La promotora adjudicó 75 viviendas protegidas en régimen especial de alquiler a 50 euros/mes más luz y agua y acabó cobrando más de 500 euros mensuales a los adjudicatarios y, además, la subvención pública.

El juzgado de instrucción número tres de Arona ha admitido a trámite la querella por presunta estafa presentada por seis adjudicatarios de esas VPO contra la promotora Pinón 21 (empresa propietaria de los pisos recalificados como viviendas de protección oficial y alquilados a precio libre a sus beneficiarios) y contra su gerente, Jorge Rodríguez García.

El abogado que representa a los seis querellantes, Felipe Campos, ha decidido atribuir toda la responsabilidad de este escándalo a la empresa y a su gerente, excluyendo en la querella a la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Canarias y a Visocan. Indica que aunque es fácil que los querellados tengan «alguna mano amiga» en la Administración, el expediente y la documentación general del caso apuntan claramente a que la responsabilidad por el delito de estafa que investigan ya los tribunales sería de la empresa y de su gerente.

Entre otras barbaridades de este timo a adjudicatarios de alquileres sociales (el colmo), destaca que para intentar colar los sobrecobros los querellados alquilaron los pisos calificados como vpo «para uso distinto al de vivienda». Para más inri, la empresa cobró la subvención consignada en el Plan de Vivienda de Canarias para este tipo de alquileres especiales (300 euros por inmueble) como si los usuarios estuvieran abonando por ellos 50 euros. Pero ya saben, en realidad acabó colando a la mayoría de esos adjudicatarios alquileres a precio de mercado libre (a partir de 350 euros mensuales). Pintado así, un negocio redondo: cobro por todos lados. La cosa es bastante más enrevesada, pero resumiendo mucho la querella, esa es una de las conclusiones.

El gerente de Pinón 21 aseguró cuando intenté entender de qué va este sarao que le había hecho un favor a los adjudicatarios de los pisos ante la demora de Visocan en certificar los contratos, que ha sido víctima de la política del Gobierno de Canarias, que tiene pruebas y que no se va a comer el marrón.

A ver qué sale de la instrucción penal de esta causa.

Información relacionada:

«Denuncia por las 75 VPO del Palm mar» (BlancaHari, 11 de enero de 2013)

«La defensora del pueblo anuncia que denunciará al Ayuntamiento de Arona por desacato» (BlancaHari, 21 diciembre 2012)

«El colmo, timan a 70 familias con VPO en el Palm Mar» (BlancaHari, 6 febrero 2012)

En breve les daré más información sobre este tema. Y de un montón más que tengo acumulados 😳 . De Arona y de todo el Sur. ¡Por fin estamos a puntito de despegar! 😀 .