Pues a saber. Pero…

Pero leyendo el enlace que me pasó ayer un seguidor del blog (identificado como Democracia Real Ya) al Real Decreto por el que se dispuso en 2006 la disolución del Ayuntamiento de Marbella, yo, sinceramente, hasta me creo un poco más que tan psicotrónica posibilidad pudiera llegar a darse en el sur de Tenerife…

Y aprovechando que el tema está de actualidad y que este debate se ha extendido por el Ayuntamiento y por el municipio como la pólvora, posteo por aquí algunos fragmentos del Real Decreto de disolución de la corporación marbellí (caso único en España) para que vean que hay ciertas similitudes de peso entre Arona y Marbella.

Sucintamente los hechos que justifican la disolución del Ayuntamiento de Marbella son los siguientes:

La contravención sistemática de la legalidad por la actual Corporación en el otorgamiento de licencias en materia de urbanismo, así como su absoluta falta de colaboración con la Junta de Andalucía, al desatender sus numerosas solicitudes y requerimientos referidos a actos viciados de nulidad, paralización de obras ilegales, incoación de expedientes sancionadores y restablecimiento del orden jurídico perturbado.

La inactividad del Ayuntamiento ante los distintos requerimientos judiciales para la paralización de obras, así como otras irregularidades, que incluyen permutas y enajenaciones de inmuebles contrarias a la legalidad y la concesión directa para uso privativo de bienes de dominio público afectos a equipamientos o constitutivos de zonas verdes.

El artículo 61.1 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, prevé que el Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del consejo de gobierno de la comunidad autónoma, o a solicitud de éste, podrá disolver mediante real decreto, y previo acuerdo favorable del Senado, los órganos de gobierno de las corporaciones locales «en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de obligaciones constitucionales». 

«Como segunda consideración fundamental, cabe apreciar la afectación al interés general de la Nación desde una perspectiva institucional que apunta al normal funcionamiento de una Administración Pública, y ello teniendo en cuenta dos circunstancias. La primera de ellas se refiere a que, aunque se trate de una corporación local con un ámbito de autonomía constitucionalmente garantizado (artículo 140 de la Constitución Española), no por ello puede considerarse dicha entidad local desvinculada completamente del Estado del que indudablemente forma parte, como resulta del tenor literal del artículo 137 de la misma («El Estado se organiza territorialmente en municipios…»). La segunda circunstancia alude al cúmulo y reiteración de los presuntos delitos cometidos (cohecho, alteración de precios en concursos y subastas, tráfico de influencias, delitos urbanísticos), así como al número de cargos públicos municipales imputados».

«Las anteriores circunstancias no pueden por menos de generar un sentimiento de reproche por parte de la sociedad española en su conjunto, al quedar gravemente dañada la exigencia de funcionamiento ajustado a la legalidad de una institución de base o configuración democrática, siendo este sentimiento social generalizado y no circunscrito a los vecinos del Municipio, lo que revela el alcance o afectación al interés general de la Nación desde esta perspectiva institucional«.

«En tercer lugar, hay que señalar que la situación anteriormente descrita de los miembros de la Corporación, que indudablemente supone un escándalo político, provoca alarma social, el descrédito de la democracia municipal y genera la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones democráticas«.

«Asimismo, estos hechos afectan, junto al interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al interés general de la Nación, atendiendo a la repercusión negativa que la actuación del Ayuntamiento de Marbella ha supuesto, a través de la proyección exterior de España, para las relaciones económicas con otros estados, dado el considerable volumen de inversiones extranjeras en el sector inmobiliario localizadas en el término municipal de Marbella».

«A todo lo anterior, se añade que las irregularidades continuadas en la actuación urbanística desarrollada por el Ayuntamiento de Marbella vulneran lo dispuesto por los artículos 45.2 y 47 de la Constitución Española, que imponen a los poderes públicos el deber de velar por la utilización racional de los recursos naturales, preservando de esta forma el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado, así como la obligación de promover las medidas adecuadas para que la utilización del suelo se haga de acuerdo al interés general«.

¿Algunos de esos párrafos no les recuerdan del todo a Arona? Joer, igual son cosas mías por el entusiasmo que tengo de que la Justicia mueva ficha por estos lares y de que se despeje al final el bestseller del Caso Arona… Pero de verdad que algunos de los párrafos anteriores me parecen casi escritos para el Ayuntamiento aronero.

Entre Arona y Marbella hay algunas diferencias de peso. Está claro. Entre otras muchas cosas porque aquí no tenemos una Isabel Pantoja. Pero imposible no es… (lo de la disolución decía, no lo de la Pantoja, que fue detenida justo después de actuar en Arona, antes de las pasadas elecciones, jajajajajaj).

Pero si echamos la imaginación al vuelo, aquí, de darse tal posibilidad durante los próximos meses, podría hasta llegar a ocurrir que en vez de ser nombrada una comisión gestora (como sucedió en Marbella) fueran convocadasa de elecciones parciales para la constitución de una nueva corporación. Si, ya, es posible que se me haya ido la pinza del todo 😉 , jajajaj, pero lean este párrafo del Real Decreto que ordenó dicha disolución y verán a qué me refiero:

Por último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, y de acuerdo con el Consejo de Estado en dictamen del 6 de abril, al no proceder la convocatoria de elecciones parciales para la constitución de una nueva Corporación, puesto que por la fecha en que ésta debiera constituirse, el mandato de la misma resultaría inferior a un año, hasta tanto expire el mandato de la Corporación disuelta, la administración ordinaria de sus asuntos corresponderá a una Comisión Gestora designada por la Diputación Provincial de Málaga, cuyo número de miembros no excederá del número legal de miembros de la Corporación y ejercerá las funciones de Alcalde aquel vocal que resulte elegido por mayoría de votos entre todos los miembros de la Comisión.

O sea, en ese caso no procedía convocar elecciones parciales porque apenas quedaba un año de mandato. Pero es que en Arona parece es firme que el cierre de la instrucción de esta causa sobre corrupción y las pertinentes conclusiones, saldrán antes de final de año. Vale que llevamos años con rumores similares, pero es que esta vez no son simples rumores. Y además, algún día tendrá que acabar esta instrucción que arrancó en 2007…

A todo esto, y para evitar que mis convicciones personales y mi anhelo de que pase algo les pueda impedir o dificultar sacar conclusiones objetivas sobre si es posible o no que sea disuelta la actual corporación aronera, tengan en cuenta que yo estoy dando por hecho que varios integrantes del actual grupo de gobierno de la CoCa bertista van a ser inhabilitados y apartados de sus cargos políticos. Y no tengo pruebas de que así vaya a ser, solo indicios y confianza.

((Pinchar a continuación para leer el anuncio oficial del citado Real Decreto: Decreto disolución Marbella, BOE 2006 ))