Ver la respuesta urgente del fiscal general del Estado a Llamazares (IU) sobre Aronistán

Miren y flipen. Eduardo Torres Dulce-Lifante empieza su carta sobre Arona hablando de preocupación.

Fiscalía General del Estado y Congreso de los Diputados flipándola con la ida de perola de la mayoría política de Arona. Joer, que apelando a la “soberanía de las urnas” erigieron al pleno municipal como Tribunal Constitucional independiente para saltarse la ley que les perjudicaba…

Luego añado la relación epistolar completa que han mantenido el fiscal general del Estado y el diputado Gaspar Llamazares sobre las berstialidades democráticas que han estado cometiendo los gobernantes municipales del Ayuntamiento de Arona (Coalición Canaria) y sus compinches del Centro de Arona-Centro Canario Nacionalista.

15 cargos públicos a los que se les ha ido la pinza mucho mucho mucho… Miren a qué niveles ha llegado la preocupación por su ida de perola. Cinco meses con un alcalde ilegal porque la mayoría de un pleno municipal decidió que la ley orgánica que lo obligaba a dimitir es “injusta” y “anticonstitucional”. Claro, así le parece “inhumana” la condena firme por prevaricación que le obliga a dejar el cargo mañana… Lo que decía esta mañana. Locura, ambición y Ley, una mezcla explosiva.

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A continuación les posteo el certificado postal que pone fecha y número de registro oficial a la respuesta urgente que ha dado la Fiscalía General del Estado a la petición de auxilio que Gaspar Llamazares, el portavoz del grupo parlamentario de IU en el Congreso de los Diputados, invocó formalmente en nombre del Harismo hace apenas 10 días (jajajajaja, sombos la bombaaaaaaaa).

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Y por si quieren hacerse un álbum con documentos históricos del espectáculo de ilegalidad y locura política que está dando Arona, y de la intervención de Urgencia que está desplegando el Estado de Derecho ante la gravedad del atentado democrático de Bertorrente y su Bertismo, completo la espectacular filtración hari de hoy con el maravilloso escrito de auxilio que Gaspar Llamazares dirigió al fiscal general hace 11 días. No tiene desperdicio, vale la pena leerlo íntegro.

Por fin cordura democrática en Arona. Y al más alto nivel…

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Nivelazo, ¿eh? Yo estoy que estallo de orgullo y satisfacción. El Comando Hari es la lecheeeeeee, jajajajajaj, ¡y encima ya ha tomado dimensión estatal! 😆 .

De nuevo, gracias a Izquierda Unida por su extraordinaria implicación en la lucha anticorrupción que  los haris estamos manteniendo en Arona. Con apoyos así da gusto pelear por la Democracia 😀 .

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El fiscal general del Estado informa a Llamazares (IU) que investiga a Berto y a sus compinches

La Fiscalía Provincial ha abierto diligencias de investigación contra el exalcalde y los 14 ediles de CC y CAN-CCN por usurpar la Alcaldía durante cinco meses.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce-Cifuente, ha atendido la petición de auxilio urgente que le dirigió el pasado 19 de noviembre el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares frente a la situación de absoluta anormalidad democrática y grave crisis institucional provocada por la ocupación ilegal de la Alcaldía de Arona que ha protagonizado durante casi cinco meses José Alberto González Reverón (Coalición Canaria) al negarse a acatar la reforma de la Ley Electoral que obliga a dimitir a los condenados por corrupción aunque su sentencia no sea firme.

“En relación con su escrito fechado el 19 de noviembre de los corrientes, en el que comprensiblemente muestra su preocupación por la permanencia en el cargo del alcalde de Arona, condenado por delito de prevaricación”, respondió el fiscal general el 21 de noviembre a Llamazares, “pongo en su conocimiento que por esta Fiscalía General del Estado se ha recabado información urgente del Fiscal Superior de Canarias, el cual ha comunicado que la Fiscalía Provincial de Tenerife (…) ha incoado Diligencias de Investigación para esclarecer si la continuación del condenado como Alcalde pudiera ser constitutiva de un nuevo delito” de prevaricación.

Torres Dulce-Cifuente concreta sobre esa investigación en el escrito que remitió al portavoz de Justicia de IU que la fiscal encargada de la mismas “ha acordado la práctica de varias diligencias para tratar de aclarar todas las circunstancias concurrentes y adoptar las decisiones que procedan”.

Ese procedimiento de investigación fue incoado el 12 de noviembre, precisamente en respuesta a las denuncias por presunta prevaricación presentadas ante la Fiscalía de Arona por el concejal de la oposición aronera José Antonio Reverón (Ciudadanos por Arona) y ante la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife por el abogado Felipe Campos y, en representación de Izquierda Unida Canaria, el abogado José Pérez Ventura.

El citado escrito del fiscal general del Estado es anterior a la reciente confirmación de que la sentencia de 4,6 años de inhabilitación por prevaricación continuada que pesaba sobre González Reverón desde el 28 de junio ha pasado a ser firme. Pero a pesar de que haya convocado para mañana la formalización de su cese, IUC aclara que sigue vigente el grave y peligroso desafío que ha abanderado durante meses contra el Estado de Derecho junto con los 14 concejales de CC y CAN-CCN que le han ayudado a eludir el cumplimiento de la ley que le hacía incompatible para ocupar ese cargo desde su primera condena (junio).

En ese sentido opina que también deberían ser apartados del cargo por prevaricación continuada los 12 concejales del gobierno municipal de CC y los dos de la oposición del CAN.

Gravedad de la presunta prevaricación continuada en el Ayuntamiento de Arona.

En su petición de auxilio constitucional para Arona, Gaspar Llamazares había advertido al fiscal general que la situación de profunda degradación democrática y excepcionalidad jurídica generada por González Reverón y por la mayoría de los concejales del pleno de esta Administración local del Sur de Tenerife (de CC y CAN-CCN) con su decisión de desconocer e incumplir abiertamente la legalidad vigente en materia de incompatibilidades, “precisa una respuesta eficaz y sin dilación del Estado de Derecho, pues servirá de precedente para otros muchos que puedan plantearse a lo largo del país”.

Una inadecuada respuesta por parte de la Fiscalía y del Poder Judicial ante la grave situación que se está produciendo en ese Ayuntamiento, según Llamazares, “podría traducirse en la inaplicación generalizada de la ley y que los cargos públicos afectados eludan su cumplimiento negándose a dimitir o declarando ilegalmente su compatibilidad en los plenos corporativos -como ha ocurrido en Arona- con el consiguiente mayor desprestigio social de las instituciones”

 

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de noviembre de 2012.

 

Gaspar Llamazares (IU) ha requerido al fiscal general del Estado que expulse al alcalde ilegal

Halaaaaaaa, todo junto. ¿Queríamos marcha anticorrupción? Pues concedida 😉

Aquí tienen la nota de prensa que ha enviado Izquierda Unida sobre la petición de auxilio democrático que formulado ante el fiscal general del Estado el grupo parlamentario de IU a través de Gaspar Llamazares. Lectura más que recomendable. En cada párrafo hay al menos un macanazo contra Berto 😆

El grupo parlamentario de IU ha requerido la intervención del fiscal general y de la Fiscalía del Estado para restablecer la vigencia de la Constitución en el Ayuntamiento de Arona.

Gaspar Llamazares ha reclamado expresamente el desalojo de quien ocupa ilegalmente el cargo de alcalde “con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado” si es preciso.

IU alerta en su denuncia que José Alberto González Reverón (CC) está poniendo en peligro la ley que obliga a los condenados por corrupción a cesar en sus cargos públicos aunque la sentencia no sea firme

El grupo parlamentario de Izquierda Unida ha solicitado esta semana la intervención urgente del fiscal general y de la Fiscalía del Estado frente a la situación de absoluta anormalidad democrática y de grave crisis institucional que ha desatado quien ocupa el cargo de alcalde en el Ayuntamiento de Arona, José Alberto González Reverón (de Coalición Canaria), por negarse a acatar la ley orgánica que establece el cese automático de los cargos públicos condenados por delitos de corrupción desde el momento en que se emite la sentencia, aunque la misma no sea firme.

Gaspar Llamazares, el diputado de IU que presentó esa petición de auxilio democrático, ha alertado al fiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce Lifante de que la situación de profunda degradación democrática y excepcionalidad jurídica generada por González Reverón y por la mayoría de los concejales del pleno de esta Administración local del Sur de Tenerife (de CC y CAN-CCN) con su decisión de desconocer e incumplir abiertamente la legalidad vigente en materia de incompatibilidades, “precisa una respuesta eficaz y sin dilación del Estado de Derecho, pues servirá de precedente para otros muchos que puedan plantearse a lo largo del país”.

Una inadecuada respuesta por parte de la Fiscalía y del Poder Judicial ante la grave situación que se está produciendo en ese Ayuntamiento de la Comunidad Autónoma Canaria, según Llamazares e IU, “podría traducirse en la inaplicación generalizada de la ley y que los cargos públicos afectados eludan su cumplimiento negándose a dimitir o declarando ilegalmente su compatibilidad en los plenos corporativos -como ha ocurrido en Arona- con el consiguiente mayor desprestigio social de las instituciones”.

Por ello ha instado al fiscal general y a la Fiscalía del Estado a “restablecer la vigencia de la Constitución y del principio de legalidad en el ámbito institucional del Ayuntamiento de Arona”.

Judicialización, apercibimiento de desobediencia y desalojo policial:

Llamazares ha detallado al fiscal general que según los servicios jurídicos del Grupo Parlamentario de IU procedería: promover la judicialización del caso, requerir formalmente al alcalde incompatible de Arona que cese en su conducta ilegal “con los apercibimientos legales de desobediencia” y, en caso de persistir en su conducta obstativa, “proceder con la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a restituir la legalidad en dicha corporación” desalojando a González Reverón del cargo.

Sobre la “incuestionable” gravedad de los hechos que están acaeciendo en ese municipio del Sur de Tenerife, su escrito recalca que al detentar José Alberto González Reverón el cargo de alcalde “se produce” una usurpación de las funciones propias de esa autoridad, generando una situación permanentemente delictiva inadmisible. Al mismo tiempo “son nulos de pleno derecho todos los actos que dicte generando una clara inseguridad jurídica con los impactos económicos para el erario público municipal que ello pudiera tener por las responsabilidades patrimoniales ulteriores que pudieran ser exigidas”.

Un Ayuntamiento gravemente afectado por casos de corrupción:

En esa denuncia el diputado de Izquierda Unida incide además en el agravante de que todo lo expuesto está ocurriendo en un Ayuntamiento gravemente afectado por casos de corrupción, y que el referido José Alberto González Reverón y numerosos concejales están imputados en las macrocausas conocidas como Caso Arona 1, Arona 2 y Arona 3 -todas iniciadas por la Fiscalía de Medio Ambiente- por delitos varios de prevaricación, tráfico de influencias, contra la ordenación del territorio, malversación de caudales públicos y cohecho.

Detalles de la ocupación ilegal de la Alcaldía de Arona:

Esta grave crisis arrancó el 28 de junio cuando el juzgado de lo penal número 1 de Santa Cruz de Tenerife condenó al alcalde de Arona, José Alberto González Reverón, por un delito continuado de prevaricación a la pena de cuatro años y medio de inhabilitación motivado por por las graves y sistemáticas ilegalidades incurridas en la contratación de personal. Desde ese momento está incurso en la causa tipificada en el artículo 6.2 b) y 4 de la Ley Orgánica Electoral General que determina la incompatibilidad de los condenados por sentencia “aunque no sea firme” por delitos contra la Administración Pública.

Dicha causa de incompatibilidad, como ha recordado Llamazares a Torres-Dulce Lifante, se introdujo con la última reforma de la ley electoral “ampliando la anteriormente prevista para los delitos de terrorismo como respuesta que pretende ser enérgica contra la corrupción”.

Pero lejos de cumplir con la Ley y dejar el cargo, José Alberto González Reverón, ha desarrollado durante meses toda una estrategia orientada a incumplirla:

-Primero se negó de forma reiterada durante meses a facilitarle la sentencia a la secretaria general del Ayuntamiento para intentar evitar que ésta pudiera informar jurídicamente sobre la concurrencia de la incompatibilidad referida.

-Cuando la oposición aportó copia testimoniada de la sentencia y la secretaria concluyó avalada por el superior criterio de la Junta Electoral Central que procedía que el Ayuntamiento pleno tomara conocimiento de la condena determinante de la “incompatibilidad ex lege” que conlleva el cese automático del cargo, González Reverón inició una clara huída hacia delante: como medio para consumar su ilegal ocupación del cargo de alcalde convocó para el pasado 30 de octubre una sesión plenaria extraordinaria y urgente para declarar su compatibilidad con el apoyo de los 14 concejales de Coalición Canaria y Centro de Arona-Centro Canario Nacionalista. Este acuerdo de indiciaria relevancia penal como prevaricación, supone vulnerar de forma de forma abierta la ley electoral en una conducta injustificable.