• La Justicia investiga la barra libre urbanística que vivió el municipio entre 2006 y 2011 en una causa en la que hay 22 imputados por prevaricación.

• Otra pieza se centra en la aprobación del PGO en 2008.

Mírame TV se hace eco del Caso Arona 2 en televisión y en su web de noticias. /Autor: David Cuesta.

El Caso Arona II es un manual de la política urbanística que practicó el Ayuntamiento de Arona en la época dorada de su exalcalde José Alberto González Reverón, condenado por un delito de prevaricación continuada. Según consta en un auto judicial al que ha tenido acceso mirametv.com, el Consistorio tinerfeño concedió, entre diciembre de 2006 y mayo de 2011, hasta 131 licencias urbanísticas «sin respetar los trámites establecidos legalmente, adoptando decisiones contrarias a las que en Derecho procederían». Esta es una de las dos piezas que componen la causa, en la que hay 22 imputados por delitos de prevaricación, que el juez Marcos Díaz Peteiro separó el pasado lunes en dos procedimientos que llevarán los juzgados de Instrucción 2 y 4.La investigación judicial partió de las denuncias presentadas en 2008 por la Asociación Europea de Participación Ciudadana Tenerife Sur y el abogado Felipe Campos, a la que se unió una posterior de 2011 del edil de Ciudadanos por Arona, José Antonio Reverón. En una primera ronda de declaraciones, que tuvo lugar entre octubre y diciembre de 2010, ocho exconcejales del Gobierno local desfilaron por sede judicial; entre ellos, el exalcalde José Alberto González Reverón, Manuel Barrios, Félix Sierra o Juan José Alayón. Todos están acusados por delitos de corrupción en el Caso Arona I, cuyo juicio está previsto en la primera mitad de 2015.

En el auto judicial, emitido el pasado 24 de noviembre, el juez cita a declarar en calidad de imputados por dos presuntos delitos de prevaricación a otras 14 personas; algunas de ellas todavía con responsabilidades públicas en el Ayuntamiento, como Miguel Ángel Méndez, designado candidato de Coalición Canaria (CC) a las elecciones municipales del próximo año, o el primer teniente de alcalde actual, Antonio Sosa.

El juez ve indicios delictivos en la decisión de los imputados de aprobar con su voto, en decenas de juntas de Gobierno, la concesión de 131 licencias en contra de la normativa vigente. Algo similar a lo que ocurrió en la sesión plenaria de noviembre de 2008, en la que se dio luz verde al Plan General de Ordenación (PGO) con informes municipales en contra, lo que dio pie a la primera pieza del Caso Arona II.

Licencias a destajo

Entre diciembre de 2006 y mayo de 2011, el Ayuntamiento de Arona se convirtió en una oficina express para la concesión de licencias urbanísticas. Aunque el juez aclara en el auto que el caso se encuentra en una fase de atribución «indiciaria y provisional», afirma varias veces que los permisos se autorizaron «contraviniendo las normas establecidas».

En unas ocasiones, las licencias se concedían con el informe desfavorable del Servicio de Urbanismo; en otras, ni siquiera se daba tiempo a que se realizase el dictamen preceptivo. Algunos de los permisos recibían el visto bueno sin que se hubiera completado el informe de los técnicos municipales, con graves deficiencias como no contar con todos aspectos exigidos legalmente o, incluso, sin que existiera la necesaria propuesta de acuerdo que debía elevar el concejal del área. El tipo de licencias variaba desde obras mayores y menores hasta de primera ocupación, aunque las primeras eran las más habituales, según consta en el escrito judicial.

En poco más de un año, sólo en el período entre diciembre de 2006 y enero de 2008, los meses anteriores y posteriores a las elecciones de 2007 en las que CC obtuvo mayoría absoluta, el Consistorio tinerfeño otorgó 54 licencias «sin respetar los trámites establecidos legal o reglamentariamente, adoptando decisiones contrarias a las que en Derecho procederían», como se afirma en el auto judicial. El grifo se cerró desde entonces hasta julio, cuando se volvió a abrir para conceder otros 65 permisos de obras o primera ocupación irregulares entre ese mes y septiembre de 2009. Las 12 licencias restantes que se investigan se otorgaron entre los meses de mayo de 2010 y 2011.

Un PGO modificado

La pieza abierta por la concesión de licencias urbanísticas se separa ahora de la primera causa, por la que se investiga la aprobación del PGO en noviembre de 2008 en contra de informes municipales. El Pleno del Ayuntamiento de Arona dio luz verde de forma parcial al planeamiento del municipio en diciembre de 2006; un documento que recibió el visto bueno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) en febrero de 2007, con la excepción de una serie de subsanaciones que se requerían al Consistorio.

A partir de entonces se sucedieron una serie de comunicaciones entre las partes, hasta que el 2 de octubre de 2008, los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento de Arona emitieron un nuevo informe en el que se alegaba que se habían realizado «modificaciones que no parecen obedecer a la subsanación de deficiencias del acuerdo de aprobación definitiva adoptado por la Cotmac», lo que explicó mejor la jefa de los Servicios Jurídicos Municipales, que aseguró que «las subsanaciones se han excedido de lo permitido, constituyendo una verdadera modificación».

A pesar de los últimos informes negativos, el actual concejal de Medio Ambiente, Antonio Sosa, por aquel entonces responsable del área de Urbanismo, elaboró una propuesta que elevó a la Comisión Informativa de su departamento, y esta posteriormente al Pleno, y que fue aprobada en la sesión del 28 de noviembre de 2008. El 5 de mayo de 2009, la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias emitió un nuevo informe en el que se ponía de manifiesto que aún persistían en el documento «determinados aspectos que no se han subsanado», además de «cuestiones planteadas ex novo con posterioridad». El 20 de octubre de 2009, la Viceconsejería regional consideró corregidas las observaciones realizadas.

La turbulenta tramitación del PGO dio paso a una cascada de denuncias judiciales, encabezadas por el letrado Felipe Campos, que culminaron, en la parte contenciosa-administrativa, con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias del pasado mes de junio, que tumbó el planeamiento de Arona para sorpresa del actual equipo de Gobierno. En la causa penal, el polémico documento ha dado lugar a los casos Arona I y II, con 17 acusados por delitos de corrupción y 22 imputados, respectivamente.