El Ayuntamiento de Vilaflor y su alcalde, expuestos a la ruina por una licencia ilegal

Los tribunales han abierto la puerta judicial para que el primer edil asuma de su bolsillo el coste de una indemnización millonaria

Resulta que el alcalde de Vilaflor, Manuel Fumero (PSOE), concedió en enero de 2006 por decreto una licencia municipal de obras que ha sido revocada en firme por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por no ser conforme a Derecho.

Ese permiso municipal tenía todos los informes en contra (técnicos y jurídicos) porque el proyecto urbanístico planteado incumplía en varios aspectos el ordenamiento jurídico. Pero así todo, el alcalde se empeñó en autorizar el proyecto de construcción de 76 adosados junto al Camino Real La Escalona. Hasta ahí contentísimos el alcalde (porque según explicó luego es fundamental estimular el crecimiento poblacional en el municipio), los propietarios iniciales del suelo por sus ganancias (vinculados a la familia Reverón, propietaria de viñedos y de una bodega ubicados en esa zona) y los promotores (la empresa Tenearona SL, cuyo representante, Carlos de la Rosa, es técnico de Urbanismo del Ayuntamiento de Arona).

Peeeero no todas las partes estaban igual de felices con esa obra que para muchos es un atentado urbanístico por el impacto paisajístico y ambiental que produce en el entorno en el que se ubican los chalés. Y a finales de ese año 2006 el colectivo ecologista ATAN denunció varias anomalías relacionadas con ese proyecto.

En 2008 el titular de la sala de lo contencioso número 3 de Santa Cruz de Tenerife (el magistrado Francisco Plata) determinó que esa licencia es contraria a derecho y la revocó. Y lo hizo, además, cargando tintas contra el alcalde, reseñando que “no alcanza a entenderse como se concede la licencia sin tan siquiera motivar en la resolución recurrida las razones determinantes del no acogimiento de las citadas objeciones” del técnico municipal. A ese respecto, el magistrado llega incluso a indicar que esa forma de proceder “pudiera determinar en su caso la responsabilidad del citado alcalde conforme a las previsiones contenidas al efecto en el artículo 189 1 b) 2 del citado Texto Refundido”.

Reproduzco a continuación la parte de la sentencia que recoge lo que he expuesto (jeje, que entre otras cosas, conozco el andar de Fumerito, y éste es capaz de decir sin parpadear que es mentira lo que les he contado).

El articulito en cuestión viene a decir, nada más y nada menos, que “en las obras, instalaciones, construcciones, edificaciones, actividades o usos del suelo ejecutados o desarrollados al amparo de actos administrativos ilegales” las personas responsables serán “El titular del órgano administrativo unipersonal que haya otorgado las aprobaciones, autorizaciones o licencias sin los preceptivos informes o, dolosamente, en contra de los emitidos motivadamente en sentido desfavorable por razón de la infracción; los miembros de los órganos colegiados que hayan votado a favor de dichas aprobaciones, autorizaciones o licencias en idénticas condiciones; y el Secretario del Ayuntamiento que no haya advertido de la omisión de alguno de los preceptivos informes técnico y jurídico, así como el funcionario que, dolosamente, haya informado favorablemente con conocimiento de la vulneración del orden jurídico”.

(Pinchar a continuación para leer el artículo 189 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de los Espacios Naturales de Canarias, aunque les recomiendo leer también los artículos 187, 188 y 190, ya que guardan relación con otros embolados judiciales de actualidad como el Caso Arona).

Uy, y no solo eso, sino que el magistrado también dispara penalmente contra el alcalde de cumbre. Pueden leer el taponazo que le da el magistrado en ese sentido en la siguiente página (punto sexto), la cual, además, contiene el fallo de anulación de la mencionada licencia “por ser no conforme a Derecho”.

Desestimación de la apelación y avance hacia las demoliciones.

En 2009 el TSJC ratificó ese fallo y desestimó el recurso de apelación que habían presentado contra el mismo el Ayuntamiento de Vilaflor y e el promotor (Tenarona SL). El cumplimiento de esa sentencia, como indica ATAN, pasa por restaurar la realidad física y el ordenamiento jurídico alterados con esa licencia que ha sido revocada. Y, según el citado colectivo ecologista, ello pasaría sí o sí por el derribo de las 26 viviendas construidas en base a una licencia que ya no existe.

La cosa es que esa restauración de la legalidad ha entrado ya en fase de ejecución forzosa, con lo que más pronto que tarde acabarán los vericuetos a los que intenta agarrarse al alcalde  para demorar ese asunto. Y más pronto que tarde el Ayuntamiento deberá ejecutar el citado fallo judicial, promover las demoliciones de chalés y compensar económicamente a las partes afectadas por esa licencia ilegal.

En ese sentido, ATAN ha dejado claro que peleará por que corra a cargo del alcalde y no del Ayuntamiento el coste de esas indemnizaciones millonarias que les corresponde recibir al promotor y a las 11 familias que habían comprado adosados en esa promoción.

¿Van entendiendo por qué Manolito Fumero se desnervia todito con este tema? Bueno, lleva años ejercitando una terapia especial para intentar que esto le afecte lo menos posible. ¿Adivinan cuál es? Jajajajja, pues no solo ignorar los fallos judiciales que tienen al Ayuntamiento y a su propio bolsillo expuestos a la quiebra, ¡¡¡¡¡¡sino negando que todo esto sea cierto!!!!! Pero es que se cabrea y todo con quienes le llevan la contraria y osan decir que concedió una licencia ilegal, que las sentencias dictadas apuntan a derribos de los adosados amparados por su licencia o que la cagadita le puede salir carísima al Ayuntamiento y a él mismo. Jajajaj, a este paso nos lo vemos incurriendo en desacato por incumplimiento de sentencia…

Pero la historia sobre cómo se las gasta el alcalde con temas como éste, ya la cuento otro día.

Por cierto, ATAN ha reiterado ante los juzgados la ejecución forzosa de dicha sentencia (o sea, los derribos).

Otros post de BlancaHari relacionados:

“El derribo de adosados en La Escalona, a puntito de caramelo” (16 junio 2011).

“Diligencia de ordenación de ejecución forzosa de sentencia para el Ayuntamiento de Vilaflor” (17 junio 2011).

–>Continuará

Diligencia de ordenación de ejecución forzosa de sentencia para el Ayuntamiento de Vilaflor

Ésta es la orden judicial alusiva a la demolición de viviendas que el consistorio sigue demorando

Los tribunales han revocado la licencia otorgada en 2006 por el alcalde de Vilaflor, Manuel Fumero, para la edificación de 76 adosados y rechazaron en 2009 el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento de Vilaflor al TSJC y por el promotor de ese proyecto que se ha materializado en la construcción de 27 chalés adosados.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha resuelto que en dichas edificaciones “se vulnera la altura máxima permitida por la ocupación de las cubierta de las viviendas proyectadas, que alcanza un 43% de su superficie, cuando lo permitido es un 25”. Que el cerramiento delantero o retranqueo de la parcela incumple la alineación establecida en las normas subsidiarias vigentes en el momento de otorgamiento de la licencia. Que el retranqueo trasero “incumple claramente con lo establecido en la normativa urbanística. Y que parte de las edificaciones invaden una franja de suelo rústico sin contar con la “imprescindible” calificación territorial.

Así que lo que procede, como señala ATAN, es restituir la legalidad y la realidad física alterada, o sea, demoler esas edificaciones que actualmente no están amparadas por licencia.

Dicha sentencia la pueden consultar en la web de ATAN, y la que anuló la licencia en primera instancia y ha puesto al alcalde en una complicadíííííísima situación, la estoy buscando en mis cajas de papelotes :-p (la encontraré, tranquilos, jajajjaja).

Post relacionado:

El derribo de adosados en Vilaflor, a puntito de caramelo“, publicado en BlancaHari el 16 de junio.

El derribo de adosados en La Escalona, a puntito de caramelo

Los tribunales reclamaron al Ayuntamiento de Vilaflor desde el pasado mes de noviembre la ejecución forzosa de la sentencia relativa a esas demoliciones

El secretario judicial del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de Santa Cruz de Tenerife emitió una diligencia a finales de 2010 “dando por solicitada la ejecución forzosa de la sentencia firme” del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anuló en 2009 la licencia de obras que amparó la construcción de 27 adosados en el Camino Real de La Escalona (Vilaflor).

En concreto, dicha licencia otorgada vía decreto en 2006 por el actual alcalde, Manuel Fumero (PSOE), autorizaba a la empresa Tenearona S.L. la construcción de 76 chales pareados en el Camino Real de La Escalona. La edificación de esa promoción fue interrumpida a raíz de un recurso presentado por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN).

Los tribunales han dado la razón a este colectivo en todas las instancias, anulando la citada licencia urbanística y, en consecuencia, instando a la administración local chasnera a restituir la legalidad y la realidad física alterada. Para el común de los mortales eso significa que los citados adosados deben ser demolidos. Sin embargo, el alcalde siempre ha mantenido que eso no es así y que dichas edificaciones no serán demolidas (afirmación que volvió a hacer en prensa hace un mes).

Pero diga lo que diga el alcalde desde las alturas, los jueces hablan bastante más alto que él (supuestamente al menos, jajaja). Y frente a la reclamación de ejecución forzosa de sentencia que presentó ATAN el año pasado, lo que dicen las instancias judiciales es que ésta es “una sentencia de hacer”, o sea, que en este caso no hay más tu tía y que dichas viviendas deben desaparecer del mapa.


Es más, en la citada diligencia judicial de noviembre de 2010 se requirió a la Administración demandada para que justificara en el plazo de 10 días “si ha procedido a la ejecución de la sentencia dictada en este procedimiento o en su caso, las razones que lo hubieran impedido”. Asimismo, el secretario judicial dio traslado de la solicitud de ejecución forzosa de dicha sentencia para que efectuara las alegaciones que estimara pertinente en el mismo plazo de 10 días. 

El Ayuntamiento y el alcalde de Vilaflor llevan años intentando demorar en lo posible la ejecución de dicha sentencia, pero dado que es firme y que tanto el demandante (ATAN) como los tribunales hace meses que reclamaron la ejecución forzosa de la misma, los derribos de esas viviendas no amparadas por licencia (ya que la misma ha sido anulada judicialmente), están a puntito de caramelo.

–>Para leer las sentencias dictadas en relación a este caso y los recursos de ATAN, pinchar aquí.

(Ya cuento luego por qué el alcalde, por la cuenta que le trae, se resiste a ejecutar dicha sentencia).