Se acerca otro brindis anticorrupción: Por fin se desatasca el Caso Arona 1

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife está leyendo los 80 tomos de esta causa para resolver el recurso con el que la parranda de políticos aroneros imputados han logrado demorar el inicio de los juicios un año y medio.

No puedo contarles mucho porque mi súper espía judicial Belén de Vil me ha pedido que diga lo que sé sin decir diciendo, y al final no sé exactamente qué es lo que no debo decir… ¿Que por qué no lo dice ella directamente? Porque es una puntal y prefiere dejarme a mí ese placer 😉 .

Así que al grano: La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ya se ha puesto manos a la obra para resolver el recurso que presentaron los gobernantes y ex gobernantes aroneros imputados en el Caso Arona 1 pidiendo el archivo de la causa. Bueno, la Audiencia entera no, de momento solo le ha metido mano a ese mamotreto sobre cutre política municipal-insular-autonómica el presidente de la sección sexta, que es a quien le ha caído el marrón de tener que leerse los 80 tomos que ocupa la instrucción de esa causa como paso previo a la resolución de dicho surrearecurso.

Con el mismo los imputados de CC, PP y CAN-CCN han logrado dilatar esta causa un año y medio 👿 . En julio de 2011 salió a la luz el auto de cierre de instrucción en el que el magistrado Nelson Díaz Frías propone llevar a juicio 30 personas, la mayoría políticos y técnicos, por delitos como cohecho, tráfico de influencias, prevaricación ordinaria y contra la ordenación del territorio, o malversación de caudales públicos. Ya ven qué cosas, Berto and Cía se quejan públicamente de la rapidez con la que se gestionó la admisión a trámite de la denuncia que Paco Santamaría presentó a Fiscalía en febrero de 2007 desatando el Caso Arona. Se quejan también de la rapidez con la que se ha resuelto su recurso de apelación contra el Caso Enchufe. Pero no ha dicho ni mu sobre la preocupante lentitud judicial en pronunciarse sobre su recurso contra las conclusiones del instructor del Caso Arona (u Operación Edén).

Y aunque parezca mentira, ya hay previsión de fecha para liquidar esa petición de archivo de una causa en la que están imputadas. Una pista: villancicos, turrón, campanadas, uvas, regalos… Jeje, que va de fiesta la cosa, vamos. Concretando: Entre finales de 2012 y principios de 2013 estará resuelto el recurso-pataleta presentado por los gobernantes y ex gobernantes del Ayuntamiento de Arona imputados en el Caso Arona 1.

A este paso se nos juntan los chin chin del Caso Enchufe que ha electrocutado a Berto, con los de las fiestas de Navidad y con los del Caso Arona 1 (sobra decir que estoy totalmente convencida de que esa pataleta (o método de dilación) será desestimada y que a lo largo de 2013 empezarán a celebrarse los juicios de esa causa, entre otros motivos, porque el Oráculo Hari tiene claro que esta mega causa sobre corrupción indiciariamente acreditada va a tirar pa’lante). Ufff, y la siguiente ronda de declaraciones del Caso Arona 2 ¿no era para Carnaval? A este paso vamos a tener que crear un blog con consejos para la resaca 😉 .

Lo del surrearecurso lo digo en serio. Porque se fundamenta, entre otros espectaculares argumentos, en una especie de hiperconspiración político-fiscal-judicial-periodística urdida para fabricar en Arona un tinglado de corrupción a lo Marbella. Olga López Lago, la abogada de Madriz contratada por el Bertismo de CC, PP y CAN-CCN (con fondos públicos) para su defensa llega incluso a identificar a los protagonistas de esa conspiración: Fiscalía General del Estado, la Fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo Inmaculada Violán, el decano de los juzgados de Arona (Nelsito), el abogado Felipe Campos y el PSOE. Toma yaaa, jajajajajajaj.

Entre los ‘irrebatibles’ argumentos que expone la Olgada abogada ante la Audiencia, agárrense, destaca el de que el juez Nelson ¡¡¡¡es un inquisidor!!!! Jajajajajajajajajaja, al final va a resultar que a la Olgada abogada de Madriz se le va todavía más la pinza que a Berto, el ex alcalde inhabilitado que sigue firmando decretos y usando recursos consistoriales como si nada. Y de verdad que lo digo en serio. En ese recurso alude a los métodos “inquisitoriales” del decano de los juzgados de Arona varias ocasiones, por si una sola no bastara para dejar estupefactos a los magistrados de la Audiencia que tienen que valorarlo 😆 .

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Se empieza a gestar la propuesta de disolución del Ayuntamiento de Arona

El Ayuntamiento aronero (con su alcalde ilegal, condenado y plurimputado a la cabeza), se dispone a seguir los pasos de Marbella: el gobierno bertista al completo, expuesto a irse al garete por apología de la corrupción.

La negativa de CC y CAN a acatar la instrucción de la secretaría general del Ayuntamiento y de la Junta Electoral Central sobre el cese ex lege del alcalde por causa sobrevenida de incompatibilidad y su escandaloso pleno del martes han terminado de encender las alarmas anticorrupción. Ya no es solo que el alcalde, varios concejales de su gobierno y varios técnicos municipales estén imputados en megaquerellas de corrupción urbanística, económica y de favores (Casos Arona 1, 2, 3,…). Ni es solo que a eso que, además, el primer edil haya sido condenado por prevaricación en la contratación de personal. Ni se trata ya tan solo de que el alcalde se niegue a acatar la instrucción de cese por incompatibilidad que dio la secretaria municipal a raíz de esa condena.

Ahora es que además el gobierno bertista de Coalición Canaria al completo y sus colegas del CAN-CCN han plantado cara al Estado de Derecho arrogándose competencias de Tribunal Constitucional y de Tribunal Supremo para ‘absolver’ al alcalde de su causa de incompatibilidad y para permitirle saltarse la legislación que determina su obligación de dejar el cargo.

Eso de que el pleno es soberano y decide si cumple o no las leyes, y de que la soberanía popular de las urnas es incuestionable, diga lo que diga San Berto, son barbaridades muy muy bárbara. Tanto como para someter su retirada del poder y la de todo su equipo de gobierno al Consejo de Ministros. Uffff, esto si es que es marchaaaaaaaaaaa. En realidad ya hace muuucho que hay motivos para impulsar esa propuesta de disolución política. Y lo ocurrido esta semana en el salón de plenos de Arona ha sido la confirmación de que los gobernantes de este municipio del Sur de Tenerife no sienten ningún respeto por la legalidad y de que no dudan en usar su poder público para satisfacer sus intereses y deseos particulares.

Decía ayer el alcalde ilegal de Arona que con la celebración del circo plenario que ha acordado eximirle de cumplir la legislación que le obliga a cesar por incompatibilidad sobrevenida provocada por una condena de prevaricación continuada, que tras ese pleno “la normalidad” retornaría a Arona. Sí, claro, la normalidad normal de Aronalandia, porque otra cosa… 😉 .

Mañana intento contarles más detalles (en realidad es que debería haber esperado unos días para pasarles la filtración y no he aguantado las ganas).

Si quieren recordar y/o hacerse a la idea de qué implica elevar una petición de disolución de corporación, pueden ir echando un vistazo a lo que ocurrió en Marbella en 2006: Real Decreto Disolución Ayuntamiento de Marbella, BOE 2006 (<– pinchar para descargar pdf).

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¿Podría ser disuelta la nueva corporación bertista por el Caso Arona?

Pues a saber. Pero…

Pero leyendo el enlace que me pasó ayer un seguidor del blog (identificado como Democracia Real Ya) al Real Decreto por el que se dispuso en 2006 la disolución del Ayuntamiento de Marbella, yo, sinceramente, hasta me creo un poco más que tan psicotrónica posibilidad pudiera llegar a darse en el sur de Tenerife…

Y aprovechando que el tema está de actualidad y que este debate se ha extendido por el Ayuntamiento y por el municipio como la pólvora, posteo por aquí algunos fragmentos del Real Decreto de disolución de la corporación marbellí (caso único en España) para que vean que hay ciertas similitudes de peso entre Arona y Marbella.

Sucintamente los hechos que justifican la disolución del Ayuntamiento de Marbella son los siguientes:

La contravención sistemática de la legalidad por la actual Corporación en el otorgamiento de licencias en materia de urbanismo, así como su absoluta falta de colaboración con la Junta de Andalucía, al desatender sus numerosas solicitudes y requerimientos referidos a actos viciados de nulidad, paralización de obras ilegales, incoación de expedientes sancionadores y restablecimiento del orden jurídico perturbado.

La inactividad del Ayuntamiento ante los distintos requerimientos judiciales para la paralización de obras, así como otras irregularidades, que incluyen permutas y enajenaciones de inmuebles contrarias a la legalidad y la concesión directa para uso privativo de bienes de dominio público afectos a equipamientos o constitutivos de zonas verdes.

El artículo 61.1 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, prevé que el Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del consejo de gobierno de la comunidad autónoma, o a solicitud de éste, podrá disolver mediante real decreto, y previo acuerdo favorable del Senado, los órganos de gobierno de las corporaciones locales «en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de obligaciones constitucionales». 

“Como segunda consideración fundamental, cabe apreciar la afectación al interés general de la Nación desde una perspectiva institucional que apunta al normal funcionamiento de una Administración Pública, y ello teniendo en cuenta dos circunstancias. La primera de ellas se refiere a que, aunque se trate de una corporación local con un ámbito de autonomía constitucionalmente garantizado (artículo 140 de la Constitución Española), no por ello puede considerarse dicha entidad local desvinculada completamente del Estado del que indudablemente forma parte, como resulta del tenor literal del artículo 137 de la misma («El Estado se organiza territorialmente en municipios…»). La segunda circunstancia alude al cúmulo y reiteración de los presuntos delitos cometidos (cohecho, alteración de precios en concursos y subastas, tráfico de influencias, delitos urbanísticos), así como al número de cargos públicos municipales imputados”.

“Las anteriores circunstancias no pueden por menos de generar un sentimiento de reproche por parte de la sociedad española en su conjunto, al quedar gravemente dañada la exigencia de funcionamiento ajustado a la legalidad de una institución de base o configuración democrática, siendo este sentimiento social generalizado y no circunscrito a los vecinos del Municipio, lo que revela el alcance o afectación al interés general de la Nación desde esta perspectiva institucional“.

“En tercer lugar, hay que señalar que la situación anteriormente descrita de los miembros de la Corporación, que indudablemente supone un escándalo político, provoca alarma social, el descrédito de la democracia municipal y genera la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones democráticas“.

“Asimismo, estos hechos afectan, junto al interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al interés general de la Nación, atendiendo a la repercusión negativa que la actuación del Ayuntamiento de Marbella ha supuesto, a través de la proyección exterior de España, para las relaciones económicas con otros estados, dado el considerable volumen de inversiones extranjeras en el sector inmobiliario localizadas en el término municipal de Marbella”.

“A todo lo anterior, se añade que las irregularidades continuadas en la actuación urbanística desarrollada por el Ayuntamiento de Marbella vulneran lo dispuesto por los artículos 45.2 y 47 de la Constitución Española, que imponen a los poderes públicos el deber de velar por la utilización racional de los recursos naturales, preservando de esta forma el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado, así como la obligación de promover las medidas adecuadas para que la utilización del suelo se haga de acuerdo al interés general“.

¿Algunos de esos párrafos no les recuerdan del todo a Arona? Joer, igual son cosas mías por el entusiasmo que tengo de que la Justicia mueva ficha por estos lares y de que se despeje al final el bestseller del Caso Arona… Pero de verdad que algunos de los párrafos anteriores me parecen casi escritos para el Ayuntamiento aronero.

Entre Arona y Marbella hay algunas diferencias de peso. Está claro. Entre otras muchas cosas porque aquí no tenemos una Isabel Pantoja. Pero imposible no es… (lo de la disolución decía, no lo de la Pantoja, que fue detenida justo después de actuar en Arona, antes de las pasadas elecciones, jajajajajaj).

Pero si echamos la imaginación al vuelo, aquí, de darse tal posibilidad durante los próximos meses, podría hasta llegar a ocurrir que en vez de ser nombrada una comisión gestora (como sucedió en Marbella) fueran convocadasa de elecciones parciales para la constitución de una nueva corporación. Si, ya, es posible que se me haya ido la pinza del todo 😉 , jajajaj, pero lean este párrafo del Real Decreto que ordenó dicha disolución y verán a qué me refiero:

Por último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, y de acuerdo con el Consejo de Estado en dictamen del 6 de abril, al no proceder la convocatoria de elecciones parciales para la constitución de una nueva Corporación, puesto que por la fecha en que ésta debiera constituirse, el mandato de la misma resultaría inferior a un año, hasta tanto expire el mandato de la Corporación disuelta, la administración ordinaria de sus asuntos corresponderá a una Comisión Gestora designada por la Diputación Provincial de Málaga, cuyo número de miembros no excederá del número legal de miembros de la Corporación y ejercerá las funciones de Alcalde aquel vocal que resulte elegido por mayoría de votos entre todos los miembros de la Comisión.

O sea, en ese caso no procedía convocar elecciones parciales porque apenas quedaba un año de mandato. Pero es que en Arona parece es firme que el cierre de la instrucción de esta causa sobre corrupción y las pertinentes conclusiones, saldrán antes de final de año. Vale que llevamos años con rumores similares, pero es que esta vez no son simples rumores. Y además, algún día tendrá que acabar esta instrucción que arrancó en 2007…

A todo esto, y para evitar que mis convicciones personales y mi anhelo de que pase algo les pueda impedir o dificultar sacar conclusiones objetivas sobre si es posible o no que sea disuelta la actual corporación aronera, tengan en cuenta que yo estoy dando por hecho que varios integrantes del actual grupo de gobierno de la CoCa bertista van a ser inhabilitados y apartados de sus cargos políticos. Y no tengo pruebas de que así vaya a ser, solo indicios y confianza.

((Pinchar a continuación para leer el anuncio oficial del citado Real Decreto: Decreto disolución Marbella, BOE 2006 ))