Los tribunales han abierto la puerta judicial para que el primer edil asuma de su bolsillo el coste de una indemnización millonaria

Resulta que el alcalde de Vilaflor, Manuel Fumero (PSOE), concedió en enero de 2006 por decreto una licencia municipal de obras que ha sido revocada en firme por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por no ser conforme a Derecho.

Ese permiso municipal tenía todos los informes en contra (técnicos y jurídicos) porque el proyecto urbanístico planteado incumplía en varios aspectos el ordenamiento jurídico. Pero así todo, el alcalde se empeñó en autorizar el proyecto de construcción de 76 adosados junto al Camino Real La Escalona. Hasta ahí contentísimos el alcalde (porque según explicó luego es fundamental estimular el crecimiento poblacional en el municipio), los propietarios iniciales del suelo por sus ganancias (vinculados a la familia Reverón, propietaria de viñedos y de una bodega ubicados en esa zona) y los promotores (la empresa Tenearona SL, cuyo representante, Carlos de la Rosa, es técnico de Urbanismo del Ayuntamiento de Arona).

Peeeero no todas las partes estaban igual de felices con esa obra que para muchos es un atentado urbanístico por el impacto paisajístico y ambiental que produce en el entorno en el que se ubican los chalés. Y a finales de ese año 2006 el colectivo ecologista ATAN denunció varias anomalías relacionadas con ese proyecto.

En 2008 el titular de la sala de lo contencioso número 3 de Santa Cruz de Tenerife (el magistrado Francisco Plata) determinó que esa licencia es contraria a derecho y la revocó. Y lo hizo, además, cargando tintas contra el alcalde, reseñando que «no alcanza a entenderse como se concede la licencia sin tan siquiera motivar en la resolución recurrida las razones determinantes del no acogimiento de las citadas objeciones» del técnico municipal. A ese respecto, el magistrado llega incluso a indicar que esa forma de proceder «pudiera determinar en su caso la responsabilidad del citado alcalde conforme a las previsiones contenidas al efecto en el artículo 189 1 b) 2 del citado Texto Refundido».

Reproduzco a continuación la parte de la sentencia que recoge lo que he expuesto (jeje, que entre otras cosas, conozco el andar de Fumerito, y éste es capaz de decir sin parpadear que es mentira lo que les he contado).

El articulito en cuestión viene a decir, nada más y nada menos, que «en las obras, instalaciones, construcciones, edificaciones, actividades o usos del suelo ejecutados o desarrollados al amparo de actos administrativos ilegales» las personas responsables serán «El titular del órgano administrativo unipersonal que haya otorgado las aprobaciones, autorizaciones o licencias sin los preceptivos informes o, dolosamente, en contra de los emitidos motivadamente en sentido desfavorable por razón de la infracción; los miembros de los órganos colegiados que hayan votado a favor de dichas aprobaciones, autorizaciones o licencias en idénticas condiciones; y el Secretario del Ayuntamiento que no haya advertido de la omisión de alguno de los preceptivos informes técnico y jurídico, así como el funcionario que, dolosamente, haya informado favorablemente con conocimiento de la vulneración del orden jurídico».

(Pinchar a continuación para leer el artículo 189 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de los Espacios Naturales de Canarias, aunque les recomiendo leer también los artículos 187, 188 y 190, ya que guardan relación con otros embolados judiciales de actualidad como el Caso Arona).

Uy, y no solo eso, sino que el magistrado también dispara penalmente contra el alcalde de cumbre. Pueden leer el taponazo que le da el magistrado en ese sentido en la siguiente página (punto sexto), la cual, además, contiene el fallo de anulación de la mencionada licencia «por ser no conforme a Derecho».

Desestimación de la apelación y avance hacia las demoliciones.

En 2009 el TSJC ratificó ese fallo y desestimó el recurso de apelación que habían presentado contra el mismo el Ayuntamiento de Vilaflor y e el promotor (Tenarona SL). El cumplimiento de esa sentencia, como indica ATAN, pasa por restaurar la realidad física y el ordenamiento jurídico alterados con esa licencia que ha sido revocada. Y, según el citado colectivo ecologista, ello pasaría sí o sí por el derribo de las 26 viviendas construidas en base a una licencia que ya no existe.

La cosa es que esa restauración de la legalidad ha entrado ya en fase de ejecución forzosa, con lo que más pronto que tarde acabarán los vericuetos a los que intenta agarrarse al alcalde  para demorar ese asunto. Y más pronto que tarde el Ayuntamiento deberá ejecutar el citado fallo judicial, promover las demoliciones de chalés y compensar económicamente a las partes afectadas por esa licencia ilegal.

En ese sentido, ATAN ha dejado claro que peleará por que corra a cargo del alcalde y no del Ayuntamiento el coste de esas indemnizaciones millonarias que les corresponde recibir al promotor y a las 11 familias que habían comprado adosados en esa promoción.

¿Van entendiendo por qué Manolito Fumero se desnervia todito con este tema? Bueno, lleva años ejercitando una terapia especial para intentar que esto le afecte lo menos posible. ¿Adivinan cuál es? Jajajajja, pues no solo ignorar los fallos judiciales que tienen al Ayuntamiento y a su propio bolsillo expuestos a la quiebra, ¡¡¡¡¡¡sino negando que todo esto sea cierto!!!!! Pero es que se cabrea y todo con quienes le llevan la contraria y osan decir que concedió una licencia ilegal, que las sentencias dictadas apuntan a derribos de los adosados amparados por su licencia o que la cagadita le puede salir carísima al Ayuntamiento y a él mismo. Jajajaj, a este paso nos lo vemos incurriendo en desacato por incumplimiento de sentencia…

Pero la historia sobre cómo se las gasta el alcalde con temas como éste, ya la cuento otro día.

Por cierto, ATAN ha reiterado ante los juzgados la ejecución forzosa de dicha sentencia (o sea, los derribos).

Otros post de BlancaHari relacionados:

«El derribo de adosados en La Escalona, a puntito de caramelo» (16 junio 2011).

«Diligencia de ordenación de ejecución forzosa de sentencia para el Ayuntamiento de Vilaflor» (17 junio 2011).

–>Continuará