Gaspar Llamazares (IU) ha requerido al fiscal general del Estado que expulse al alcalde ilegal

Halaaaaaaa, todo junto. ¿Queríamos marcha anticorrupción? Pues concedida 😉

Aquí tienen la nota de prensa que ha enviado Izquierda Unida sobre la petición de auxilio democrático que formulado ante el fiscal general del Estado el grupo parlamentario de IU a través de Gaspar Llamazares. Lectura más que recomendable. En cada párrafo hay al menos un macanazo contra Berto 😆

El grupo parlamentario de IU ha requerido la intervención del fiscal general y de la Fiscalía del Estado para restablecer la vigencia de la Constitución en el Ayuntamiento de Arona.

Gaspar Llamazares ha reclamado expresamente el desalojo de quien ocupa ilegalmente el cargo de alcalde “con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado” si es preciso.

IU alerta en su denuncia que José Alberto González Reverón (CC) está poniendo en peligro la ley que obliga a los condenados por corrupción a cesar en sus cargos públicos aunque la sentencia no sea firme

El grupo parlamentario de Izquierda Unida ha solicitado esta semana la intervención urgente del fiscal general y de la Fiscalía del Estado frente a la situación de absoluta anormalidad democrática y de grave crisis institucional que ha desatado quien ocupa el cargo de alcalde en el Ayuntamiento de Arona, José Alberto González Reverón (de Coalición Canaria), por negarse a acatar la ley orgánica que establece el cese automático de los cargos públicos condenados por delitos de corrupción desde el momento en que se emite la sentencia, aunque la misma no sea firme.

Gaspar Llamazares, el diputado de IU que presentó esa petición de auxilio democrático, ha alertado al fiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce Lifante de que la situación de profunda degradación democrática y excepcionalidad jurídica generada por González Reverón y por la mayoría de los concejales del pleno de esta Administración local del Sur de Tenerife (de CC y CAN-CCN) con su decisión de desconocer e incumplir abiertamente la legalidad vigente en materia de incompatibilidades, “precisa una respuesta eficaz y sin dilación del Estado de Derecho, pues servirá de precedente para otros muchos que puedan plantearse a lo largo del país”.

Una inadecuada respuesta por parte de la Fiscalía y del Poder Judicial ante la grave situación que se está produciendo en ese Ayuntamiento de la Comunidad Autónoma Canaria, según Llamazares e IU, “podría traducirse en la inaplicación generalizada de la ley y que los cargos públicos afectados eludan su cumplimiento negándose a dimitir o declarando ilegalmente su compatibilidad en los plenos corporativos -como ha ocurrido en Arona- con el consiguiente mayor desprestigio social de las instituciones”.

Por ello ha instado al fiscal general y a la Fiscalía del Estado a “restablecer la vigencia de la Constitución y del principio de legalidad en el ámbito institucional del Ayuntamiento de Arona”.

Judicialización, apercibimiento de desobediencia y desalojo policial:

Llamazares ha detallado al fiscal general que según los servicios jurídicos del Grupo Parlamentario de IU procedería: promover la judicialización del caso, requerir formalmente al alcalde incompatible de Arona que cese en su conducta ilegal “con los apercibimientos legales de desobediencia” y, en caso de persistir en su conducta obstativa, “proceder con la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a restituir la legalidad en dicha corporación” desalojando a González Reverón del cargo.

Sobre la “incuestionable” gravedad de los hechos que están acaeciendo en ese municipio del Sur de Tenerife, su escrito recalca que al detentar José Alberto González Reverón el cargo de alcalde “se produce” una usurpación de las funciones propias de esa autoridad, generando una situación permanentemente delictiva inadmisible. Al mismo tiempo “son nulos de pleno derecho todos los actos que dicte generando una clara inseguridad jurídica con los impactos económicos para el erario público municipal que ello pudiera tener por las responsabilidades patrimoniales ulteriores que pudieran ser exigidas”.

Un Ayuntamiento gravemente afectado por casos de corrupción:

En esa denuncia el diputado de Izquierda Unida incide además en el agravante de que todo lo expuesto está ocurriendo en un Ayuntamiento gravemente afectado por casos de corrupción, y que el referido José Alberto González Reverón y numerosos concejales están imputados en las macrocausas conocidas como Caso Arona 1, Arona 2 y Arona 3 -todas iniciadas por la Fiscalía de Medio Ambiente- por delitos varios de prevaricación, tráfico de influencias, contra la ordenación del territorio, malversación de caudales públicos y cohecho.

Detalles de la ocupación ilegal de la Alcaldía de Arona:

Esta grave crisis arrancó el 28 de junio cuando el juzgado de lo penal número 1 de Santa Cruz de Tenerife condenó al alcalde de Arona, José Alberto González Reverón, por un delito continuado de prevaricación a la pena de cuatro años y medio de inhabilitación motivado por por las graves y sistemáticas ilegalidades incurridas en la contratación de personal. Desde ese momento está incurso en la causa tipificada en el artículo 6.2 b) y 4 de la Ley Orgánica Electoral General que determina la incompatibilidad de los condenados por sentencia “aunque no sea firme” por delitos contra la Administración Pública.

Dicha causa de incompatibilidad, como ha recordado Llamazares a Torres-Dulce Lifante, se introdujo con la última reforma de la ley electoral “ampliando la anteriormente prevista para los delitos de terrorismo como respuesta que pretende ser enérgica contra la corrupción”.

Pero lejos de cumplir con la Ley y dejar el cargo, José Alberto González Reverón, ha desarrollado durante meses toda una estrategia orientada a incumplirla:

-Primero se negó de forma reiterada durante meses a facilitarle la sentencia a la secretaria general del Ayuntamiento para intentar evitar que ésta pudiera informar jurídicamente sobre la concurrencia de la incompatibilidad referida.

-Cuando la oposición aportó copia testimoniada de la sentencia y la secretaria concluyó avalada por el superior criterio de la Junta Electoral Central que procedía que el Ayuntamiento pleno tomara conocimiento de la condena determinante de la “incompatibilidad ex lege” que conlleva el cese automático del cargo, González Reverón inició una clara huída hacia delante: como medio para consumar su ilegal ocupación del cargo de alcalde convocó para el pasado 30 de octubre una sesión plenaria extraordinaria y urgente para declarar su compatibilidad con el apoyo de los 14 concejales de Coalición Canaria y Centro de Arona-Centro Canario Nacionalista. Este acuerdo de indiciaria relevancia penal como prevaricación, supone vulnerar de forma de forma abierta la ley electoral en una conducta injustificable.

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El pleno pendiente que habían pedido CxA, PP y PSOE para el cese de Berto

Conveniente que refresquen la memoria para entender el último súper aprieto que vuelve a tambalear al alcalde de su trono.

¿Recuerdan que cuando la secretaria general del Ayuntamiento confirmó que el alcalde de Arona debe cesar ex lege (por ley) de su cargo por causa de incompatibilidad sobrevenida la oposición aronera solicitó la convocatoria del pleno en el que se debía dar cuenta de ese cese? Con tanto surreabertismo seguido es fácil que no se acuerden. Pero les refresco la memoria con un resumidísimo resumen:

-22 de octubre la secretaria confirmó la causa de incompatibilidad sobrevenida de Berto el alcalde (en respuesta a una solicitud de información de CxA, PP y PSOE) y dio instrucciones para su cese (<-hacer click para leer informe).

-25 de octubre el concejal de la mochila de Ciudadanos por Arona, José Antonio Reverón, solicitó a la secretaria y al primer teniente de alcalde, el doctor-concejal Niño, que convocaran pleno para dar cuenta del cese ex lege del alcalde.

-30 de octubre: los concejales de la oposición de Partido Popular y PSOE formalizan también la petición de ese pleno.

-31 de octubre: el gobierno bertista de CC y CAN apañan un pleno extraordinario y urgente en el que acuerdan ignorar totalmente las instrucciones de cese de la secretaria general del Ayuntamiento y de la Junta Electoral Central en base a unos informes externos que se sacaron de la manga y, para evitar que Berto acatara la ley que le obliga a dejar el cargo, declararon la inconstitucionalidad de la parte de la ley orgánica que les perjudica y aprobaron que el alcalde es compatible (<-pinchar ahí para ver el acuerdo surreabertista en video) para seguir en el cargo 😆

Pues bien, resulta que ese pleno surreabertista no anula la obligación de celebrar el pleno solicitado por la oposición, jejeje.

La fecha tope para su celebración sería más o menos el 20 de noviembre. Vaya, la misma fecha tope que ha puesto la Junta Electoral Central para recibir la información relativa al surreabertista acuerdo plenario de declaración de compatibilidad de Berto. ¡¡¡¡20N!!!! JAJAJAJAJAJAJAJ, el aniversario de la muerte de Franco y de Primo de Rivera 😆 .

Para que vayan entrando en materia, les posteo la solicitud de convocatoria de pleno que presentó el de la mochila hari de Ciudadanos por Arona. Así de paso van refrescando la memoria en asuntillos pendientes como el de que las delegaciones de competencias y nombramientos realizados por el alcalde a sus concejales han quedado sin efecto desde que se confirmó su incompatibilidad, al igual que ocurre con sus cargos de confianza… Ya saben, devoluciones de salarios, acuerdos nulos de pleno derecho, y un largo etcétera de berstialidades que CC y CAN se han echado a la chepa (y nos han echado, que a saber las consecuencias económicas que esto puede tener para el Ayuntamiento 👿 ).

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