El derribo de adosados en La Escalona, a puntito de caramelo

Los tribunales reclamaron al Ayuntamiento de Vilaflor desde el pasado mes de noviembre la ejecución forzosa de la sentencia relativa a esas demoliciones

El secretario judicial del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de Santa Cruz de Tenerife emitió una diligencia a finales de 2010 “dando por solicitada la ejecución forzosa de la sentencia firme” del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anuló en 2009 la licencia de obras que amparó la construcción de 27 adosados en el Camino Real de La Escalona (Vilaflor).

En concreto, dicha licencia otorgada vía decreto en 2006 por el actual alcalde, Manuel Fumero (PSOE), autorizaba a la empresa Tenearona S.L. la construcción de 76 chales pareados en el Camino Real de La Escalona. La edificación de esa promoción fue interrumpida a raíz de un recurso presentado por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN).

Los tribunales han dado la razón a este colectivo en todas las instancias, anulando la citada licencia urbanística y, en consecuencia, instando a la administración local chasnera a restituir la legalidad y la realidad física alterada. Para el común de los mortales eso significa que los citados adosados deben ser demolidos. Sin embargo, el alcalde siempre ha mantenido que eso no es así y que dichas edificaciones no serán demolidas (afirmación que volvió a hacer en prensa hace un mes).

Pero diga lo que diga el alcalde desde las alturas, los jueces hablan bastante más alto que él (supuestamente al menos, jajaja). Y frente a la reclamación de ejecución forzosa de sentencia que presentó ATAN el año pasado, lo que dicen las instancias judiciales es que ésta es “una sentencia de hacer”, o sea, que en este caso no hay más tu tía y que dichas viviendas deben desaparecer del mapa.


Es más, en la citada diligencia judicial de noviembre de 2010 se requirió a la Administración demandada para que justificara en el plazo de 10 días “si ha procedido a la ejecución de la sentencia dictada en este procedimiento o en su caso, las razones que lo hubieran impedido”. Asimismo, el secretario judicial dio traslado de la solicitud de ejecución forzosa de dicha sentencia para que efectuara las alegaciones que estimara pertinente en el mismo plazo de 10 días. 

El Ayuntamiento y el alcalde de Vilaflor llevan años intentando demorar en lo posible la ejecución de dicha sentencia, pero dado que es firme y que tanto el demandante (ATAN) como los tribunales hace meses que reclamaron la ejecución forzosa de la misma, los derribos de esas viviendas no amparadas por licencia (ya que la misma ha sido anulada judicialmente), están a puntito de caramelo.

–>Para leer las sentencias dictadas en relación a este caso y los recursos de ATAN, pinchar aquí.

(Ya cuento luego por qué el alcalde, por la cuenta que le trae, se resiste a ejecutar dicha sentencia).

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