La providencia ha sido dictada por el juez de primera instancia número 4 de Arona, que antes era el número 1, Evaristo González González, que viene del partido judicial de Güímar y que además tiene abierto otra causa, relacionada con un abogado, primo del alcalde de Arona, a cuenta de una construcción presuntamente ilegal y que toca de lleno a uno de los técnicos de la oficina municipal de Urbanismo, que se ha caracterizado siempre por su ‘amabilidad’ por llamarlo de alguna manera, con el alcalde y el grupo de gobierno nacionalista.Dicha providencia que nace en el ámbito de las diligencias previas 1767/09, en las que está personado el abogado Felipe Campos Miranda, alma mater judicial de muchos procedimientos relacionados con la presunta corrupción urbanística que siempre ha rodeado todo lo que ha tocado el alcalde nacionalista y sus circunstancias, señala primero que se “libre oficio a la dirección general de Urbanismo del gobierno de Canarias, a fin que aporten la relación de asistentes a la reunión mantenida en la sede de dicha dirección general ante representantes del Ayuntamiento de Arona, equipo redactor del PGOU de ese municipio y representantes de la dirección general de Urbanismo, reunión que tenía por objeto si la documentación presentada por el Ayuntamiento subsanaba las deficiencias señaladas en el oficio de la dirección general de Urbanismo de fecha 5 de noviembre de 2009, interesando también que junto con la relación de asistentes se indique domicilio o lugar en que cada uno de ellos pueda ser citado, por si hiciera falta su declaración. En caso de haberse levantado acta de la reunión, se solicita la remisión de copia”.

El juez quiere atar todos los cabos y mira hacia la cúspide, hacia el gobierno de Canarias, hacia los reinos en aquel momento del director general de Urbanismo Jesús Romero Espeja, arquitecto y militante de CC en Santa Cruz y redactor de algún que otro plan parcial, dentro de ese PGO que ahora se cuestiona en el juzgado, en otra causa más que complica aún más a los nacionalistas que han estado gobernando quien los ha metido en innumerables líos: José Alberto González Reverón.

Más concejales al banquillo

La lista de imputados es enorme. Esta vez están todos los concejales de CC y del PP, uno de ellas, diputada regional y coordinadora del PP en el Sur de Tenerife, llamada Águeda Fumero, que a consecuencia de su actual condición, tendrá que declarar ante el TSJC, quien es el único competente para hacerlo y que deberá pedir el juzgado de instrucción, al estar aforada, que votaron a favor de subsanar las deficiencias apuntadas por la Cotmac en un acuerdo de 20 de diciembre de 2006 y que dieron lugar a un pleno el 28 de noviembre de 2008.

Estos encausados nuevos por así decirlo completan los que ya estaban en el juzgado número 7, donde se sustanciaba el caso Arona 1 (el de las escuchas y ahora metidos en el caso Arona 2 y derivados al uno de instrucción y luego al cuatro por reparto, al considerarla que tenía entidad propia y se añaden al alcalde, que ya ha declarado como imputado y al líder del CAN en la anterior legislatura, Manuel Barrios Rodríguez, que también ha declarado como imputado, ahora leal colaborador, como en aquel entonces. En este caso el juez de instrucción número cuatro ha convocado a estos catorce colaboradores en este reino corrupto conocido como bertismo, y van todos como imputados por prevaricación administrativa para los días 6 y 7 de febrero de 2013 para escucharles en declaración.

Los del día 6 son: Antonio Sosa Carballo (CC), en aquel tiempo, concejal de Urbanismo y primer teniente alcalde, María Candelaria Padrón González (CC), concejala de Hacienda, Miguel Ángel Méndez González (CC), concejal de Cultura y guardaespaldas en su momento de Berto, Jesús Ramón García Hernández (CC), más conocido como Ramonito y concejal de Obras, Antonio Miguel García Marichal (CC), ahora consejero insular del Cabildo de Tenerife y en su momento concejal de Nuevas Tecnologías y al que todo el mundo señala como heredero de Berto y que hace unos días decía que sabía agradecer los gestos del amo para su persona, Francisco Enrique Toledo Hernández (CC), concejal de Deportes y finaliza ese día, el concejal de Policía, el de la casa ilegal de Buzanada y primo del alcalde, Manuel González Reverón (CC).

Los del día 7 son: Martina Melo Melo (CC), concejala para todo del bertismo y activa militante en Los Cristianos, María Pérez Pérez (CC), concejala de Servicios Sociales, Ángel David Herrera González (CC), el mega power concejal de Turismo, inquieto y ahora en el ostracismo, esperando que Berto le de un curro, Dácil María García Marcelino (CC), singular concejala de Comercio, ya olvidada y que supuestamente era una promesa universitaria que puso Berto en la candidatura de 2007, ahora toda puesta y llevada a los tribunales, que en su día, significa renovación, cambio frente a los viejos lobos (Tata, Cheche, Barroso and compañía). A los nacionalistas le acompaña el otro edil del Centro Canario Nacionalista (CAN), Pedro Antonio Cabeza González, que acompañó a Barrios en la debacle electoral de este partido en las elecciones de 2007, ahora retirado de la política y al que le regalan esta comparecencia como imputado en los juzgados. Ahora mismo se está acordando de todos los ascendientes y descendientes del Abuelo (no hablamos de la tasca donde iban mucho) y de Caballo Loco.

La incorporación del PP a esta causa judicial, castiga su política en aquel momento de colaboración con Berto y los nacionalistas, actitud que cerró en falso el PP de Cristina Tavío y luego bendijo Manuel Domínguez al apoyar y mantener a la entonces portavoz del PP, Águeda Fumero, ahora diputada regional y coordinadora del Sur de la nueva ejecutiva y a la que han imputado por prevaricación junto a los dos concejales que votaron en este pleno: José Agustín Sierra Fumero (hermano de la actual concejala de Deportes) y José Esteban Ayalón González, de los que ya no se acuerda nadie. Se salvó Félix Sierra, porque en aquel entonces era consejero insular por el PP en el Cabildo, cuando se gobernaba con Ricardo Melchior y estaba Alarcó de jefe de filas y aunque era concejal, no fue a ningún pleno en toda la legislatura en virtud de un pacto secreto con el alcalde, pacto que le permitió gobernar con tranquilidad. Lo curioso es que entonces le perdonaba la vida a Felillo y no le preocupaban sus ausencias y ahora si busca castigar a la oposición por las suyas a cuenta de su presencia ilegal en el pleno. Ese es Berto, que olvida que como historiador la memoria es quien lo va a condenar, aunque usa esa formación académica que supuestamente dice tener para menospreciar a sus enemigos políticos, formación que en la legislatura anterior no le exigía a la oposición. En fin, que este nota nos tiene acostumbrados a sus payasadas y a sus salidas de tono, pero menos mal que la hemeroteca y los recuerdos de los que lo conocen bien, están muy vivos.

Afortunadamente, los concejales socialistas, dirigidos por Paco Santamaría, se abstuvieron de votar y solamente uno de ellos, José Antonio Reverón, ahora en CxA, votó en contra, por lo que no quedaron retratados. Pero por poco, sino llega a ser por el amigo Reverón, se hubieran subido a este carro y hoy también hubieran tenido que hacer el paseíllo por los juzgados.

A estas declaraciones, une el magistrado dos acciones más: oficio para que se le remita todo el expediente del Plan General de Arona a que se refieren estas diligencias previas y además que declare como testigo, la jefa de los servicios jurídicos en aquel año, Manuela Melo Padilla, el día 8 de febrero. Una técnico que en esa legislatura, no se lo puso fácil al grupo de gobierno, todos imputados y que obligó al alcalde y a Sosa a remodelar Urbanismo para que no los molestara con sus informes adversos y negativos. Las escuchas del caso Arona son muy reveladoras. Esperemos que afloren en esta nueva causa judicial, otra más que complica aún más la posición del alcalde.