Las escuchas de la Operación Edén prueban que la infracción del camping fue usada como moneda de cambio con la que ‘comprar’ el cese de las críticas en prensa y denuncias del PSOE y Felipe Campos, así como para desgastar políticamente a Santamaría.

La Junta Local de Gobierno se afanó en demorar la sentencia de derribo que afecta a Marichal justo cuando éste fraguaba el golpe para hacerse con el PSOE aronero y quitar de en medio a los socialistas que habían puesto al urbanismo en la picota judicial.

¿Podría haber usado el gobierno bertista de CC la sentencia firme de derribo que afecta al constructor Agustín Marichal para disuadirle de que la oposición que él preside deje de llevar a los juzgados asuntos turbios de su gestión? Pues poder podría, desde luego que sí. No sería la primera vez que los imputados de CC intentan algo así.

Suena deleznablemente sórdido, ¿verdad? Es que hablamos de la parte oscura de la política, el urbanismo y los negocios de Arona. Ese lado desde el que los malos son quienes denuncian, no quienes delinquen o chanchullean a costa del interés general.

A mí me parece factible que exista un pacto de no agresión entre CC y PSOE. Mera intuición. O deducción… ¿En qué me baso?

Conozco (y tengo pruebas) el uso oscuro que gobernantes del municipio han dado durante la última década a distintas sentencias, expedientes municipales y resoluciones importantes (varias de ellas publicadas hace tiempo en prensa, y no solo por mí 😉 ). Cualquiera de ellas aportan elementos de sobra para dudar de cualquier despiste o demora casual en la ejecución de órdenes judiciales y resoluciones de calado como la de Marichal. Pero la mejor, sin duda, es la vinculada al camping Nauta. Parte de la misma es de dominio público. Pero la parte más interesante la conocemos solo una minoría (me incluyo porque me tocó protagonizar dicha historia de lado, de frente, de culo…).

Un extintor. Todo empezó por la falta de extintores durante un incendio en el camping Nauta. En mayo de 2006 a un campista se le quemó la caravana y llamó a la Guardia Civil para denunciar fallos de seguridad en el establecimiento. Los guardias que acudieron a su llamada pidieron a los responsables del camping los permisos del establecimiento y ¡buuum!, al examinar los planos descubrieron que la caravana incendiada se ubicaba en una zona no amparada por licencia. Bueno, todavía peor: estaba en una zona marcada en los planos como «reserva natural». La infracción en materia de seguridad que detectaron los agentes caminó por un lado, y la infracción urbanística por otro. En concreto, esta última pasó por la Subdelegación y la Delegación del Gobierno hasta ser remitidos al Ayuntamiento de Arona (administración competente en ese supuesto de actividad no amparada por licencia).

Esa documentación de la Guardia Civil, de la Delegación y de la Subdelegación del Gobierno llegó al Ayuntamiento por registro de entrada el 22 de junio de 2006. Curiosamente, no se le dio curso ese mes, ni el siguiente… Es más, el expediente municipal de infracción urbanística contra la parte ilegal del camping se ‘extravió’ y no arrancó hasta noviembre-diciembre.  Todavía más cantoso: realmente no se desbloqueó hasta marzo-abril, después de que saltara el Caso Arona.

Pero uy, que me acelero y me salto partes interesantes del relato. La documentación de las anomalías detectadas durante dicho incendio en el camping fue remitida a la Alcaldía y puffff, se perdió. Como las facturas de obras ilegales encargadas a Chijafe en 2006-2007 y desaparecidas en el Ayuntamiento hasta hace unas pocas semanas. Cuánto fondo tienen algunas gavetas de ese Ayuntamiento, ¿no? 😉 . Esos papeles permanecieron despistados en ese hondo cajón hasta que un fisgón indiscreto los localizó y los echó a andar filtrándolos a la Oficina Técnica y a prensa (en este caso a mí). Por eso los informes técnicos sobre dicha infracción se iniciaron sin que hubiera resolución ni decreto del alcalde. La tramitación, miren qué cosas, se paró como por arte de magia y se desbloqueó también con magia.

El mago que urdió el destape consistorial y público del escándalo me contó al entregarme el expediente completo de semejante notición que el gobierno bertista lo tenía parado porque lo estaba usando para presionar al portavoz socialista, Paco Santamaría. El trato que estaban planteando (como acabó confirmando el propio Paco Santamaría) era que dicha documentación permanecería ‘extraviada’ y que le ayudarían a legalizar el tema si, a cambio, él y su grupo cejaban en la fiscalización y críticas periodísticas contra la gestión económica de CC.

¿Recuerdan cuando el PSOEde Santamaría empezó a descubrir ante la opinión pública que el gobierno local gastaba ilegalmente cada año varios millones de euros? Pues se acercaban las elecciones de mayo de 2007 y algunos bertistas estaban muy interesados en mantener sus jaleos económicos alejados de la campaña. La jugada del mago fue magistral: fastidió al Bertismo y a Paco Santamaría al mismo tiempo (y además echó tierra sobre un posible pacto de gobierno entre ambos partidos después de las elecciones).

Solo que en ese tema fallaron absolutamente todos los cálculos de todos los protagonistas de este culebrón político, y todos alcanzaron palos. Continuará…

(aclaración para que no se me líen: lo del camping es una infracción urbanística por ocupar sin licencia un suelo que debía reservarse en estado natural, no un delito medioambiental.