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El Ayuntamiento de Arona concedió 131 licencias ilegales en cinco años

=> (Les copio el magnífico artículo que ha publicado David Cuesta en la web de Mírame TV sobre las últimas novedades del Caso Arona 2. Mil gracias al autor por autorizar su reproducción. Y enhorabuena por ayudar a difundir las burradas urbanísticas que han desencadenado la decadencia de un municipio que ni siquiera puede crecer por depender de un Plan General anulado por infinidad de ilegalidades. Mírame TV es el único canal de televisión canario que se ha hecho eco de este escandaloso caso de corrupción urbanística que afecta a CC, CAN-CCN y PP y que incomoda al PSOE, ¿no? Para leer la noticia en su edición original, hacer clic aquí: http://www.mirametv.com/noticias_new.php?idNoticia=277

  • La Justicia investiga la barra libre urbanística que vivió el municipio entre 2006 y 2011 en una causa en la que hay 22 imputados por prevaricación.

  • Otra pieza se centra en la aprobación del PGO en 2008.

Mirame_TV_Caso Arona 2, noviembre 2014

Mírame TV se hace eco del Caso Arona 2 en televisión y en su web de noticias. /Autor: David Cuesta.

El Caso Arona II es un manual de la política urbanística que practicó el Ayuntamiento de Arona en la época dorada de su exalcalde José Alberto González Reverón, condenado por un delito de prevaricación continuada. Según consta en un auto judicial al que ha tenido acceso mirametv.com, el Consistorio tinerfeño concedió, entre diciembre de 2006 y mayo de 2011, hasta 131 licencias urbanísticas «sin respetar los trámites establecidos legalmente, adoptando decisiones contrarias a las que en Derecho procederían». Esta es una de las dos piezas que componen la causa, en la que hay 22 imputados por delitos de prevaricación, que el juez Marcos Díaz Peteiro separó el pasado lunes en dos procedimientos que llevarán los juzgados de Instrucción 2 y 4.La investigación judicial partió de las denuncias presentadas en 2008 por la Asociación Europea de Participación Ciudadana Tenerife Sur y el abogado Felipe Campos, a la que se unió una posterior de 2011 del edil de Ciudadanos por Arona, José Antonio Reverón. En una primera ronda de declaraciones, que tuvo lugar entre octubre y diciembre de 2010, ocho exconcejales del Gobierno local desfilaron por sede judicial; entre ellos, el exalcalde José Alberto González Reverón, Manuel Barrios, Félix Sierra o Juan José Alayón. Todos están acusados por delitos de corrupción en el Caso Arona I, cuyo juicio está previsto en la primera mitad de 2015.

En el auto judicial, emitido el pasado 24 de noviembre, el juez cita a declarar en calidad de imputados por dos presuntos delitos de prevaricación a otras 14 personas; algunas de ellas todavía con responsabilidades públicas en el Ayuntamiento, como Miguel Ángel Méndez, designado candidato de Coalición Canaria (CC) a las elecciones municipales del próximo año, o el primer teniente de alcalde actual, Antonio Sosa.

El juez ve indicios delictivos en la decisión de los imputados de aprobar con su voto, en decenas de juntas de Gobierno, la concesión de 131 licencias en contra de la normativa vigente. Algo similar a lo que ocurrió en la sesión plenaria de noviembre de 2008, en la que se dio luz verde al Plan General de Ordenación (PGO) con informes municipales en contra, lo que dio pie a la primera pieza del Caso Arona II.

Licencias a destajo

Entre diciembre de 2006 y mayo de 2011, el Ayuntamiento de Arona se convirtió en una oficina express para la concesión de licencias urbanísticas. Aunque el juez aclara en el auto que el caso se encuentra en una fase de atribución «indiciaria y provisional», afirma varias veces que los permisos se autorizaron «contraviniendo las normas establecidas».

En unas ocasiones, las licencias se concedían con el informe desfavorable del Servicio de Urbanismo; en otras, ni siquiera se daba tiempo a que se realizase el dictamen preceptivo. Algunos de los permisos recibían el visto bueno sin que se hubiera completado el informe de los técnicos municipales, con graves deficiencias como no contar con todos aspectos exigidos legalmente o, incluso, sin que existiera la necesaria propuesta de acuerdo que debía elevar el concejal del área. El tipo de licencias variaba desde obras mayores y menores hasta de primera ocupación, aunque las primeras eran las más habituales, según consta en el escrito judicial.

En poco más de un año, sólo en el período entre diciembre de 2006 y enero de 2008, los meses anteriores y posteriores a las elecciones de 2007 en las que CC obtuvo mayoría absoluta, el Consistorio tinerfeño otorgó 54 licencias «sin respetar los trámites establecidos legal o reglamentariamente, adoptando decisiones contrarias a las que en Derecho procederían», como se afirma en el auto judicial. El grifo se cerró desde entonces hasta julio, cuando se volvió a abrir para conceder otros 65 permisos de obras o primera ocupación irregulares entre ese mes y septiembre de 2009. Las 12 licencias restantes que se investigan se otorgaron entre los meses de mayo de 2010 y 2011.

Un PGO modificado

La pieza abierta por la concesión de licencias urbanísticas se separa ahora de la primera causa, por la que se investiga la aprobación del PGO en noviembre de 2008 en contra de informes municipales. El Pleno del Ayuntamiento de Arona dio luz verde de forma parcial al planeamiento del municipio en diciembre de 2006; un documento que recibió el visto bueno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) en febrero de 2007, con la excepción de una serie de subsanaciones que se requerían al Consistorio.

A partir de entonces se sucedieron una serie de comunicaciones entre las partes, hasta que el 2 de octubre de 2008, los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento de Arona emitieron un nuevo informe en el que se alegaba que se habían realizado «modificaciones que no parecen obedecer a la subsanación de deficiencias del acuerdo de aprobación definitiva adoptado por la Cotmac», lo que explicó mejor la jefa de los Servicios Jurídicos Municipales, que aseguró que «las subsanaciones se han excedido de lo permitido, constituyendo una verdadera modificación».

A pesar de los últimos informes negativos, el actual concejal de Medio Ambiente, Antonio Sosa, por aquel entonces responsable del área de Urbanismo, elaboró una propuesta que elevó a la Comisión Informativa de su departamento, y esta posteriormente al Pleno, y que fue aprobada en la sesión del 28 de noviembre de 2008. El 5 de mayo de 2009, la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias emitió un nuevo informe en el que se ponía de manifiesto que aún persistían en el documento «determinados aspectos que no se han subsanado», además de «cuestiones planteadas ex novo con posterioridad». El 20 de octubre de 2009, la Viceconsejería regional consideró corregidas las observaciones realizadas.

La turbulenta tramitación del PGO dio paso a una cascada de denuncias judiciales, encabezadas por el letrado Felipe Campos, que culminaron, en la parte contenciosa-administrativa, con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias del pasado mes de junio, que tumbó el planeamiento de Arona para sorpresa del actual equipo de Gobierno. En la causa penal, el polémico documento ha dado lugar a los casos Arona I y II, con 17 acusados por delitos de corrupción y 22 imputados, respectivamente.

Huracán Penal: El Caso Arona 2 deja un aluvión de citaciones judiciales

  • El juez de refuerzo encargado de esta higa causa de presunta corrupción urbanística ha ordenado 22 comparecencias judiciales de gobernantes y exgobernantes imputados (aún sin fecha).

  • Además, ha acordado dividir en dos causas distintas el inmenso Caso Arona 2: por un lado concesión de licencias ilegales y, por otro, irregularidades en torno a la aprobación del PGO luego anulado.

El juez de refuerzo que ha asumido esta higa causa, una de las más complejas y tochas de cuantas se siguen por presunta y no presunta corrupción contra los responsables del Ayuntamiento de Arona durante los tres últimos mandatos y una de las más escandalosas de Canarias, ha ordenado el inicio de trámites para liquidar en breve 22 tomas de declaración en calidad de imputados a gobernantes y exgobernantes del Ayuntamiento de Arona entre los mandatos 2003/2007 y 2007/2011. Algunos declararán dos veces, pues este mega caso pasará a dividirse en dos causas distintas (a partir de ahora se instruirán por separado).

=> Como este procedimiento es hiper complejo (la instrucción va ya por 10 tomos y no ha declarado aún ni la mitad de los imputados), he optado por hacer un esquema con los puntos más relevantes: total de imputados, partidos afectados, imputados que serán citados a declarar en breve… (Si no ven el resto del post, hagan clic a continuación en ‘seguir leyendo’ o sobre el título de este artículo)

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Méndez se estrena como candidato de CC a la Alcaldía de Arona ¡con nuevas imputaciones!

AVANCE INFORMATIVO:

  • El nuevo instructor del Caso Arona 2 acaba de notificar que divide esta mega causa en dos partes, con lo que muchos de sus protagonistas duplican imputaciones.

  • El juez ha ordenado ya el inicio de trámites de citación inminente para comunicar las nuevas imputaciones y tomar declaración a los afectados: Premio Gordo de Imputaciones para CC, incluido Méndez.

  • Por otra parte, el mes que viene tocan declaraciones judiciales del Caso Arona 3.

Manifestación anticorrupción celebrada en Arona en 2011/Foto de Las que Luchan

Manifestación anticorrupción celebrada en Arona en 2011/Foto de Las que Luchan

Sí sí, lo digo en serioooo. Premio Gordo de la Lotería Judicial contra el Ayuntamiento de Arona y, en particular, contra sus gobernantes municipales. Esta causa arrancó formalmente en 2008 y alude a escandalosas irregularidades urbanísticas detectadas por el bastión anticorrupción aronero (harismo)

El caso, en realidad, se remonta a tres mandatos atrás, pues están imputados los integrantes de tres Juntas de Gobierno (todos los de la Junta de 2003-2007 y los de 2007-2011, y los que permanecen desde entonces en el gobierno local). Las imputaciones del Caso Arona 2 afectan a tres partidos políticos, CC/PP/CAN-CCN, pero las novedades que les cuento hoy (las nuevas imputaciones) aluden exclusivamente a concejales de CC de los dos últimos equipos de gobierno, es decir, desde 2009, entre ellos el nuevo candidato a la la alcaldía aronera elegido anoche por el comité local aronero, que suma a su haber dos nuevas imputaciones. Idéntico premio gordo judicial se ha llevado el segundo clasificado en esa pugna por la candidatura, Antonio Sosa (que como político en activo debe estar a punto de batir récord regional de imputaciones y acusaciones por corrupción). El actual alcalde, Francisco Niño, el gran derrotado en la lucha por liderar el partido, no forma parte de esta causa (su incorporación a la política fue posterior).

Esta es la megacausa de presunta corrupción más tocha de cuantas hay abiertas contra el Ayuntamiento de Arona, más bestia incluso que el Caso Arona 1. Concesión masiva de licencias urbanísticas ilegales, pelotazos amañados en el Plan General de Ordenación que ha terminado anulado judicialmente, amaños para dar aspecto de legalidad a la corrupción aronera (o sea, para seguir dando licencias ilegales a pesar de que ya estaba en marcha la investigación del Caso Arona 1) y para abatir a los denunciantes de corrupción en este municipio, pagos municipales irregulares… Que tiene de todo, vamos :p . Incluso una diputada del PP entre los imputados, Águeda Fumero (otra de las que pugna por liderar una plancha política en Arona).

Pero sobre todo, se trata de una causa urbanística: aborda nada mas y nada menos que el desmadre legal, político-funcionarial y especulativo de uno de los grandes imperios ladrilleros de la costa española en pleno reventón de la burbuja inmobiliaria.

NOVEDADES:

El juez instructor ha estimado que en la presente causa «nos encontramos ante la investigación de dos hechos distintos. El primero consiste en la supuesta aprobación del Plan General de Ordenacion de Arona en contra de lo dispusto en los informes técnicos y/o jurídicos. El segundo hecho consiste en la aprobación de numerosas licencias contraviniendo los trámites legales o reglamentarios». Y tras razonar que el hecho primero «en nada condiciona o depende del segundo» y que «ademas, los imputados por ambos hechos son distintas personas», concluye que «procede separar ambas investigaciones», de tal modo que la investigación judicial relativa a la aprobación del PGO se mantenga en este juzgado (el número 4) y, el resto de hechos –concesión cotidiana de licencias urbanísticas irregulares- «se investigarán en el seno de las DP 379/2009, de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Arona, por conocimiento previo de los hechos».

Dicha separación física de esta macrocausa integrada por varias denuncias ciudadanas y del concejal Jose Antonio Reverón (el de la mochila hari de Ciudadanos por Arona), como explica el magistrado, «se producirá una vez que sea firme el presente Auto, a fin de evitar prejuicios y dilaciones en la causa». Y recuerda a las partes que «la interposición de un recurso en la fase de instrucción, sea de reforma o de apelación, carece de efectos suspensivos». (Se ve que conoce el andar de estos perritos políticos expertos en dilatar investigaciones).

->Novedades relativas a la PARTE 1 del CASO ARONA 2: Aprobación Sospechosa del Plan General del Ordenación.

El titular del juzgado número 4 de Arona ha acordado en relación a las diligencias que procede adoptar para la correcta investigación de esta parte:

1. Toma de declaracion a los imputados del Caso Arona 2 a los que no se les ha recibido declaración (marco en negrita a los que siguen formando parte del gobierno aronero).

  • Antonio Luis sosa Carballo (CC).
  • María Candelaria Padrón González (CC).
  • Miguel Ángel Méndez Fernández (CC).
  • Antonio Miguel García Marichal (CC).
  • Francisco Enrique Toledo Hernández (CC).
  • Manuel Reverón González (CC).
  • Martina Melo Melo (CC).
  • Clara María Pérez Pérez (CC).
  • Ángel David Herrera González (CC).
  • Dácil María García Marcelino (CC).
  • Pedro Antonio Cabeza González (CAN-CCN).
  • José Agustín Sierra Fumero (PP).
  • José Esteban Alayón González (PP).

El señalamiento de la fecha de declaración, como aclara el auto, «será notificado con la mayor brevedad posible, atendiendo a la disponibilidad de la agenda del Juzgado. En todo caso, se le recuerda a los imputados que, de conformidad con lo prevenido en el artículo 400 LECRIM, pueden acudir a declarar en cualquier momento de la instrucción, para ejercer su derecho de defensa»

2. Toma de declaración en calidad de testigos:

  • El secretario general del Ayuntamiento en el momento en que fue aprobado el PGO, Cristian Marcelino Represas.
  • El redactor del PGO, Jorge Coderch.

3. Petición de documentación al Gobierno de Canarias:

  • Dirección General de Urbanismo: Librar oficio a esta Dirección General pidiendo la identificación de los asistentes a la reunión que mantuvieron los representantes del Ayuntamiento de Arona, el equipo redactor del Plan General «con el objeto de comprobar si se habían subsanado las deficiencias señaladas por la Dirección General de Urbanismo en el PGO de Arona en el oficio de 5 de noviembre de 2009». El magistrado requiere que se acompañe el domicilio de esas personas «por si fuese necesario citarlas a declarar». Y, ademas, pide que si se levantó acta de la reunión sea remitida al juzgado. El plazo dado a este área del Gobierno de Canarias para enviar la documentación solicitada es de 30 días hábiles.
  • Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente de Canarias (COTMAC): Se le requiere que aporte el expediente completo y debidamente testimoniado relacionado con la aprobación del Plan General del Ayuntamiento de Arona. Plazo, como en el caso anterior, 30 días hábiles.

->Novedades relativas a la PARTE 2 del CASO ARONA 2 (concesión masiva de licencias contrarias a la legalidad cuando ya había abierta una investigación judicial por ese escándalo -el Caso Arona 1-):

1. Ha sido ordenada la citación en calidad de imputados de los integrantes de la Junta Local de Gobierno de 2007-2011:

  • Antonio Luis Sosa Carballo (CC)
  • María Candelaria Padrón Hernández (CC).
  • Jesús Ramón García Hernández (CC).
  • Martina Melo Melo (CC).
  • Miguel Ángel Méndez Fernández (CC).
  • Francisco Enrique Toledo Hernández (CC).
  • Antonio Miguel García Marichal (CC).
  • Manuel Reverón González (CC).

->Relación de imputados del Caso Arona 2 que ya han prestado declaración (hace uno-dos años) o que no han sido incluidos en el desfile judicial que se avecina:

  • José Alberto González Reverón (CC).
  • Juan José Alayón Beltrán (CC).
  • Alfonso Barroso Armas (CC).
  • Manuel Barrios Rodríguez (CAN-CC).
  • José Luis González Rodríguez (CAN-CCN).
  • Daniel Martín Navarro (CAN-CCN).
  • Félix Sierra Melo (PP).

Entre los imputados que ya habían declarado figura una baja por defunción, Sebastián Martín Melo, exconcejal de Hacienda de CC.

->Y queda pendiente para la tanda final de toma de declaraciones una diputada aforada:

  • Águeda Fumero Roque (PP).

 

(Más información en breve; que me tengo que leer el auto que acaba de desatascar este escandaloso caso. 34 paginitas bombaaaa 😉 ). => Ya me lo leí :p . Pero es un caso tan complejo que he optado por hacer un esquema. Lo postearé en unas horas, ¡en cuanto les cuente la nueva crisis desatada en CC por la edila Marta Melo.

 

La falda aforada de Águeda Fumero no logra cubrir a los otros 22 imputados del Caso Arona 2

La diputada del PP declarará en el Tribunal Supremo si al final de la instrucción se confirma que hay suficientes indicios criminales contra ella y contra el resto de ediles del gobierno (CC y CAN-CCN) y de la oposición (PP) que votaron a favor de la aprobación del PGO de Arona en noviembre de 2008.

Pero el resto de gobernantes y ex gobernantes aroneros imputados por ese acuerdo plenario y, además, por la concesión de licencias urbanísticas irregulares, se ha quedado con la miel de la lejanía del Alto Tribunal en los labios y tendrá que desfilar en breve por los juzgados de Arona (al alcance de la acusación particular hari, de BlancaHari, de las cámaras y de la prensa).

¡¡¡Bieeeeeeeen!!! ¡¡¡Más marchaaaaaa!!! 😀 : Para abril la resolución de las apelaciones al Caso Arona 1 y ese mismo mes o poco después, ronda de declaraciones por presunta corrupción urbanística del Caso Arona 2.

El titular del juzgado número 4 de Arona, Evaristo González, acaba de hacer público que estima en parte los alegatos formulados por la acusación particular (Felipe Campos) y la fiscal María Isabel Silva contra su decisión de inhibirse en el Caso Arona 2 en favor del Tribunal Supremo: Esa causa ya no se irá para Madrid, al menos no por ahora.

El magistrado había acordado esa inhibición en diciembre de 2012, en cuanto supo que entre los 23 imputados que hay ya en esta megacausa figura una diputada que goza de fuero especial: Águeda Fumero Roque (PP).

El gozo de los imputados en un pozo:

Al enterarse, Campos puso el grito en el cielo y en el recurso de reforma que presentó contra esa inhibición porque la misma hubiera complicado muchísimo -y hasta imposibilitado- sin ton ni son su labor acusadora en esta causa. ¿Por qué? Pues porque la generosidad de abogado hari ONG (no cobra por ninguno de los Caso Arona) casaría mal con tener que poner de su bolsillo pasta para pasajes y alojamiento en Madrid cada vez que declararan los imputados. De ahí que a los afectados por esta complejísima y amplíiiiisima causa les agradara la idea del lejano Supremo.

Eso de la distancia, de que el caso pudiera tirar pa’lante sin abogados acusadores y de que fuera más fácil dejar a la prensa al margen, tenía entusiasmada al menos a la mayoría de los imputados. Capaz que además creen que el Alto Tribunal es más beligerante en casos de presunta corrupción… (de los imputados bertistas ya me lo creo toodo). El hecho es que todos los afectados por este caso (algunos por un rosario de supuestos delitos en su contra), o al menos los políticos, estaban viendo la falda aforada de Águeda como un refugio salvador o minimizador de sus males. Tanto es así, que sus abogados intentaron tumbar el recurso de Felipe Campos contra la inhibición del juez instructor).

Pero la Fiscalía lo tuvo claro: «interesa la estimación del recurso de reforma interpuesto contra el Auto que acuerda la «inhibición» de las actuaciones, interesando que por el Juez Instructor se continúe la investigación judicial respecto de aquellos hechos consistentes en la adopción del acuerdo de plenario 28 de noviembre de 2008, se practiquen todas aquellas diligencias de investigación que fueran oportunas, a excepción de la declaración en calidad de imputados de los aforados, y de aquellas diligencias que materialmente entrañen ese mismo significado, y solo de apreciarse indicios de delito cometidos por él o las personas aforadas, en ese momento elevar un informe razonado en el que se expongan no solo la existencia de indicios contra los mismos, sino también si dichos indicios tienen la trascendencia jurídico penal que justifique la declaración y asunción por el Tribunal Supremo de su propia competencia (…)», remitiendo en todo caso al final «una exposición razonada a dicho órgano en la que se contemplen los indicios existentes contra Dª Águeda Fumero Roque por el delito de Prevaricación».

El juez Evaristo se desinhibe y retoma el Caso Arona 2:

Y eso es precisamente lo que acaba de acordar el juez Evaristo en un auto firmado el 18 de marzo: «Se estima parcialmente el recurso de reforma, acordando la revocación de la resolución impugnada, con el fin de proceder a la toma de declaración de los imputados que constan en el ordinal segundo de la providencia de fecha 26 de octubre de 2012, con la salvedad de Doña Águeda Fumero Roque, quien queda excluida de las declaraciones a tomar».

Contra esa decisión cabe recurso de apelación dentro de cinco días hábiles.

Eso sí, apunta que por mucho que el marrón de Águeda tenga que ver solo con un trocito chiquitito de esta megaquerella, la misma no se va a partir ni de coña. Argumenta, entre otras cosas, que tanto a Campos como a Fiscalía les había parecido bien hasta ahora que el potaje de partes entremezcladas en el Arona 2 se investigaran todas juntas y que de partirla, nasti de nasti. (Evaristo no lo dice con esas palabras, evidentemente).

De lo cual es fácil suponer que si al final hay tomate, la falda aforada de Águeda tendría todos los puntos para transportar hasta Madrid a toda la parranda de imputados en este mejunje judicial que aúna grabaciones al ex alcalde inhabilitado y al redactor del PGO del municipio (ese cuya entrada en vigor acabó apoyando Águeda cuando era concejal de la oposición aronera) y, por otro lado -al margen de la aforada-, parte del Caso Arona 1, varias denuncias por licencias urbanísticas supuestamente ilegales, … Esta instrucción abarca hechos spuestamente delictivos de dos mandatos: 2003-2007 y 2007-2011.

Hay que tener en cuenta que Águeda y una parte de sus compis de sarao judicial están salpicados ‘solo’ por una presunta prevaricación por un hecho puntual: apoyar en pleno la aprobación de un PGO a pesar de los reparos de la entonces jefa jurídica de Urbanismo en el Ayuntamiento de Arona (Manoli advirtió que había modificaciones sustanciales irregulares o improcedentes en el planeamiento llevado a pleno.

Sin embargo, en el saco del Arona 2 hay gobernantes y ex gobernantes municipales de CC, PP y CAN-CCN, aparte de técnicos, afectados por una florinata de delitos (el que más abunda, delito contra la ordenación del territorio). Uno de ellos es hoy por hoy consejero del Cabildo (ya hay dos gobernantes insulares imputados en los Caso Arona a cuenta del urbanismo y de las adjudicaciones de esta parte del Sur de Tenerife).

De momento, un detallazo del juez cambiar de idea, no sacudirse este embolado de encima y permitirnos disfrutar del show político-judicial en la tierra natal o campo de acción de sus protagonistas. Con el Caso Arona 1 íbamos ya bien servidos de escándalos político-penales, pero para los postres ricos siempre se puede hacer un huequito 😉 .

Así que prepárense: en poquitas semanas pasarán por el banquillo 14 concejales y ex concejales de Arona. Es decir, los que había citado el titular del juzgado de primera instancia número cuatro junto a Águeda antes de saber que ésta es aforada.

Ya les contaré más cositas sobre esto.

La prueba del desatasco del Caso Enchufe 2

Ya he recuperado una conexión decente, con lo que aquí tienen la providencia que les comentaba esta mañana con la imputación de Berto el ex alcalde de Caoslición Canaria y de una jurista adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento.

¿Cuántas causas judiciales estarán abiertas contra el Ayuntamiento de Arona y contra sus gobernantes y ex gobernantes? Porque partiendo de que aún están en instrucción-investigación las del año 2005 😕 … Pero nada, yo que soy una cotilla. Está claro que a los gobernantes que protagonizan esos caros saraos no les parece importante ni conveniente que la ciudadanía esté al tanto de datos como ese.

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(Nuestro agente filtrador me pidió que quitara un sellito del documento, y yo a mandar 😉 ).

Post relacionados:

«Se desatasca el Caso Enchufe 2: Berto el ex alcalde y una jurista, imputados« (18 diciembre 2012).

«Tras la pista del Caso Enchufe 2» (posteado el 7 de agosto).

Resultó que lo que creímos que era el Caso Enchufe 2 en realidad era el 3 o el 4 😯 . Xd, vamos a necesitar una guía o agenda de causas. En agosto flipamos al descubrir que el ya ex alcalde condenado hacía dos meses por prevaricación enchufadora tenía otra causa pendiente sobre contratos a dedo derivada también de su primer mandato como jefe de Arona (2003-2007). Se trataba de ésta que ahora hemos confirmado: juzgado de instrucción número 5, año de denuncia 2005. Pero la historia que cuento en ese post sobre las cuatro sentencias de contratos ilegales que aportaron Paco Santamaría (PSOE) y Felipe Campos en su denuncia del Caso Arona 1, es de otra causa distinta que, según la providencia de arriba, está tramitándose en el juzgado número 7 de Arona.

Presumo que se trata de esa querella que se tramitó como pieza separada del Caso Arona porque el año coincide (2007). Pero o se han refundido varias denuncias de Fiscalía sobre contrataciones consistoriales bertistas en esa, o sigue faltando al menos un Caso Enchufe más de ese primer mandato bertista. El cuarto 😯 .

Qué peligro… especialmente teniendo en cuenta que los enchufes de personal siempre fueron el menor de los problemas judiciales que tienen en su contra Berto y su Bertismo de CC. Para no perder el ritmo, recuerden que el Oráculo Hari pronostica novedades potentes en enero (Caso Arona 1). Y luego más novedades en febrero (Caso Arona 2). Y a este paso en marzo, y en abril, y en mayo… Incluso varias por mes. Lo de este año que acaba, por si no lo han pillado, era un piscolabis de corrupción. Para ir haciendo boca.

15 imputados por prevaricación por votar en un pleno a favor del PGO (El Digital de Canarias)

Les copio el currado artículo que ha publicado el periódico hari El Digital de Canarias sobre las últimas novedades del Caso Arona 2. (Aprovecho para avisarles de que ya amplié el contenido de mi post inicial sobre estas citaciones (<-pinchar para leer)
.

La actual diputada del PP, Águeda Fumero y otros catorce concejales y ex ediles de Arona imputados por prevaricación por votar a favor del PGO en un pleno del año 2008

El caso Arona 2, derivado de la instrucción de Nelson, estalla contra CC y PP

La providencia ha sido dictada por el juez de primera instancia número 4 de Arona, que antes era el número 1, Evaristo González González, que viene del partido judicial de Güímar y que además tiene abierto otra causa, relacionada con un abogado, primo del alcalde de Arona, a cuenta de una construcción presuntamente ilegal y que toca de lleno a uno de los técnicos de la oficina municipal de Urbanismo, que se ha caracterizado siempre por su ‘amabilidad’ por llamarlo de alguna manera, con el alcalde y el grupo de gobierno nacionalista.Dicha providencia que nace en el ámbito de las diligencias previas 1767/09, en las que está personado el abogado Felipe Campos Miranda, alma mater judicial de muchos procedimientos relacionados con la presunta corrupción urbanística que siempre ha rodeado todo lo que ha tocado el alcalde nacionalista y sus circunstancias, señala primero que se “libre oficio a la dirección general de Urbanismo del gobierno de Canarias, a fin que aporten la relación de asistentes a la reunión mantenida en la sede de dicha dirección general ante representantes del Ayuntamiento de Arona, equipo redactor del PGOU de ese municipio y representantes de la dirección general de Urbanismo, reunión que tenía por objeto si la documentación presentada por el Ayuntamiento subsanaba las deficiencias señaladas en el oficio de la dirección general de Urbanismo de fecha 5 de noviembre de 2009, interesando también que junto con la relación de asistentes se indique domicilio o lugar en que cada uno de ellos pueda ser citado, por si hiciera falta su declaración. En caso de haberse levantado acta de la reunión, se solicita la remisión de copia”.

El juez quiere atar todos los cabos y mira hacia la cúspide, hacia el gobierno de Canarias, hacia los reinos en aquel momento del director general de Urbanismo Jesús Romero Espeja, arquitecto y militante de CC en Santa Cruz y redactor de algún que otro plan parcial, dentro de ese PGO que ahora se cuestiona en el juzgado, en otra causa más que complica aún más a los nacionalistas que han estado gobernando quien los ha metido en innumerables líos: José Alberto González Reverón.

Más concejales al banquillo

La lista de imputados es enorme. Esta vez están todos los concejales de CC y del PP, uno de ellas, diputada regional y coordinadora del PP en el Sur de Tenerife, llamada Águeda Fumero, que a consecuencia de su actual condición, tendrá que declarar ante el TSJC, quien es el único competente para hacerlo y que deberá pedir el juzgado de instrucción, al estar aforada, que votaron a favor de subsanar las deficiencias apuntadas por la Cotmac en un acuerdo de 20 de diciembre de 2006 y que dieron lugar a un pleno el 28 de noviembre de 2008.

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15 concejales y ex concejales de CC, PP y CAN-CCN citados como imputados en el Caso Arona 2

Con esto van ya 23 políticos y ex políticos aroneros imputados en esta causa que abarca los mandatos 2003-2007 y 2007-2011 (el nexo común entre ambas etapas es el también imputado alcalde).

Una diputada del PP y un consejero del Cabildo entre los nuevos imputados.

El juez  instructor ha solicitado copia íntegra y compulsada del Plan General de Ordenación, los nombres y domicilio de los redactores del PGO y, además, los de varios representantes políticos y técnicos de la Dirección General de Urbanismo.

El titular del juzgado de primera instancia número 4 de Arona ha citado a 15 concejales y ex concejales aroneros para tomarles declaración en calidad de imputados entre los días 6 y 7 de febrero de 2013. Estas imputaciones se enmarcan en el denominado Caso Arona 2 (diligencias previas número 1767/2009), una megacausa de presunta corrupción urbanística y política relacionada con la tramitación del Plan General de Ordenación y con la concesión de licencias al margen de la legalidad. Los hechos que se investigan se enmarcan en el mandato 2007-2011 y están estrechamente relacionados con la parte urbanística del Caso Arona 1 (aunque son causas distintas).

Entre estas citaciones en calidad de imputados figuran la actual diputada del PP Águeda Fumero y el consejero de Innovación Tecnológica del Cabildo de Tenerife, Antonio Miguel García Marichal (a quien Berto ‘ha nombrado’ su sucesor para las próximas elecciones al frente de la plancha de CC).

Los otros concejales y ex concejales de la anterior corporación aronera que acaba de citar el magistrado Evaristo González son: Antonio Sosa (ex concejal de Urbanismo), María Candelaria Padrón, Miguel Ángel Méndez, Ramón García Hernández,  Francisco Toledo, Manuel Reverón, Marta Melo, Clara María Pérez, Ángel David Herrera González, Dácil María García Marcelino (todos ellos del pasado gobierno de CC), Pedro Antonio Cabeza González (CAN-CCN), José Agustín Sierra Fumero y José Esteban Alayón González (PP).

El magistrado concreta que les tomará declaración en calidad de imputados «por constar denunciados en la denuncia inicial que dio lugar a los presentes autos.

De ellos, 11 eran miembros del grupo de gobierno (los de Coalición Canaria) y los otros cuatro formaban parte de la oposición durante el anterior mandato (los del Partido Popular y Centro de Arona). Esta nueva ronda de toma de declaraciones guarda relación principalmente con el acuerdo plenario que desbloqueó la entrada en vigor del PGO a pesar de las advertencias que formuló la entonces jefa jurídica de la sección municipal de Urbanismo, Manoli Melo, quien ha sido citada para prestar declaración en calidad de testigo el 8 de febrero.

Esta causa, al igual que la del Caso Arona 1, fue desatada por el letrado Felipe Campos y por la ex oposición socialista del Ayuntamiento de Arona (la que lideraban Paco Santamaría y José Antonio Reverón, en la actualidad concejal de Ciudadanos por Arona).

23 políticos imputados hasta ahora en el Caso Arona 2

Con estas 15 nominaciones penales ya son 25 los concejales y ex concejales aroneros imputados en este procedimiento por delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación (lo que ha trascendido hasta ahora). Los imputados desde el principio de esta instrucción son el alcalde, José Alberto González Reverón, y sus ex concejales de la Junta de Gobierno 2003-2007: Sebastián Martín (alias Tatanito, de CC), Juan José Alayón (Cheché, de CC), Alfonso Barroso Armas (CC), Félix Sierra (PP), Manuel Barrios (CAN-CCN), Daniel Martín (CAN-CCN) y José Luis González (CAN-CCN).

Una aforada en el Caso Arona 2:

Y atención, que la presencia de una diputada entre los imputados puede acabar de liar la azarosa tramitación de este procedimiento. Águeda Fumero es aforada, ¿tendrá que derivarse toda esta causa al Tribunal Supremo -xd, la instancia judicial que nos faltaba en Arona 😉 -. Parece que no, pero a saber…

El único periódico de papel que se ha hecho eco de esta noticia ha sido El Día. Ni Diario de Avisos ni La Opinión de Tenerife han publicado nada 😯 .

Lo que ha publicado el periódico El Día el viernes sobre este embolado judicial:

Pinchar en la imagen para leer el artículo completo en el periódico El Día.

La factura de la defensa madrileña a los 8 políticos imputados en el Caso Arona 2 va por 36.560 euros

El Ayuntamiento de Arona está tomando conocimiento oficial de que Berto el alcalde y sus siete ex ediles de la Junta Local de Gobierno de 2003-2007 están  imputados por delitos contra la ordenación del territorio también en el Caso Arona 2

En esa causa (juzgado de instrucción número 4 de Arona, diligencias previas número 1767/2009) están imputados según la mismísima secretaria general el alcalde, José Alberto González Reverón, y sus ex concejales Sebastián Martín (alias Tatanito, de CC), Juan José Alayón (Cheché, de CC), Alfonso Barroso Armas (CC), Félix Sierra (PP), Manuel Barrios (CAN-CCN), Daniel Martín (CAN-CCN) y José Luis González (CAN-CCN).

Todos ellos, como recordarán, son compañeros de banquillo también en el Caso Arona 1 u Operación Edén, el que está a expensas de que la Fiscalía se anime a presentar escrito de acusación y de que la Audiencia Provincial se decida a pronunciarse contra los recursos que han presentado contra el auto judicial que propone llevarlos a todos a juicio por un variado montón de delitos (a ellos y a 22 imputados más, aunque los que recurrieron fueron los políticos, casualmente los que sufragan su defensa con dinero público -los que se la pagan de su bolsillo suelen preferir la opción de defensa menos cara). La segunda parte de ese caso, eso sí, es eminentemente urbanística-ambiental y se centra, de momento, en un presunto delito contra la ordenación del Territorio por la cotidiana concesión de licencias con informes jurídicos desfavorables y advertencia de responsabilidad penal de la secretaria general (detonante de la parte más bestia del primer capítulo de este megaprocedimiento).

Pero no vayan a pensar que tal reconocimiento oficial de esta ‘nueva’ ristra de imputados políticos se deba a un insólito ataque de transparencia. No es que al gobierno bertista y/o a los ocho imputados en esta causa (además de en el Caso Arona 1) les haya entrado un ataque de sinceridad repentina ni nada similar. Nada de eso. Si el Ayuntamiento aronero está tomando conocimiento oficial de dichas imputaciones penales contra sus gestores políticos es porque el despacho de la ‘olgada’ abogada que los representa desde Madrid está reclamando el pago de sus honorarios.

Jeje, está claro que por perras rompen hasta sus secretos inconfesables 😉 (en realidad los haris conocemos esas imputaciones hace años, pero no de boca de sus ‘protagonistas, que se han cuidado muy mucho de hacer como si esta causa no existiera o, como mucho, por tratarla como un asunto nimio. Durante años su versión ha sido que el juez-a-secretaria judicial se equivocaron y en vez de imputar a los que tocaba (los de la junta de gobierno 2007-2011) habían citaron como tales a los anteriores. Y está claro que cuando les interesa económicamente sí que reconocen formalmente a la secretaria general y a los técnicos municipales sus cuentas pendientes con la Justicia.

Nimiedad, error o lo que ellos digan que sea, lo cierto es que la factura consistorial por la defensa de todos ellos en esa causa va ya por 36.560 euros. En octubre de 2010 ‘los aroneros le pagamos’ por acuerdo de sus clientes políticos de Aronalandia 18.000 euros por los trabajos previos a la toma de declaración de los ocho imputados. Y ahora toca pagarle otra de 18.560 euros por la asistencia a las tomas de declaración de cada uno. Aunque en realidad no se le paga a ella ni a su despacho, sino a Berto el alcalde y a los demás imputados. Sí sí, el Ayuntamiento «indemniza» a cada imputado y le endosa en sus cuentas el coste proporcional de su defensa, en la factura que va a tocar ahora 2.320 euros por barba. Y lo de «indemnizar» lo dicen los informes municipales tal cual… El Ayuntamiento les indemniza por los costes jurídicos de su defensa por los presuntos delitos penales que se les imputan por su sospechosa gestión de esta administración local. En fin, lo de siempre en Bertolandia, el absurdo elevado al cuadrado.

Ese reconocimiento oficial de la ristra de políticos imputados en la segunda parte de la saga Caso Arona tuvo lugar durante una comisión de la actual junta de gobierno celebrada el pasado mes de julio. Y ya ven, viene a trascender su contenido en octubre y a lo filtración hari (oficialmente los imputados a los que estamos pagando su defensa siguen sin explicar y reconocer nada ni dar ninguna explicación a los ciudadanos a los que están cobrando sus piruetas con la legalidad en pro del urbanismo desmadrado que tanto les gusta y tanto defienden).

La muletilla final de estas «indemnizaciones» por gastos jurídicos de los gobernantes y ex gobernantes del municipio es que si son condenados en firme el Ayuntamiento les reclamará la devolución de la pasta.

Lo que no dicen los informes municipales relativos a este pago es si los políticos imputados han encomendado su defensa en este Caso Arona 2 a un solo bufete de abogados o si tienen más, lo que implicaría más pagos consistoriales (en el 1, por ejemplo, tienen dos: el de su ‘olgada’ abogada y el de Pitti). Puestos a calcular el coste de procedimientos penales como éste, piensen también que las facturas de teléfono y los viajes que se pegan a Madrid imputados como Berto para hablar face to face con su abogada, también suelen ir a cargo de las arcas municipales aroneras.

Y a saber lo que nos están costando los gastos jurídicos del alcalde ‘okupa’, de su actual y de sus anteriores gobiernos 😕 en cambalaches penales. Caso Arona 1, 2, 3 y 4, Caso Enchufe, Caso Relinche, Caso Contenedores secuestrados y alguno más que rula por ahí seguro (como el Caso Enchufe 2). Más la denuncia penal que han puesto el alcalde y sus actuales compinches de gobierno contra sus críticos y denunciantes anticorrupción ¡por coacciones psicológicas!, ajajajaj. Y se querellan alegando que nuestras críticas los paralizan a ellos y al Ayuntamiento, ¡¡pos menos mal!!, porque si no se paralizaran frente a las ilegalidades -se supone que gracias a sus querellados 😉 – agüita por dónde iría su saga de querellas y la facturita consistorial por ese no saber pararse cuando toca legalmente… Y eso solo penalmente, tooooooodas las demás facturas jurídicas (defensa, costas, indemnizaciones…) que van a cargo exclusivo de las arcas municipales mejor dejarlas para otro post pa’ no deprimirnos 😦 .

Ya se podían estirar y crear un boletín sobre sus novedades judiciales… Joer, tienen contenido de sobra para darle periodicidad semanal…

Una anécdota sobre la factura de 18.560 euros que los políticos imputados están cargando a los aroneros. La propuesta de pago no la firma Berto el alcalde, ni sus concejales bertistas, ¡sino que se la han colado a su inquerido sucesor natural al frente de la alcaldía, el doctor-concejal Niño!, jajajaj. Los otros le ayudan a encubrir sus actividades laborales extra consistoriales y sus ingresos económicos secretos, y él a cambio pringa con este pago jurídico. Pfff…

 

Jeje, para compensar el mosco que producen filtraciones de desvergüenza política como la de este post, en el próximo les contaré la penúltima de Bertorrente. ¡Que se está batiendo formalmente contra Murphy 😮 , jajajajja. Esa le faltaba xd, si es que no hay una Ley que no rete el tío 😆  (y siempre arriesgando a lo kamikaze).

 

 

Caso Arona 2, nuevo caos en la Policía Local…

Joooooo, se me acumulan los temas 😦 . Se me olvidó contarles que el viernes hubo declaraciones del Caso Arona 2. Me lo contó Belén de Vil hace unas semanas y con el jaleo de la condena bertista me despisté. Jajajaj, ya es potente la marcha de la condena para yo despistarme con algo así. Declaró uno de los empresarios desaparecidos en combate en la primera ronda de citaciones (ahora no recuerdo quién, pero lo miraré).

Y entre los fregaos informativos tochos que se me han acumulado en el tintero (un puñao), destaca el nuevo caos liado en la Policía Local de Arona. Cuando pille un ratín les posteo algo sobre esos dos asuntillos, aunque para lo de la Policía necesitaría un mes… Aparte de todos los males que aquejan a ese pobre cuerpo policial, la semana pasada le metieron un cambio organizativo radical combinado con amenazas de recorte de nómina por temas burocrático-legales. La plantilla está que no sabe ni de dónde le caen los palos, flipada total. Y se está hablando de manifestación policial (entre otras medidas de protesta).

Hay muchos más jaleos, pero es que estoy siguiendo la pista de cerca al Bertismo, a CC y a las tensiones que está generando dentro y fuera del partido que un alcalde condenado a cuatro años y medio de inhabiltiación permanezca en el cargo como si nada, recurriendo su condena a la Audiencia Provincial con dinero público. Y encima plurimputado por múltiples delitos en varias megaquerellas. Si es que es imposible dar avío…

 

Judicialmente ‘missing’ tres constructores citados en el Caso Arona 2

El único que pudo ser notificado, para colmo, tiene mala memoria y no recuerda detalles significativos de su licencia urbanística.

Increíble, pero cierto. Tres de los beneficiarios de licencias urbanísticas sospechosas concedidas el pasado mandato por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Arona (Coalición Canaria), ¡están desaparecidos! Judicialmente al menos. Fue imposible notificarles la citación para comparecer el lunes ante el juez instructor del Caso Arona 2, fiscal, abogada bertista, abogado antibertista,… Los empresarios desaparecidos judicialmente son los titulares de Pinón 21 SL, Cristimar SA y de Promociones e Inversiones Marnik SL.

Igual es que han cambiado de domicilio o de sede empresarial y se olvidaron de comunicarlo. Jo, como sea por eso su ausencia en el desfile del pasado lunes ya me veo a la Policía Judicial recorriendo los destinos turísticos emergentes de media África: Cabo Verde, Marruecos, Senegal… con eso de que por lo visto es ahí donde único invierten los empresarios canarios, capaz que se han mudado a esas tierras (total, bien pensado, después de tratar con los gobernantes de Aronistán los políticos africanos serían de lo más familiar para ellos).

Pudiera ser también que los juzgados aroneros sean un desastre y busquen donde no es a los testigos de sus causas penales por corrupción.

Aunque anda que si les ha pasado algo y nosotros creyendo que están de mudanza empresarial o que los juzgados son desastrosos. Igual recibir unas licencias tan tóxicas les ha sentado fatal y están ingresados por problemas intestinales. En fin, será cuestión de lanzar un «Se busca» entre los haris para cerciorarnos de que están bien (que falten tres testigos en la segunda mega querella por corrupción contra responsables del Ayuntamiento de Arona puede llegar a complicar bastante el guión de este espectáculo. ¿Secuestros? jajajajaj, capaz. En Aronistán toooodo es posible.

Porque para colmo de hechos llamativos, el único empresario beneficiario de licencias urbanísticas sospechosas que pudo ser citado en tiempo y forma y dar la cara en el juzgado, ¡tiene problemas de memoria! Según el abogado de la acusación particular Antonio Espinosa, el titular de Alicur S.A., Rafael Martín Hernández, no sabía que los informes jurídicos de la licencia que solicitó eran desfavorables y tampoco recuerda quién le dijo que no lo eran o cómo se enteró. Escrito así tales respuestas suenan incoherentes total, pues si desconocía el problema legal que tenía su proyecto se supone que nadie se lo contó. Jajaj, es como si la respuesta afirmativa fuera «sí, recuerdo quien no me lo contó y por eso me enteré de que los informes eran desfavorables». En fin, según Espinosa eso es lo que respondió (a dos preguntas distintas, la última suya).

Su paso por el banquillo duró apenas 10 minutos. Pero en principio tampoco había mucho que preguntarle. A él no. Que se sepa al menos. De hecho, como recordaba el abogado antibertista, ni siquiera hay conversaciones entre él y los imputados políticos en las escuchas del Caso Arona 1. Jeje, igual por eso es de los pocos que no tiene inconveniente en dejarse localizar judicialmente por temas penales de los políticos que les han concedido licencias 😉 .

El lunes hay fijada otra ronda de toma de declaración en el marco de esta nueva causa por delitos urbanísticos. Están citados como testigos otros cuatro empresarios. A ver cuál es la media de asistencia. Porque a mí lo de uno de cada cuatro, la verdad, me parece algo desproporcionada.