Diligencia de ordenación de ejecución forzosa de sentencia para el Ayuntamiento de Vilaflor

Ésta es la orden judicial alusiva a la demolición de viviendas que el consistorio sigue demorando

Los tribunales han revocado la licencia otorgada en 2006 por el alcalde de Vilaflor, Manuel Fumero, para la edificación de 76 adosados y rechazaron en 2009 el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento de Vilaflor al TSJC y por el promotor de ese proyecto que se ha materializado en la construcción de 27 chalés adosados.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha resuelto que en dichas edificaciones “se vulnera la altura máxima permitida por la ocupación de las cubierta de las viviendas proyectadas, que alcanza un 43% de su superficie, cuando lo permitido es un 25”. Que el cerramiento delantero o retranqueo de la parcela incumple la alineación establecida en las normas subsidiarias vigentes en el momento de otorgamiento de la licencia. Que el retranqueo trasero “incumple claramente con lo establecido en la normativa urbanística. Y que parte de las edificaciones invaden una franja de suelo rústico sin contar con la “imprescindible” calificación territorial.

Así que lo que procede, como señala ATAN, es restituir la legalidad y la realidad física alterada, o sea, demoler esas edificaciones que actualmente no están amparadas por licencia.

Dicha sentencia la pueden consultar en la web de ATAN, y la que anuló la licencia en primera instancia y ha puesto al alcalde en una complicadíííííísima situación, la estoy buscando en mis cajas de papelotes :-p (la encontraré, tranquilos, jajajjaja).

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El derribo de adosados en Vilaflor, a puntito de caramelo“, publicado en BlancaHari el 16 de junio.

El juez amplía la querella del Caso Granadilla y cita a un montón de gente a declarar

La gestión cultural de la anterior etapa socialista está ahora en la picota judicial, justo cuando el PSOE retorna al gobierno

El juez que instruye el Caso Granadilla (también denominado causa contra el PSC-PSOE) ha reactivado este procedimiento que parecía dormido, y ha incorporado al mismo presuntas irregularidades cometidas en materia cultural y de contratación durante la anterior etapa socialista del Ayuntamiento de Granadilla (hasta 2003).

En concreto, ha añadido a la querella inicial una parte de la auditoría que encargó el gobierno saliente de CC, PP y SSP (2007-2011) sobre la gestión cultural de sus antecesores socialistas. Y ha citado a declarar a un puñado de técnicos y de personal municipal, así como a varios concejales de aquella etapa. Ese desfile judicial arrancará a final de este mes y se prolongará durante varios días.

A ver cómo explico el batiburrillo judicial y político que se ha liado…

Esta querella fue presentada por la fiscal Anticorrupción en 2007 a raíz de una denuncia que le había remitido la ex alcaldesa de CC, Carmen Nieves Gaspar, cuando estaba en la oposición (poco antes de las pasadas elecciones). El procedimiento arrancó con la imputación del que ahora ha vuelto a ser alcalde, Jaime González Cejas, y de los integrantes de la Junta Local de Gobierno de la etapa 2003-2007. Entre los presuntos delitos que se les imputó figuran prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Para ver más detalles, consultar un artículo publicado en Canarias Ahora publicado el pasado 7 de junio y titulado “La denuncia contra González Cejas, paralizada en Fiscalía“.

Durante el pasado mandato, el pacto de gobierno que sentó a los socialistas en la bancada de la oposición (CC, PP y SSP) encargó una auditoría sobre la gestión de sus antecesores y trasladó a los juzgados las irregularidades de gestión detectadas en la misma. Hasta ahora, sin embargo, no había trascendido ningún ‘movimiento’ judicial en relación a la misma. Hasta que hace unos días el titular del juzgado número tres de Granadilla de Abona decidió incorporar una parte de esa auditoría a la querella inicial (como dije más arriba, relativa a presuntos delitos en la gestión cultural y en los procedimientos de contratación de la anterior etapa socialista).

Paradójicamente, la ampliación de esta querella y las nuevas citaciones coinciden con el retorno al gobierno de los socialistas y de tres de los imputados durante la laaaaarga fase inicial de esa instrucción: el otra vez alcalde, Jaime González Cejas, y los ediles Nicolás Jorge y Ana Esther Flores.

La guinda de esa paradoja es que el encargo y traslado judicial de esa auditoría que ahora complica la situación del alcalde, de dos de sus ediles y de al menos una de sus ex edilas (la ex concejal de Cultura, Ana María Casimiro), ha sido abanderado por dos grupos que han pasado a la oposición (CC y SSP) y, tachaaaaaaan, por el PP que encabeza Esteban González, ¡¡que ahora es socio de gobierno de los socialistas!! Bueno, no es solo socio de gobierno, sino el que les ha permitido recobrar la alcaldía y volver al gobierno.

Y para terminar de bordar el batiburrillo, el portavoz popular justificó su pacto de 2007 con CC y los ecologistas antipuerto de Sí Se Puede, así como el envío a la oposición del que había sido el partido más votado (PSOE), ¡en las dudas que abrigaba sobre la legalidad de la gestión de los sociatas de González Cejas! Jajajajaj, y según pacta con ellos se complica aún más la situación judicial de sus socios de gobierno. Y encima, como consecuencia de una investigación y denuncia apoyada por él ¡no es gafe ni nada el Esteban, jajajjajaja!

Ya postearé más cosillas sobre este procedimiento judicial en el que están imputados gobernantes y ex gobernantes granadilleros, personal de banca, empresarios vinculados a la construcción, técnicos municipales,… Y a partir de ahora seguramente también los responsables de alguna empresa y de una asociación ‘cultural’.

Uy, por cierto, esta ampliación de la querella fue acordada antes de que el PSOE retornara al gobierno granadillero. Lo matizo antes de que algun@ se lance a hacer conjeturas sobre una conspiración judicial en contra del gobierno PSOE-PP o algo así…

El proyecto del Tren del Sur y su Estudio de Impacto Ambiental, a información pública

Los interesados en conocer ese proyecto ferroviario deben ir hasta Santa Cruz-Laguna, puesto que el Cabildo tinerfeño no ha tenido el detalle de exponerlo en el Sur

Anuncio BOC Tren del Sur (15-06-11)

Ya ha comenzado a contar el mes de plazo del que disponen los ciudadanos y los ayuntamientos sureños para consultar y presentar alegaciones y sugerencias al proyecto básico y al estudio de impacto ambiental del Tren del Sur (paso previo a su aprobación definitiva y supuesta ejecución).

Y, como de costumbre, ni el Cabildo de Tenerife ha tenido el detalle de exponer esa trascendente documentación en la zona a la que alude el proyecto, ni los ayuntamientos de los municipios afectados han movido un dedo para intentar que cuando llega la hora de la verdad la Administración insular acerque esa información, facilite su consulta y la presentación de alegaciones a los ciudadanos que se van a ver afectados por la misma.

Bueno sí, algo sí que han hecho los políticos de la CoCa aronera e insular: hicieron una rueda de prensa justo antes de elecciones y exhibieron propaganda sobre esa infraestructura en lugares vistosos de Arona (solamente en los vistosos, que estamos en crisis y hay que ahorrar). Y también han hecho circular una Oficina Móvil de Información del Tren, pero ahora que llega el momento de la consulta oficial y que se abre el plazo de alegaciones y sugerencias, ¿sigue rulando esa oficina? Y si así fuera, ¿dónde se puede consultar su ruta? Porque lo último que he encontrado en la web en ese sentido data de marzo (trenesdetenerife.com ).

Total, la obrita prevista sólo atraviesa el territorio sureño y cuanto se cruza en su camino, barrancos, montañas, edificaciones y cultivos incluidos. Y en cuanto a espacios naturales protegidos significativos, naaaaa, ni para preocuparse. Masacra entre otras cosillas un cacho del Monumento Natural Montaña de Guaza, pero total, que más dará un ‘acribillamiento’ más a ese paraje supuestamente protegido. Seguro que ningún aronero ni sureño en general siente ganas de alegar nada contra el proyecto.

Grrrrrrrrr (es un gruñido, por si no se entiende).

Así que ya saben, para consultar y presentar alegaciones al proyecto ferroviario y a su impacto ambiental hay que trasladarse hasta Santa Cruz o hasta La Laguna. ¿Y se pude saber para qué carajo están entonces la Oficina Insular de Atención al Ciudadano de Arona o Güímar? Y ya puestos, ¿tanto cuesta colgar esa información en la web e informar de ello en anuncios oficiales como el publicado ayer en el boletín?

Cercanía al ciudadano, potenciación de la participación ciudadana, transparencia… Sí sí, ya lo veo. Y luego ‘los malos’ son los ecologistas, si es que…