Temen las consecuencias de haber comprado pisos que invaden con descaro el Monumento Natural Montaña de Guaza.

La exposición pública bloguera de la parte del Plan General de Ordenación de Arona supuestamente aprobada de forma definitiva y supuestamente a punto de entrar en vigor, ya está desencadenando sustos vecinales (particulares y colectivos). La Asociación de Vecinos del Palm-Mar, por ejemplo, se ha acojonado. Bueno, ellos lo dicen más finamente: «Perdon por la expresión, pero al ver el plano se nos subieron las gonadas a mas de un vecino a la altura de la garganta» (y se disculpan y todo, jeje, ¡pero si no se puede ser más ilustrativo de manera más correcta!).

Y no es para menos. Al examinar uno de los planos de la parte del PGO que estaría a punto de entrar en vigor ( https://blancahari.files.wordpress.com/2011/05/op-17-1palmmar.pdf ), han constatado que muchos vecinos de esta zona están atravesados por una raya verde.

Jajaja, suena a coña, pero es cierto. De hecho es esa rayadura la que les ha dejado acongojadit@s (además de rayados, jeje). Han descubierto nada más y nada menos que el PGO admite que varios edificios de Palm-Mar invaden el Monumento Natural Montaña de Guaza. Y no un poquitín, así como de despiste. Qué va. A simple vista, algún edificio parece tener más ‘cacho’ dentro de ‘la raya verde’ que fuera… Según la leyenda de ese plano del PGO, dicha ‘raya verde’ delimita el suelo urbano del Palmar con un «Parque Urbano».

Y bueno, dicho así parece que lo que invaden esas construcciones es una ‘simple’ zonita verde. Pero no no, jajajaj, recuerden, esto es Arona, y aquí ‘el no va más’ del escándalo siempre va más lejos. Lo que invaden esos edificios en los que residen un montón de vecinos es el espacio natural megaprotegido Montaña de Guaza (y digo mega, porque no está amparado sólo por normativa autonómica y estatal, sino también internacional, al estar declarado como Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA).

Escándalos ambientales de 7 plantas de altura (como para pasar desapercibidos).

Guayota (un comentarista de este blog) localizó y facilitó la prueba de que, efectivamente, esas construcciones (La Arenita, de siete plantas de altura en la zona invasora, y Punta Salema, también de siete plantas en la parte de la montaña, invaden con descaro y alevosía el espacio natural protegido (igual que ocurre en la parte del Monumento Natural que linda con Los Cristianos, como indicó Al Punto de la Desidia -otro participante en el blog-; aunque esa parte de la montaña es otro capítulo…). Aquí va un fragmento del plano del Gobierno de Canarias sobre este espacio protegido (reparen en las construcciones que invaden la zona azul):

En ese documento gráfico se ve claramente que el mismísimo Gobierno de Canarias refleja (y por tanto tiene constancia) que hay cuatro complejos edificatorios que agreden el espacio natural protegido Montaña de Guaza. De las tres construcciones que se llevan el premio gordo a la bestialidad ambiental, el del medio (Flamingo) es antiguo, permaneció en ‘esqueleto’ de hormigón varias décadas, con lo que es fácil que los actuales gestores se refugien tras su recurrido escudo de «los desmanes urbanísticos del pasado».

Peeeeeeero, los otros tres edificios no son nada antiguos. Sus licencias de construcción han sido concedidas en la última década, y las de primera ocupación hace poquitos años (y aunque a los bertistas no les guste escucharlo, su Berto ha estado durante todos estos 10 años en la Junta de Gobierno local que ha concedido dichos permisos urbanísticos, y nunca votó en contra de esas licencias, con lo que algo de culpa le toca, sobre todo en su época de alcalde).

Berto intentó rectificar cuando se percató de la burrada que había estado amparando.

Aunque, sin que sirva de precedente y aunque sólo sea por una vez, Berto no ha sido el gran culpable de ese ataque ambiental. Contribuyó a la concesión de las licencias, pero en este caso sí le creo cuando dice que lo hizo sin tener ni idea de lo que estaba haciendo (aunque eso no le resta responsabilidades legales si las hubiera, ya que los gestores públicos son responsables de sus actos y decisiones en el ejercicio de sus cargos). Los protagonistas de ese escándalo ambiental son el popular Félix Sierra (quien lideró en el mandato 1999-2003 el desbloqueo de este plan parcial que llevaba un montón de años paralizado) y el CAn Manuel Barrios durante su etapa como concejal de Urbanismo y socio de gobierno de Berto. Bueno, y también técnicos famosos como Roberto de Luis y Eliseo de la Rosa (ya saben, dos de los cuatro que fueron encarcelados en el marco del Caso Arona y que llevan unos años en libertad condicional).

De hecho, cuando Berto descubrió la pedazo de barbaridad que se proyecta seguir haciendo en ese espacio protegido, intentó parar la construcción de otro edificio que perforaría también la montaña -aunque quienes denunciaron ante la Agencia del Medio esta nueva construcción a la que el Ayuntamiento concedió licencia de construcción en la etapa Berto-Barrios ¡con todos los informes favorables, incluido el jurídico ¿? !, creo recordar que fue ATAN -y luego la Agencia del Medio denunció en los juzgados y ganó).

Pero, como de costumbre en él (jajajajaj, xd, si no lo critico reviento), empezó envalentonado luchando contra «el mal» del Monumento Montaña de Guaza y se acabó desinflando y plegando, con lo que es probable que se construya tanto el cuarto edifico que perfora el espacio protegido como unos cuantos más con los que se prevé ‘ennichar’ la falda de la montaña hasta la mismísima playa (y todos ellos tienen una burrada de plantas de altura).

Políticos plegados a los intereses de Urbis.

¿Los motivos? Que cuando Urbis, el Gobierno de Canarias, el Cabildo y el Ayuntamiento de Arona que comandaba Felillo acordaron el desbloqueo del plan parcial Palm-Mar, nadie puso interés suficiente en condicionar dicho desbloqueo a la renuncia de edificar la ladera de la Montaña. Así que los promotores mantienen los derechos edificatorios que adquirió esta zona en los ’70, que es de cuando data su aprobación.

Algun@ puede decir que dicha renuncia edificatoria era bien difícil de conseguir. Pero no se crean, con voluntad política se habría logrado, ya que cuando se aprobó este plan parcial no existían las leyes y normas ambientalistas que luego imposibilitaban el desarrollo de esta zona residencial (legislación que protege los volcanes, un montón de normas, leyes y directrices autonómicas, estatales y europeas), el Plan Insular de Ordenación de Tenerife, la protección de la Montaña de Guaza, el Malpaís de Rasca y del litoral de esta parte de la Isla, etcétera). Y el desarrollo urbanístico de lo que pactó ese clan político-empresarial (y bancario, claro), ha dejado claro que priorizaron el cemento exprés, la especulación y el dinero rápido al respeto al medio ambiente y al desarrollo sostenible (aunque es justo reconocer que, aunque con peros, fue Felillo quien impulsó la protección de la que goza el Malpaís de Rasca).

En peligro buena parte de la ladera aún no edificada de la montaña supuestamente protegida.

De los lodos políticos que negociaron las condiciones para que ese plan parcial pudiera desarrollarse, vienen los fangos que hacen tambalear hoy el frente costero de la Montaña de Guaza. Y la arrastrada total por el barro la puso el Gobierno de Canarias de la CoCa en 2009, cuando dio amparo en la revisión de las Normas de Conservación de Guaza a los edificios que invaden el espacio protegido y cuando mantuvo el suelo urbano de la falda de la Montaña (alegando, como manifestó el propio Berto en su momento, que las indemnizaciones serían millonarias.

El alcalde podía haber promovido la presentación de alegaciones o recurso contra esa decisión, ya que la función de los organismos ambientales autonómicos es velar por el respeto al medioambiente y por el cumplimiento de las normas que lo protegen, no por las perras. Pero imaginan qué fue lo que hizo el alcalde, ¿no?).

Preocupación vecinal por las consecuencias de la raya verde.

Preguntaban los vecinos de Palm-Mar que se han atragantado con sus gónadas al ver que viven dentro de un espacio protegido supuestamente incompatible con edificaciones, que qué consecuencias puede tener este embolado urbanístico-ambiental para los residentes afectados por la raya verde. Uff, pues a saber. Parece que en lo que respecta a las administraciones canarias (Ayuntamiento, Cabildo, Gobierno de Canarias-Consejería de Medio Ambiente-Agencia del Medio Urbano y Natural), no les va a pasar nada, porque éstas apuestan por bendecir ese atentado ambiental y los que probablemente vendrán cuando se apruebe el PGO.

Sin embargo, la cosa se puede complicar en lo que respecta al Caso Arona… Creo recordar que al menos tres de las licencias polémicas forman parte de esa causa, y si los jueces y fiscal consideran que ahí hay una ilegalidad, no sería improbable que actuaran de oficio reclamando, por ejemplo, que la zona protegida invadida sea retornada a su estado original. En ese hipotñetico caso, los vecinos tendrían derecho a ser indemnizados. ¿Por quién? ‘Pos’ de entrada, por la administración que dio las licencias, o sea, el Ayuntamiento (como ha indicado otro seguidor del BlancaHari).

Y hay más: un testigo del Caso Arona ha declarado ante jueces y fiscales, que ciertos técnicos -y sobre este caso concreto ahora no recuerdo si también políticos- fueron generosamente premiados por Urbis por el buen trabajo que le hicieron en Palm-Mar. El testigo en cuestión es ‘El Sobrino’, y uno de los técnicos a los que señaló en ese sentido fue a su tío, el aparejador municipal Roberto de Luis. Así que imaginen el lío judicial que se puede montar si eso se confirma… Y ya puesta a hacer memoria, si no saltaron antes en los juzgados supuestos pelotazos como ese y la presunta corrupción de la Oficina Técnica, de la Secretaría General y de varios políticos del Ayuntamiento de Arona en operaciones urbanísticas como la de Palm-Mar, fue porque Berto lo impidió (en complot con al menos una jurista municipal). Ese hecho, que yo y otros testigos presenciamos en directo, también forma parte de la investigación del súper bestseller que tanto nos gusta a los Haristas: el Caso Arona).