¿Dónde está el PGO que Berriel, Berto y Sosa dijeron antes de elecciones que estaba a punto de entrar en vigor, matarile rile ron?
Matarile no sé si nos sacaría de dudas, pero los ‘mataos’ que lo tramitan, ya podrían tirarse el rollo y dar alguna explicación sobre el paradero del Plan General de Arona (cierta, a ser posible). Aunque si tuvieran vergüenza y conciencia, lo primero que deberían hacer es ponerse de rodillas en público para pedir perdón a todos los afectados por su ineptitud-irresponsabilidad (y para pedirse perdón a sí mismos, joer).
La revisión del desplaneamiento urbanístico aronero arrancó allá por los 90′ argumentando por entonces que había quedado obsoleto, y que era necesario adaptar el ordenamiento urbanístico a las nuevas necesidades que habían ido surgiendo en el municipio. Tras millones de tira y afloja políticos (todos los partidos y casi todos los concejales querían meterle mano al pastel y cada vez que un nuevo partido llegaba al poder, esconchaba lo que habían hecho sus antecesores y lo rehacía a su antojo), la Cotmac ‘por fin’ acordó su aprobación definitiva en diciembre de 2006.

Berto el alcalde (CC) y Barrios el semi alcalde (CAN-CCN) festejaron en rueda de prensa su ‘gran logro’, y este último hasta lanzó voladores para celebrar su hazaña. Pero el documento no entraba en vigor… Meses después nos enteramos de que la aprobación de la Cotmac no era tan definitiva como habían vendido, sino parcial y requetecondicionada a multitud de subsanaciones. Pero claro, venían elecciones y quedaba bien tener una hazaña política que vender (aunque fuera falsa).
Su gozo urbanístico y el de todos los que esperaban beneficiarse de ese PGO se hundió en un oscuro pozo desde marzo de 2007 por un imprevisto que en realidad era previsible: saltó el Caso Arona y, con él, saltaron por los aires todas las operaciones político-ténico-empresariales que olieran a pelotazo, tráfico de influencias, cohecho y, en resumen, a corrupción.
Berto estrenó la mayoría absoluta que obtuvo en mayo de 2007 fijando como máxima prioridad el desbloqueo de la entrada en vigor de ese documento. Pero la losa anticorrupción del Caso Arona pesaba demasiado. Los gobernantes aroneros eso no lo dicen, evidentemente. Pero es de cajón…
El Urbanismo de Arona, ingresa en prisión.
A finales de ese año 2007 un empresario relató ante el juez instructor del Caso Arona una historia espectacular sobre extorsiones y cobro de comisiones político-técnicas en ese Ayuntamiento (salpicando incluso a la Cotmac). Entre otros, fueron encarcelados durante meses el entonces arquitecto jefe y un aparejador del Ayuntamiento de Arona, y el ex concejal de Urbanismo de Arona y por entonces consejero del Cabildo Félix Sierra, escapó de chiripa de esas vacaciones entre rejas (de hecho, a cuenta de ese relato ha acabado imputado, entre otras cosas, por cohecho). Desde ese momento, la sombra de corrupción que arrastraba desde hacía décadas el urbanismo de Arona, tomó cuerpo en los juzgados. Y el PGO es urbanismo…
La guinda de ese pastel urbanístico que se resiste a ser degustado, la pusieron los tribunales en 2009, cuando se levantó una parte del secreto del sumario del Caso Arona y descubrimos a través de las escuchas telefónicas realizadas a imputados como el alcalde un montón de tejemanejes y pelotazos vinculados al PGO. Aunque los gobernantes aroneros tampoco han reconocido nunca tal hecho, evidentemente. Les vino mejor culpar del retraso de su entrada en vigor a las denuncias interpuestas por Felipe Campos contra supuestas irregularidades en su tramitación (que no contenido, ya que eso no se puede denunciar hasta que el Plan no entre en vigor).
La oscura ¿transparencia? de la que tanto presume Berto el alcalde.
Desde entonces, los bertistas pusieron una especie de cuño de top secret a ese documento que pasó a ser considerado como secreto de municipio (o de estado bertista). El concejal de Urbanismo de la etapa 2007-2011, Antonio Sosa, justificó el secretismo que se cernió sobre su Plan General diciendo que así evitaban polémicas estériles que pudieran entorpecer el desbloqueo de su entrada en vigor.
Pero el secretismo respondía a una razón mucho más oscura y peliaguda: habían aprobado un Plan en la época del pelotazo libre, y cuando tocaba que entrara en vigor los tribunales les cayeron encima. Para colmo, les pincharon los teléfonos y les pillaron en renuncios muy tochos muuuuuuuuy tochos, de esos que suenan a tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, utilización de información privilegiada,… Pero mientras no entrara el vigor el documento, no incurrían en responsabilidades… Así que llevan años ingeniándoselas para intentar pulir legalmente el planeamiento aprobado, sin que se note (tarea arduo complicada, visto el tiempo que les está costando 😦 ).
Podían haber optado por hacer un nuevo Plan legal desde el principio, sin embargo, eso hubiera implicado admitir que habían confeccionado y aprobado uno ilegal. Prefirieron emprender una huida hacia adelante con el que tenían, en plan sálvese quién pueda (dejando tirada a toda la gente que dependía de ese documento urbanístico -lo pongo en pasado porque hoy dependen muchos menos de ese Plan: la mayoría se han arruinado ya, o se han desanimado a invertir).
Cuando la presión empresarial y social ya era insorportable por el bloqueo urbanístico que sufría el municipio en espera de un Plan aprobado que había desaparecido de la faz de la tierra sin entrar en vigor -nadie sabía por qué-, Sosa y el alcalde cargaron contra los técnicos y políticos de la Cotmac, culpándoles del retraso. Papa Pauli (el mismísimo presidente de Canarias, ése que también se ha visto salpicado por el Caso Arona a cuenta de sus ayudas a una sobrina suya) intercedió y tranquilizó los ánimos de todos los desesperados con ese PGO. Prometió nada más y nada menos que iba a agarrarlo «por los cuernos» y que lo desbloquearía en un santiamén.
Pero ni con la ayuda de los dioses de CC salía pa’lante ese Plan que cada vez sonaba más a pelotazo, tejemanejes, cambalaches,… La respuesta de los gobernantes aroneros y autonómicos de CC fue radicalizar el secretismo sobre ese documento. Los de CC se cerraron en banda y solo declaraban que faltaban «unos flecos». De tanto fleco, se convirtió hasta en un planeamiento charlestón que acabó el mandato 2007-2011 con la categoría de Expediente X, por su extraña desaparición por motivos no identificados (ovnis políticos y funcionariales).
Hasta que se acercaron otra vez las elecciones. En marzo-abril de 2011 Berriel, Bero y Sosa salieron anunciando a bombo y platillo que el PGO de Arona ya estaba listo, a puntito de ser reaprobado por la Cotmac, de ser publicado al fin en boletín oficial y de entrar en vigor.

La Cotmac lo aprobó antes de elecciones, pero no tanto como habian dicho los tres jinetes del Aronalipsis. Aunque en realidad, casi nada de lo que dijeron sobre el acuerdo de supuesta aprobación requetedefinitiva ha resultado ser como habían dicho…

Así que las subsanaciones y resubsanaciones de lo subsanado (todo en plan casi secreto, como de costumbre) demoraron la publicación en boletín oficial del Plan General hasta julio de 2011 (dos meses después de las elecciones). Jajajajajjaja, justo el mes que el juez instrucor del Caso Arona concluyó que había un montón de pruebas contundentes de corrupción «indiciariamente acreditadas» en asuntos como el Urbanismo y que el alcalde de Arona, muchos de sus compis y ex compis de gobierno, técnicos y empresarios deberían ir a juicio.
El Plan General, ha seguido impasible en su limbo de ‘pendiente de entrada en vigor’, abducido en un mundo político-técnico paralelo, aún a pesar de que se suponía que su publicación en boletín sería el último escollo. Entonces (en julio) se empezó a hablar de que entraría en vigor después del agostero mes de holidays políticas y funcionarias. Pero pasaba septiembre, y nada de nada…
ESTADO ACTUAL DEL PGO DE ARONA:
Solo vi una discretísima alusión al respecto de Carmelo García, el nuevo bedel bertista de Urbanismo, uy, qué lapsus, el nuevo concejal de Urbanismo nombrado por Berto para este mandato. En una entrevista de peloteo total que le hicieron en Diario de Avisos, decía al final (al final de verdad, en el último párrafo, tras pasarse la página charloteando sobre las excelencias de ese documento):

¿Dudas? A estas alturas del cuento, ¿todavía con dudas? Pero no decían Sosa y Berto en abril y mayo que el Plan General entraría en vigor «en unas semanas». ¡¡¿¿Y tenían dudas con trámites administrativos de las normas urbanísticas del Plan??!! Tranquilos todos, que las considera «menores», y que esperan ¡¡que todo llegue a buen término antes de final de año!! Vaya con las «pocas semanas» de Berto, Sosa y Berriel, ¡eh!? (que conste que les avisé en su día de que esos tres no eran de fiar y que sus semanas podían ser muuchos meses 😉 ).
¿Que qué pasa con el PGO? Pues que de donde no hay no se puede sacar, y que de donde hay es muy difícil sacar cosas de tapadillo con un juicio de corrupción encima. Si tuviera que elegir entre si hay más ineptitud o corrupción, la verdad, me quedaría con un «no sabe no contesta».
La que se puede liar si entra en vigor:
Cierto que desde la aprobación de 2006 han cambiado y sacado (eliminado) muchas cosillas de ese Plan (recalificaciones a ‘tuti plen’ incluídas), pero ufff, yo he visto ya algunas de las burradas que tienen localizadas los abogados que tienen preparados los recursos que prevén presentar desde que ese PGO entre en vigor, y agüita la que se puede liar…
Para que los que no están muy puestos con el tema se hagan una idea de lo cogidita con pinzas que está esa ordenación urbanística, hasta existe la posibilidad de que tenga que ser sometido a información pública y participación ciudadana porque, como le explicó al alcalde una jurista municipal (Manoli), se han introducido modificaciones sustanciales desde su última exposición (esa conversación es una de las magníficas que han quedado inmortalizadas gracias a las escuchas telefónicas relacionadas con el Caso Arona).
Porque resulta que la legislación impide que entre en vigor un planeamiento urbanístico secreto, desconocido para los afectados de esa ordenación que va a condicionar el entorno en el que viven.
¿Se imaginan lo que puede pasar? Desde el primer o segundo de entrada en vigor del Plan, le lloverían recursos judiciales y su entrada en vigor sería suspendida cautelarmente. Ese trance se podría demorar durante años, hasta que los tribunales resolvieran (ya han visto la agilidad judicial en temas como el Caso Arona). Y si el documento no pasa el examen judicial en asuntillos como el de si contiene modificaciones sustanciales desde su última exposición al público, para poder entrar en vigor tendría que superar un nuevo trámite de información pública y participación ciudadana, recoger alegaciones, darles respuesta motivando aquellas que sean rechazadas y, una vez superado todo eso y recabados todos los nuevos informes técnico-jurídicos requeridos, someterse de nuevo a aprobación plenaria en el Ayuntamiento y en la Cotmac para poder publicar el Plan General en boletín.
No quiero ni pensar los años que podría durar ese proceso que, encima, es probable que tengamos que presenciar… Ojalá me equivoque, pero…(y no sería la primera vez que ocurriera: pasó con el planeamiento del Tren del Sur. Los tribunales revocaron el acuerdo de entrada en vigor y ordenaron retrotraer el proceso de tramitación del Plan del Tren hasta el trámite de información y exposición pública).
Ays, y mejor no entramos en qué podría pasar con ciertas recalificaciones, calificaciones y tejemanejes varios.
BAJA LA DESESPERACIÓN EMPRESARIAL POR TENER PLAN GENERAL:
Lo que sí han logrado los gobernantes de CC y sus técnicos (todos unidos, los del ayuntamiento, el Cabildo y el Gobierno de Canarias con su Cotmac incluida) es que la desesperación y angustia por la entrada en vigor del Plan General de Arona haya descendido un puñado con el paso de los años.
Como la mayoría de los constructores e inversores están arruinados (por haber invertido su dinero en un municipio sin garantías legales ni de solvencia política), ya casi que les da igual que se desbloqueen las nuevas bolsas de suelo urbano y sus licencias. Además, aunque tengan un euro para construir o incluso edificios construidos pendientes del Plan para ser legalizados, ¿a quién le iban a vender los pisos en un municipio devastado por el desempleo y por la destrucción de empresas?
Les podía quedar el consuelo de optar a las obras públicas previstas en ese PGO, construyendo la inmensa cantidad de centros de salud, colegios, edificios formativos, culturales y administrativos, parques, plazas… Si no fuera porque los políticos que los han arrastrado a la ruina también han arruinado el Ayuntamiento, el Cabildo y el Gobierno de Canarias (el Estado porque no toca en este tema). Así que a ver quién y cómo se pagarían esas mega infraestructuras públicas que tanto venden los gobernantes del Ayuntamiento de Arona.
Y no estoy siendo exagerada en el catastrofismo económico que les acabo de citar. En cuatro años el municipio de Arona ha perdido el 24% de su tejido empresarial, ¡casi el doble de la media insular, regional y de los municipios cercanos!! Y el Ayuntamiento que llegaba a acabar el año con excedentes económicos de más de 40 millones de euros, ha entrado en números rojos. No tiene dinero para pagar sus deudas, no tiene dinero para mantener el servicio de atención ciudadana por las tardes, ni para sufragar cursos culturales y formativos para la población. El Ayuntamiento está teniendo dificultades hasta para garantizar hasta final de año el pago de los sueldos de sus cientos de trabajadores.
Con lo que como para ponerse a ejecutar las súper infraestructuras públicas que diseñaron los bertistas y Barrios para Arona cuando corrían tiempos de bonanza y nadaban en la abundancia de «la fiesta de la construcción» (yo diría mejor «borrachera de la construcción», porque chiquita resaca nos está costando el urbanismo político festivo…).
La culpa fue del cha cha chá.
Ah, pero ya saben, la culpa no es de los gobernantes y técnicos que esconden durante años un Plan General aprobado porque se acojonan frente a los exámenes legales y judiciales relacionados con corrupción. No no, según ellos, la culpa es de sus denunciantes y, si se ponen, hasta de medios digitales como éste. Ah, que se me olvida, la otra parte de culpa, según ellos, es del exceso de leyes y normativas que regulan el urbanismo y que se contradicen entre sí. Aunque parece que son leyes que solo perjudican a Arona, ya que en otros como Adeje se lanzan para sacar pa’lante macrocentros comerciales, y en estos años han hecho hasta hoteles…
Moratoria de legalidad y derecho político a no ser denunciados.
Así está el tema… Con lo que o se aprueba una especie de moratoria política de legalidad y se le otorga a administraciones públicas como la de Arona una licencia para delinquir con derecho a que sus responsables políticos y técnicos no sean siquiera denunciados, o este Plan General tiene menos futuro que el argumento bertista de que sus imputaciones por corrupción deberían dirimirse por vía administrativa, como unas faltitas de nada 😉 .
Lo peor lo peor lo peor de todo, lo requtepeor, vamos, es que, en el mejor de los casos, entraría en vigor una normativa urbanística que condenaría el futuro del municipio, ya que la planificación prevista en época de borrachera del ladrillo y de los business urbanísticos, no responde ni de lejos a las necesidades actuales de un Arona apocalíptica, de un Arona que carece de alternativa al defenestrado sector constructivo y crecimiento residencial de los que había vivido hasta ahora.
Pinta feo. Pero 8.000 se fían…
( (igual me baila alguna fecha porque he escrito de memoria, pero luego les posteo una página con fechas, un índice de post y noticias))
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