que encargó el gobierno saliente de CC, PP y SSP (2007-2011) sobre la gestión cultural de sus antecesores socialistas. Y ha citado a declarar a un puñado de técnicos y de personal municipal, así como a varios concejales de aquella etapa. Ese desfile judicial arrancará a final de este mes y se prolongará durante varios días.

A ver cómo explico el batiburrillo judicial y político que se ha liado…

Esta querella fue presentada por la fiscal Anticorrupción en 2007 a raíz de una denuncia que le había remitido la ex alcaldesa de CC, Carmen Nieves Gaspar, cuando estaba en la oposición (poco antes de las pasadas elecciones). El procedimiento arrancó con la imputación del que ahora ha vuelto a ser alcalde, Jaime González Cejas, y de los integrantes de la Junta Local de Gobierno de la etapa 2003-2007. Entre los presuntos delitos que se les imputó figuran prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Para ver más detalles, consultar un artículo publicado en Canarias Ahora publicado el pasado 7 de junio y titulado “La denuncia contra González Cejas, paralizada en Fiscalía“.

Durante el pasado mandato, el pacto de gobierno que sentó a los socialistas en la bancada de la oposición (CC, PP y SSP) encargó una auditoría sobre la gestión de sus antecesores y trasladó a los juzgados las irregularidades de gestión detectadas en la misma. Hasta ahora, sin embargo, no había trascendido ningún ‘movimiento’ judicial en relación a la misma. Hasta que hace unos días el titular del juzgado número tres de Granadilla de Abona decidió incorporar una parte de esa auditoría a la querella inicial (como dije más arriba, relativa a presuntos delitos en la gestión cultural y en los procedimientos de contratación de la anterior etapa socialista).

Paradójicamente, la ampliación de esta querella y las nuevas citaciones coinciden con el retorno al gobierno de los socialistas y de tres de los imputados durante la laaaaarga fase inicial de esa instrucción: el otra vez alcalde, Jaime González Cejas, y los ediles Nicolás Jorge y Ana Esther Flores.

La guinda de esa paradoja es que el encargo y traslado judicial de esa auditoría que ahora complica la situación del alcalde, de dos de sus ediles y de al menos una de sus ex edilas (la ex concejal de Cultura, Ana María Casimiro), ha sido abanderado por dos grupos que han pasado a la oposición (CC y SSP) y, tachaaaaaaan, por el PP que encabeza Esteban González, ¡¡que ahora es socio de gobierno de los socialistas!! Bueno, no es solo socio de gobierno, sino el que les ha permitido recobrar la alcaldía y volver al gobierno.

Y para terminar de bordar el batiburrillo, el portavoz popular justificó su pacto de 2007 con CC y los ecologistas antipuerto de Sí Se Puede, así como el envío a la oposición del que había sido el partido más votado (PSOE), ¡en las dudas que abrigaba sobre la legalidad de la gestión de los sociatas de González Cejas! Jajajajaj, y según pacta con ellos se complica aún más la situación judicial de sus socios de gobierno. Y encima, como consecuencia de una investigación y denuncia apoyada por él ¡no es gafe ni nada el Esteban, jajajjajaja!

Ya postearé más cosillas sobre este procedimiento judicial en el que están imputados gobernantes y ex gobernantes granadilleros, personal de banca, empresarios vinculados a la construcción, técnicos municipales,… Y a partir de ahora seguramente también los responsables de alguna empresa y de una asociación ‘cultural’.

Uy, por cierto, esta ampliación de la querella fue acordada antes de que el PSOE retornara al gobierno granadillero. Lo matizo antes de que algun@ se lance a hacer conjeturas sobre una conspiración judicial en contra del gobierno PSOE-PP o algo así…