El fiscal general del Estado informa a Llamazares (IU) que investiga a Berto y a sus compinches

La Fiscalía Provincial ha abierto diligencias de investigación contra el exalcalde y los 14 ediles de CC y CAN-CCN por usurpar la Alcaldía durante cinco meses.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce-Cifuente, ha atendido la petición de auxilio urgente que le dirigió el pasado 19 de noviembre el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares frente a la situación de absoluta anormalidad democrática y grave crisis institucional provocada por la ocupación ilegal de la Alcaldía de Arona que ha protagonizado durante casi cinco meses José Alberto González Reverón (Coalición Canaria) al negarse a acatar la reforma de la Ley Electoral que obliga a dimitir a los condenados por corrupción aunque su sentencia no sea firme.

“En relación con su escrito fechado el 19 de noviembre de los corrientes, en el que comprensiblemente muestra su preocupación por la permanencia en el cargo del alcalde de Arona, condenado por delito de prevaricación”, respondió el fiscal general el 21 de noviembre a Llamazares, “pongo en su conocimiento que por esta Fiscalía General del Estado se ha recabado información urgente del Fiscal Superior de Canarias, el cual ha comunicado que la Fiscalía Provincial de Tenerife (…) ha incoado Diligencias de Investigación para esclarecer si la continuación del condenado como Alcalde pudiera ser constitutiva de un nuevo delito” de prevaricación.

Torres Dulce-Cifuente concreta sobre esa investigación en el escrito que remitió al portavoz de Justicia de IU que la fiscal encargada de la mismas “ha acordado la práctica de varias diligencias para tratar de aclarar todas las circunstancias concurrentes y adoptar las decisiones que procedan”.

Ese procedimiento de investigación fue incoado el 12 de noviembre, precisamente en respuesta a las denuncias por presunta prevaricación presentadas ante la Fiscalía de Arona por el concejal de la oposición aronera José Antonio Reverón (Ciudadanos por Arona) y ante la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife por el abogado Felipe Campos y, en representación de Izquierda Unida Canaria, el abogado José Pérez Ventura.

El citado escrito del fiscal general del Estado es anterior a la reciente confirmación de que la sentencia de 4,6 años de inhabilitación por prevaricación continuada que pesaba sobre González Reverón desde el 28 de junio ha pasado a ser firme. Pero a pesar de que haya convocado para mañana la formalización de su cese, IUC aclara que sigue vigente el grave y peligroso desafío que ha abanderado durante meses contra el Estado de Derecho junto con los 14 concejales de CC y CAN-CCN que le han ayudado a eludir el cumplimiento de la ley que le hacía incompatible para ocupar ese cargo desde su primera condena (junio).

En ese sentido opina que también deberían ser apartados del cargo por prevaricación continuada los 12 concejales del gobierno municipal de CC y los dos de la oposición del CAN.

Gravedad de la presunta prevaricación continuada en el Ayuntamiento de Arona.

En su petición de auxilio constitucional para Arona, Gaspar Llamazares había advertido al fiscal general que la situación de profunda degradación democrática y excepcionalidad jurídica generada por González Reverón y por la mayoría de los concejales del pleno de esta Administración local del Sur de Tenerife (de CC y CAN-CCN) con su decisión de desconocer e incumplir abiertamente la legalidad vigente en materia de incompatibilidades, “precisa una respuesta eficaz y sin dilación del Estado de Derecho, pues servirá de precedente para otros muchos que puedan plantearse a lo largo del país”.

Una inadecuada respuesta por parte de la Fiscalía y del Poder Judicial ante la grave situación que se está produciendo en ese Ayuntamiento, según Llamazares, “podría traducirse en la inaplicación generalizada de la ley y que los cargos públicos afectados eludan su cumplimiento negándose a dimitir o declarando ilegalmente su compatibilidad en los plenos corporativos -como ha ocurrido en Arona- con el consiguiente mayor desprestigio social de las instituciones”

 

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de noviembre de 2012.

 

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