La falda aforada de Águeda Fumero no logra cubrir a los otros 22 imputados del Caso Arona 2

La diputada del PP declarará en el Tribunal Supremo si al final de la instrucción se confirma que hay suficientes indicios criminales contra ella y contra el resto de ediles del gobierno (CC y CAN-CCN) y de la oposición (PP) que votaron a favor de la aprobación del PGO de Arona en noviembre de 2008.

Pero el resto de gobernantes y ex gobernantes aroneros imputados por ese acuerdo plenario y, además, por la concesión de licencias urbanísticas irregulares, se ha quedado con la miel de la lejanía del Alto Tribunal en los labios y tendrá que desfilar en breve por los juzgados de Arona (al alcance de la acusación particular hari, de BlancaHari, de las cámaras y de la prensa).

¡¡¡Bieeeeeeeen!!! ¡¡¡Más marchaaaaaa!!! 😀 : Para abril la resolución de las apelaciones al Caso Arona 1 y ese mismo mes o poco después, ronda de declaraciones por presunta corrupción urbanística del Caso Arona 2.

El titular del juzgado número 4 de Arona, Evaristo González, acaba de hacer público que estima en parte los alegatos formulados por la acusación particular (Felipe Campos) y la fiscal María Isabel Silva contra su decisión de inhibirse en el Caso Arona 2 en favor del Tribunal Supremo: Esa causa ya no se irá para Madrid, al menos no por ahora.

El magistrado había acordado esa inhibición en diciembre de 2012, en cuanto supo que entre los 23 imputados que hay ya en esta megacausa figura una diputada que goza de fuero especial: Águeda Fumero Roque (PP).

El gozo de los imputados en un pozo:

Al enterarse, Campos puso el grito en el cielo y en el recurso de reforma que presentó contra esa inhibición porque la misma hubiera complicado muchísimo -y hasta imposibilitado- sin ton ni son su labor acusadora en esta causa. ¿Por qué? Pues porque la generosidad de abogado hari ONG (no cobra por ninguno de los Caso Arona) casaría mal con tener que poner de su bolsillo pasta para pasajes y alojamiento en Madrid cada vez que declararan los imputados. De ahí que a los afectados por esta complejísima y amplíiiiisima causa les agradara la idea del lejano Supremo.

Eso de la distancia, de que el caso pudiera tirar pa’lante sin abogados acusadores y de que fuera más fácil dejar a la prensa al margen, tenía entusiasmada al menos a la mayoría de los imputados. Capaz que además creen que el Alto Tribunal es más beligerante en casos de presunta corrupción… (de los imputados bertistas ya me lo creo toodo). El hecho es que todos los afectados por este caso (algunos por un rosario de supuestos delitos en su contra), o al menos los políticos, estaban viendo la falda aforada de Águeda como un refugio salvador o minimizador de sus males. Tanto es así, que sus abogados intentaron tumbar el recurso de Felipe Campos contra la inhibición del juez instructor).

Pero la Fiscalía lo tuvo claro: “interesa la estimación del recurso de reforma interpuesto contra el Auto que acuerda la “inhibición” de las actuaciones, interesando que por el Juez Instructor se continúe la investigación judicial respecto de aquellos hechos consistentes en la adopción del acuerdo de plenario 28 de noviembre de 2008, se practiquen todas aquellas diligencias de investigación que fueran oportunas, a excepción de la declaración en calidad de imputados de los aforados, y de aquellas diligencias que materialmente entrañen ese mismo significado, y solo de apreciarse indicios de delito cometidos por él o las personas aforadas, en ese momento elevar un informe razonado en el que se expongan no solo la existencia de indicios contra los mismos, sino también si dichos indicios tienen la trascendencia jurídico penal que justifique la declaración y asunción por el Tribunal Supremo de su propia competencia (…)”, remitiendo en todo caso al final “una exposición razonada a dicho órgano en la que se contemplen los indicios existentes contra Dª Águeda Fumero Roque por el delito de Prevaricación”.

El juez Evaristo se desinhibe y retoma el Caso Arona 2:

Y eso es precisamente lo que acaba de acordar el juez Evaristo en un auto firmado el 18 de marzo: “Se estima parcialmente el recurso de reforma, acordando la revocación de la resolución impugnada, con el fin de proceder a la toma de declaración de los imputados que constan en el ordinal segundo de la providencia de fecha 26 de octubre de 2012, con la salvedad de Doña Águeda Fumero Roque, quien queda excluida de las declaraciones a tomar”.

Contra esa decisión cabe recurso de apelación dentro de cinco días hábiles.

Eso sí, apunta que por mucho que el marrón de Águeda tenga que ver solo con un trocito chiquitito de esta megaquerella, la misma no se va a partir ni de coña. Argumenta, entre otras cosas, que tanto a Campos como a Fiscalía les había parecido bien hasta ahora que el potaje de partes entremezcladas en el Arona 2 se investigaran todas juntas y que de partirla, nasti de nasti. (Evaristo no lo dice con esas palabras, evidentemente).

De lo cual es fácil suponer que si al final hay tomate, la falda aforada de Águeda tendría todos los puntos para transportar hasta Madrid a toda la parranda de imputados en este mejunje judicial que aúna grabaciones al ex alcalde inhabilitado y al redactor del PGO del municipio (ese cuya entrada en vigor acabó apoyando Águeda cuando era concejal de la oposición aronera) y, por otro lado -al margen de la aforada-, parte del Caso Arona 1, varias denuncias por licencias urbanísticas supuestamente ilegales, … Esta instrucción abarca hechos spuestamente delictivos de dos mandatos: 2003-2007 y 2007-2011.

Hay que tener en cuenta que Águeda y una parte de sus compis de sarao judicial están salpicados ‘solo’ por una presunta prevaricación por un hecho puntual: apoyar en pleno la aprobación de un PGO a pesar de los reparos de la entonces jefa jurídica de Urbanismo en el Ayuntamiento de Arona (Manoli advirtió que había modificaciones sustanciales irregulares o improcedentes en el planeamiento llevado a pleno.

Sin embargo, en el saco del Arona 2 hay gobernantes y ex gobernantes municipales de CC, PP y CAN-CCN, aparte de técnicos, afectados por una florinata de delitos (el que más abunda, delito contra la ordenación del territorio). Uno de ellos es hoy por hoy consejero del Cabildo (ya hay dos gobernantes insulares imputados en los Caso Arona a cuenta del urbanismo y de las adjudicaciones de esta parte del Sur de Tenerife).

De momento, un detallazo del juez cambiar de idea, no sacudirse este embolado de encima y permitirnos disfrutar del show político-judicial en la tierra natal o campo de acción de sus protagonistas. Con el Caso Arona 1 íbamos ya bien servidos de escándalos político-penales, pero para los postres ricos siempre se puede hacer un huequito 😉 .

Así que prepárense: en poquitas semanas pasarán por el banquillo 14 concejales y ex concejales de Arona. Es decir, los que había citado el titular del juzgado de primera instancia número cuatro junto a Águeda antes de saber que ésta es aforada.

Ya les contaré más cositas sobre esto.

15 imputados por prevaricación por votar en un pleno a favor del PGO (El Digital de Canarias)

Les copio el currado artículo que ha publicado el periódico hari El Digital de Canarias sobre las últimas novedades del Caso Arona 2. (Aprovecho para avisarles de que ya amplié el contenido de mi post inicial sobre estas citaciones (<-pinchar para leer)
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La actual diputada del PP, Águeda Fumero y otros catorce concejales y ex ediles de Arona imputados por prevaricación por votar a favor del PGO en un pleno del año 2008

El caso Arona 2, derivado de la instrucción de Nelson, estalla contra CC y PP

La providencia ha sido dictada por el juez de primera instancia número 4 de Arona, que antes era el número 1, Evaristo González González, que viene del partido judicial de Güímar y que además tiene abierto otra causa, relacionada con un abogado, primo del alcalde de Arona, a cuenta de una construcción presuntamente ilegal y que toca de lleno a uno de los técnicos de la oficina municipal de Urbanismo, que se ha caracterizado siempre por su ‘amabilidad’ por llamarlo de alguna manera, con el alcalde y el grupo de gobierno nacionalista.Dicha providencia que nace en el ámbito de las diligencias previas 1767/09, en las que está personado el abogado Felipe Campos Miranda, alma mater judicial de muchos procedimientos relacionados con la presunta corrupción urbanística que siempre ha rodeado todo lo que ha tocado el alcalde nacionalista y sus circunstancias, señala primero que se “libre oficio a la dirección general de Urbanismo del gobierno de Canarias, a fin que aporten la relación de asistentes a la reunión mantenida en la sede de dicha dirección general ante representantes del Ayuntamiento de Arona, equipo redactor del PGOU de ese municipio y representantes de la dirección general de Urbanismo, reunión que tenía por objeto si la documentación presentada por el Ayuntamiento subsanaba las deficiencias señaladas en el oficio de la dirección general de Urbanismo de fecha 5 de noviembre de 2009, interesando también que junto con la relación de asistentes se indique domicilio o lugar en que cada uno de ellos pueda ser citado, por si hiciera falta su declaración. En caso de haberse levantado acta de la reunión, se solicita la remisión de copia”.

El juez quiere atar todos los cabos y mira hacia la cúspide, hacia el gobierno de Canarias, hacia los reinos en aquel momento del director general de Urbanismo Jesús Romero Espeja, arquitecto y militante de CC en Santa Cruz y redactor de algún que otro plan parcial, dentro de ese PGO que ahora se cuestiona en el juzgado, en otra causa más que complica aún más a los nacionalistas que han estado gobernando quien los ha metido en innumerables líos: José Alberto González Reverón.

Más concejales al banquillo

La lista de imputados es enorme. Esta vez están todos los concejales de CC y del PP, uno de ellas, diputada regional y coordinadora del PP en el Sur de Tenerife, llamada Águeda Fumero, que a consecuencia de su actual condición, tendrá que declarar ante el TSJC, quien es el único competente para hacerlo y que deberá pedir el juzgado de instrucción, al estar aforada, que votaron a favor de subsanar las deficiencias apuntadas por la Cotmac en un acuerdo de 20 de diciembre de 2006 y que dieron lugar a un pleno el 28 de noviembre de 2008.

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