Los vecinos del entorno de la iglesia del Valle reciben 2012 con una hostia del Ayuntamiento

El alcalde empezó a dejar caer ayer a los vecinos que tendrán que aflojar la pasta que les reclama el Ayuntamiento, aproximadamente un millón de euros

Los titulares del centenar de viviendas afectadas por el embolado de la unidad de actuación 1 de Valle San Lorenzo empezaron a recibir el 31 de diciembre las notificaciones de rechazo de sus alegaciones, de aprobación del proyecto de reparcelación y, veladamente, de las cargas urbanísticas que ‘les toca’ pagar.

Pasmados y anonadados están los vecinos de la unidad de actuación del entorno de la iglesia vallera. Y no es para menos.

El 31 de diciembre empezaron a recibir  tenebrosas notificaciones del Ayuntamiento de Arona informándoles, entre otras cosas engorrosas de entender, de que han sido rechazadas todas las alegaciones que presentaron contra el sorpresivo millón de euros que les reclama esa administración desde junio (justo justo después de las elecciones municipales). Y ayer 3 de enero el alcalde –el imputado por delitos urbanísticos, económicos y de contratación Berto González Reverón–, empezó a entonarles un ‘Donde dije digo Diego’ relacionado con el psicotrónico millón de euros que supuestamente les iba a pagar el empresario Pedro Suárez.

Mientras estaban vigentes los plazos para que los vecinos afectados recurrieran ese embolado, el alcalde y su gobierno de Coalición Canaria los camelaron asegurándoles que no iban a tener que desembolsar ni un euro. “Tienen mi compromiso personal de que esto se va a arreglar”, les reiteró el alcalde en varias reuniones, instándoles a ignorar las reclamaciones de cobro que les había remitido el Ayuntamiento de Arona. La solución comprometida era que ese milloncete de euros sería asumido por los empresarios que están intentando legalizar y desbloquear las licencias de los edificios a medio construir que tienen en ese sector de suelo. Los vecinos se embriagaron y contagiaron del ambiente de fe en el que están enclavadas sus viviendas, y optaron por encomendarse a San Berto el alcalde y a San Pedro Suárez el constructor (con cuyo representante legal también se han reunido sin demasiado feeling). Sin firmar nada. Fe pura, vamos… (me consta que algun@s no se fiaron jamás, pero como tampoco denunciaron, han quedado igual de expuestos al opio del pueblo).

A quienes no creemos nos cuesta entender actos de fe como ése. Pero oigan, sin dejar de tener en cuenta que con eso de que la fe mueve montañas, igual hasta se producía el milagro.

Tan devotos se hicieron de esos supuestos santos, que hasta me tacharon de impía y condenaron mi supuesta crueldad por publicar la ‘mentira’ de que el gobierno bertista había dado órdenes secretas para agilizar la aprobación y cobro de cargas de esa unidad de actuación y de que estaban a punto de caerles encima las notificaciones y las liquidaciones. (Un afectado hari que sabe que conscientemente BlancaHari no miente nunca, hasta se preocupó por mí por la posibilidad de que me hubieran colado una información falsa para pillarme en un renuncio). Pero ya ven lo reales que se vuelven las mentiras cuando toca tratar a Berto y al Bertismo en el plano terrenal (jeje, y qué más terrenal que el urbanismo 😉 ).

Lamentablemente, lo que se está cumpliendo es la profecía sobre el peligro que se cierne sobre los bolsillos y cuentas corrientes de los titulares de 100 viviendas y locales afectados por el cambalache urbanístico que les han liado los políticos.

El desolador parte de novedades que daban anoche los afectados era que en los últimos días vari@s ediles del gobierno se mostraron repentinamente esquivos con ellos. Y que, para acabar de desesperanzarse, ayer el nada santo alcalde les empezó a decir que no. Que claro… Que ahora que se ha aprobado el proyecto de reparcelación que se va a ejecutar en su entorno, lo que toca es sentarse a ver cómo hacer o si se puede hacer algo para aliviarles su dura carga. Porque, evidentemente, los empresarios con lo suyo tienen, no van a apechugar con lo que les toca a otros.

De momento, del “confíen en mí, no van a tener que pagar nada” (según cuentan los vecinos y según confirman las grabaciones secretas que hicieron algunos 😉 ), ha pasado al “bueno, lo de la obra de la plaza les toca a ustedes” y “Manoli dice que ese dinero hay que ingresarlo en el Ayuntamiento” sí o sí. Me contaba indignado uno de los afectados que solo esa factura (que me da a mí que serán más) significaría que los vecinos tendrían que pagar de media unos 4.000 euros por piso. (Jajajajaj, a mí lo que más me ha flipado de todo eso es que las culpas se las vuelvan a endosar a Manoli, la jurista de Urbanismo a la que han machacado durante años responsabilizándola poco menos que del Caso Arona por haber plasmado tantas ilegalidades en las licencias de obras que le tocaba informar).

Ains, y es que ahora mismo los titulares de esas 100 viviendas y locales a las que les ha caído una carga urbanística que ni siquiera sabían que tenían, lo tienen realmente jodido. Ya no pueden recurrir ese cobro ante los tribunales porque se les han vencido los plazos 😦 . Han entrado en el purgatorio ciudadano y están a expensas de la penitencia económica que el supremo Ayuntamiento de Arona les quiera imponer.

Tan relajado está el gobierno con ese vencimiento de plazos, que contaban los afectados que cuando un afectado le dijo que lo suyo ya era un cachondeo chungo y que varios vecinos están decididos a ir a los tribunales, éste le habría respondido “con un chulesco pues que vayan”, aunque atenuando con un “el próximo lunes nos sentamos a negociar”.

Como de costumbre, pasa por alto un detalle importante: Los vecinos (unas 400 personas entre madres, padres, hij@s y abuel@s acoplados) a los que el ha Ayuntamiento ha llegado a reclamar por escrito una deuda de un millón de euros, están cabreados. Están descubriendo ahora que las licencias que amparan las viviendas que a ellos les certificaron y cobraron como legales, son ilegales. Y que esas licencias ilegales guardan relación con la imputación por delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación ‘ordinaria’ continuada que están a punto de llevar a juicio al alcalde y a numerosos concejales. Pero a ver Bertito, ¿qué pasaría si alguno de los afectados o todos en tropel se presentan en Fiscalía como afectados de las decisiones ilegales imputadas a gobernantes aroneros en el Caso Arona? ¿Se le habrá pasado por alto que tanto la fiscal que presentó la querella contra la junta de gobierno aronera del 2003-2007 como la acusación particular de Felipe Campos y ¿Antonio Espinosa? han apostado siempre por que esos descerebrados urbanísticos paguen de su bolsillo el coste de sus barbaridades-ilegalidades? De entrada, la fiscal valoró en más de 40 millones de euros el coste económico de las ilegalidades cometidas por los gobernantes aroneros al otorgar licencias, miren por dónde, en unidades de actuación no gestionadas.

Como estamos a un día de la magia de los Reyes Magos, casi que lo mejor es confiar en que la fantasía de que un empresario como Pedro Suárez regale un millón de euros a los vecinos y de que Berto, por una vez, no mienta a los vecinos en los temas graves que les ha liado por saltarse la ley a la torera.

¿Que no se cumple el deseo navideño y les cobran las esperpénticas cargas urbanísticas? Pues si en plan dulce no, les queda la opción de ir en plan duros: denunciar por vía penal la ilegalidad urbanística de la que son víctimas y reclamar que los responsables políticos de la misma asuman los costes de su bolsillo. A cualquiera le da escozor pensar en verse metido en esos berenjenales judiciales. Pero es que la corrupción es un infierno jodido (la presunta y la que no), y a quienes no pelean por sus derechos, los putean una y otra vez…

Por cierto, la Iglesia ha logrado escaquearse de la unidad de actuación que linda con ella. Quizás por eso no ha puesto el grito en el cielo ante tan pecaminosa gestión urbanística. Porque aquí de lo que estamos hablando es de que el Ayuntamiento quiere cobrar ahora a los vecinos las cargas urbanísticas que perdonó a los promotores-constructores de sus pisos, y el dinero que esa administración gastó de más asumiendo porque sí obras que no le correspondían y que, encima contrató de forma ilegal.  ¿Pero cómo no van a estar anonadados y en shock los vecinos? Xd, si es que parece ciencia ficción…

Como me sabe mal que les esté cayendo esta penitencia precisamente en estas fechas, por si les vale de algo, Felipe Campos tiene previsto venir a Arona dentro de unos días para reunirse con vecinos afectados por el Plan General. Si quieren l@s infiltro en la reunión y le sacamos una consulta gratuita a Felipe sobre la unidad de actuación del Valle (jajajjajajaja, una de las peores cruces de Berto y Pedro Suárez por el calvario legal y judicial que les está haciendo pasar 😉 ).

Un ex director mío de prensa me hubiera dicho que lo correcto y cortés hubiera sido poner en el titular “oblea” en vez de “hostia”, pero es que lo de que el Ayuntamiento aporrea a los vecinos de la UA de la iglesia con una oblea, suena demasiado fino para lo tosco y bestia que es este embolado.

El Ayuntamiento de Vilaflor y su alcalde, expuestos a la ruina por una licencia ilegal

Los tribunales han abierto la puerta judicial para que el primer edil asuma de su bolsillo el coste de una indemnización millonaria

Resulta que el alcalde de Vilaflor, Manuel Fumero (PSOE), concedió en enero de 2006 por decreto una licencia municipal de obras que ha sido revocada en firme por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por no ser conforme a Derecho.

Ese permiso municipal tenía todos los informes en contra (técnicos y jurídicos) porque el proyecto urbanístico planteado incumplía en varios aspectos el ordenamiento jurídico. Pero así todo, el alcalde se empeñó en autorizar el proyecto de construcción de 76 adosados junto al Camino Real La Escalona. Hasta ahí contentísimos el alcalde (porque según explicó luego es fundamental estimular el crecimiento poblacional en el municipio), los propietarios iniciales del suelo por sus ganancias (vinculados a la familia Reverón, propietaria de viñedos y de una bodega ubicados en esa zona) y los promotores (la empresa Tenearona SL, cuyo representante, Carlos de la Rosa, es técnico de Urbanismo del Ayuntamiento de Arona).

Peeeero no todas las partes estaban igual de felices con esa obra que para muchos es un atentado urbanístico por el impacto paisajístico y ambiental que produce en el entorno en el que se ubican los chalés. Y a finales de ese año 2006 el colectivo ecologista ATAN denunció varias anomalías relacionadas con ese proyecto.

En 2008 el titular de la sala de lo contencioso número 3 de Santa Cruz de Tenerife (el magistrado Francisco Plata) determinó que esa licencia es contraria a derecho y la revocó. Y lo hizo, además, cargando tintas contra el alcalde, reseñando que “no alcanza a entenderse como se concede la licencia sin tan siquiera motivar en la resolución recurrida las razones determinantes del no acogimiento de las citadas objeciones” del técnico municipal. A ese respecto, el magistrado llega incluso a indicar que esa forma de proceder “pudiera determinar en su caso la responsabilidad del citado alcalde conforme a las previsiones contenidas al efecto en el artículo 189 1 b) 2 del citado Texto Refundido”.

Reproduzco a continuación la parte de la sentencia que recoge lo que he expuesto (jeje, que entre otras cosas, conozco el andar de Fumerito, y éste es capaz de decir sin parpadear que es mentira lo que les he contado).

El articulito en cuestión viene a decir, nada más y nada menos, que “en las obras, instalaciones, construcciones, edificaciones, actividades o usos del suelo ejecutados o desarrollados al amparo de actos administrativos ilegales” las personas responsables serán “El titular del órgano administrativo unipersonal que haya otorgado las aprobaciones, autorizaciones o licencias sin los preceptivos informes o, dolosamente, en contra de los emitidos motivadamente en sentido desfavorable por razón de la infracción; los miembros de los órganos colegiados que hayan votado a favor de dichas aprobaciones, autorizaciones o licencias en idénticas condiciones; y el Secretario del Ayuntamiento que no haya advertido de la omisión de alguno de los preceptivos informes técnico y jurídico, así como el funcionario que, dolosamente, haya informado favorablemente con conocimiento de la vulneración del orden jurídico”.

(Pinchar a continuación para leer el artículo 189 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de los Espacios Naturales de Canarias, aunque les recomiendo leer también los artículos 187, 188 y 190, ya que guardan relación con otros embolados judiciales de actualidad como el Caso Arona).

Uy, y no solo eso, sino que el magistrado también dispara penalmente contra el alcalde de cumbre. Pueden leer el taponazo que le da el magistrado en ese sentido en la siguiente página (punto sexto), la cual, además, contiene el fallo de anulación de la mencionada licencia “por ser no conforme a Derecho”.

Desestimación de la apelación y avance hacia las demoliciones.

En 2009 el TSJC ratificó ese fallo y desestimó el recurso de apelación que habían presentado contra el mismo el Ayuntamiento de Vilaflor y e el promotor (Tenarona SL). El cumplimiento de esa sentencia, como indica ATAN, pasa por restaurar la realidad física y el ordenamiento jurídico alterados con esa licencia que ha sido revocada. Y, según el citado colectivo ecologista, ello pasaría sí o sí por el derribo de las 26 viviendas construidas en base a una licencia que ya no existe.

La cosa es que esa restauración de la legalidad ha entrado ya en fase de ejecución forzosa, con lo que más pronto que tarde acabarán los vericuetos a los que intenta agarrarse al alcalde  para demorar ese asunto. Y más pronto que tarde el Ayuntamiento deberá ejecutar el citado fallo judicial, promover las demoliciones de chalés y compensar económicamente a las partes afectadas por esa licencia ilegal.

En ese sentido, ATAN ha dejado claro que peleará por que corra a cargo del alcalde y no del Ayuntamiento el coste de esas indemnizaciones millonarias que les corresponde recibir al promotor y a las 11 familias que habían comprado adosados en esa promoción.

¿Van entendiendo por qué Manolito Fumero se desnervia todito con este tema? Bueno, lleva años ejercitando una terapia especial para intentar que esto le afecte lo menos posible. ¿Adivinan cuál es? Jajajajja, pues no solo ignorar los fallos judiciales que tienen al Ayuntamiento y a su propio bolsillo expuestos a la quiebra, ¡¡¡¡¡¡sino negando que todo esto sea cierto!!!!! Pero es que se cabrea y todo con quienes le llevan la contraria y osan decir que concedió una licencia ilegal, que las sentencias dictadas apuntan a derribos de los adosados amparados por su licencia o que la cagadita le puede salir carísima al Ayuntamiento y a él mismo. Jajajaj, a este paso nos lo vemos incurriendo en desacato por incumplimiento de sentencia…

Pero la historia sobre cómo se las gasta el alcalde con temas como éste, ya la cuento otro día.

Por cierto, ATAN ha reiterado ante los juzgados la ejecución forzosa de dicha sentencia (o sea, los derribos).

Otros post de BlancaHari relacionados:

“El derribo de adosados en La Escalona, a puntito de caramelo” (16 junio 2011).

“Diligencia de ordenación de ejecución forzosa de sentencia para el Ayuntamiento de Vilaflor” (17 junio 2011).

–>Continuará

Preparan la factura para que el alcalde pague de su bolsillo los dos millones de euros que ha pifiado

Felipe Campos, Paco Santamaría y el de la mochila se han activado ya para invocar la ley de responsabilidad patrimonial personal en contra del faraón aronero

Al alcalde de Arona, Berto González Reverón (CC), podría costarle muy cara la pifiada que ha hecho con el centro comercial Zentral Center. Tanto el Código Civil como el Código Penal españoles contemplan la posibilidad de que los políticos afronten con su patrimonio personal las cagadas económicas que cometan cuando gestionen de forma kamikaze y eschavetada los fondos, recursos y servicios públicos.

Uffff, y un secretario municipal, tres abogados, dos juristas municipales, varios empleados públicos de áreas económicas (uno de ellos de la Audiencia de Cuentas) y dos alcaldes, coinciden en que Berto tiene muuuuchos puntos para ser condenado a pagar los platos que ha roto en el Ayuntamiento. Bueno, en realidad los ha roto en el centro comercial que confiscó por razón de -su- interés público, pero pretende que los pague el Ayuntamiento que lanzó en plan okupa sobre esa propiedad privada. (No he hecho todas esas consultas en los últimos días; llevo años siguiendo la pista a los 14 convenios urbanísticos que firmó Berto cuando llegó a la Alcaldía. Desde el primer momento estuvo claro que esos convenios y sus cláusulas indemnizatorias eran la crónica de una muerte económica anunciada… Me consta que fue prevenido hasta la saciedad: yo en aquella época trabajaba en el Ayuntamiento de Arona. Pero él prefirió defender que el fin justifica los medios).

Y por si el Ministerio Fiscal o magistrados como el del Caso Arona se despistan, ya hay quienes se han mostrado dispuestos a activar los mecanismos administrativos y judiciales necesarios para lanzar contra la cartera de Berto la legislación vigente sobre responsabilidad patrimonial personal de los políticos. Jeje, de momento he confirmado que hay tres inqueridos del alcalde dispuestos a blandir contra él esas leyes: el abogado Felipe Campos, Paco Santamaría (del otro PSOE aronero) y José Antonio Reverón ‘el de la mochila’ (en tránsito entre el otro PSOE y Ciudadanos por Arona). Jajaja, el trío que suele amenizar las mañanitas políticas y judiciales más amargas de Berto ¡y ahora encima atentando contra sus perras! Uffff, prepárense que se avecinan nuevas escenas de acción, de drama, victimismo y de risas en el peliculón político cirsense aronero.

Digo lo de si se despistan los fiscales y el magistrado de mi caso judicial favorito, porque aunque la sentencia que ha condenado al Ayuntamiento a pagar una indemnización de unos dos millones de euros no tiene nada que ver con esa causa, el convenio urbanístico que ahora está pasando factura de cobro a las arcas municipales tambieeeeeen forma parte del Caso Arona. Jajajaja, Xdios, ese procedimiento judicial en el que deben estar imputados ya alrededor de 100 gobernantes y ex gobernantes municipales, consejeros del Cabildo, funcionarios, policías, técnicos, empresarios y vecinos (hace un año iba por 64 imputados) ¡¡¡¡¡es Roma!!!!!

Jajaja, todos los caminos de la politíca y casi todos los de los grandes negocios de este municipio conducen a esa Roma judicial. Uysssssss, que ya sé quién es Nerón! Jajajajajja, cuánto juego da el temita romano: leones, emperadores, esplendor y decadencia, política, corrupción, traiciones, luchas ideológicas, religiosas y de poder, urbanismo ¡y Derecho Romano! Ays, qué bien le hubiera venido a algun@s emputados saber algo sobre esa materia… Ups, 😮 me acabo de acordar de que Berto es licenciado en Historia. Jeje, se ve que se perdió alguna clase (por no decir que igual memorizó la asignatura para aprobar el exámen pero no la asimiló). Jajaja, además, los romanos tuvieron trato con Egipto, sus pirámides…

Ups, mejor me corto de seguir por este camino que si sigo desparramando voy a acabar diciendo a quién le he adjudicado el papel de Nerón y a ganar votos para acabar en las mazmorras del circo romano (jeje, me impone mucho más respeto Nerón que Bertodafi o Bertankamon 😉 )

Las alcaldadas del convenio que costará dos millones de euros a los aroneros (algunas de ellas)

Se saltó prácticamente todos los trámites legales y burocráticos, y los sustituyó por promoción periodística

En 2003 (el año que Berto González Reverón llegó a la Alcaldía) firmó el convenio y lo incorporó a la revisión del Plan General de Ordenación de Arona. Pero lo hizo:

1) Prescindiendo de informes jurídicos municipales –> Esos que le hubieran advertido de que el convenio era contrario al ordenamiento jurídico vigente, como argumentó la Cotmac en 2007 para tumbarlo del PGO)

2) Omitiendo informes económicos municipales –> Esos que le hubieran prevenido de su obligatoriedad legal hacer tasación económica que fijara el precio de los alquileres, el precio del metro cuadrado frente a una posible compra o la proporcionalidad de una posible indemnización económica)

3) Prescindiendo de informes y trámites de Contratación Pública–> Los cuales le hubieran prevenido de que está estipulado legalmente que una adquisición patrimonial de esas características precisa ser sometida a concurso público, por si alguien da más y mejor por menos precio).

4) Excluyendo al Pleno del Ayuntamiento –> Ese que hubiera podido debatir y votar la aprobación y firma del convenio, dando legitimidad consistorial a un acuerdo de envergadura que el alcalde prefirió resolver por decretazo unipersonal). Por cierto, creo recordar que el convenio tampoco fue debatido en cómisión).

5) Desoyendo a tooooodos los que le advirtieron de que saltarse los trámites legales y burocráticos en un convenio urbanístico de esa envergadura que, además, incluía arriesgadas cláusulas indemnizatorias, era una locura que podía pasarle factura. –> Se escudó (y ha seguido escudándose) en que si se ponía a cumplir todos los trámites legales y burocráticos se eternizaría la disponibilidad y ocupación municipal de los locales (ya saben, eso tan peligroso y espantoso de que el fin justifica los medios).

– Lo que sí hizo y cumplió en la aprobación de ese y otros convenios convenios urbanísticos que ha resultado ilegales:

1) Incluyó uno de los pocos requisitos legales que sí podía medio cumplir: Aportar una memoria justificativa sobre las razones de interés público que justificaban ese contrato.

2) Presentó la firma del convenio en rueda de prensa (mejor me ahorro comentarios pa’ no encenderme).

3) Añadió a finales de 2003 una addenda con las cláusulas indemnizatorias para poder ocupar los locales antes de que el Plan General se aprobara.

4) Emitió numerosos comunicados y declaraciones a la prensa informando sobre un montón de cosas maravillosas que proyectaba en esos locales (jajajaj, las notas de prensa han sido fulminadas de la hemeroteca de noticias de la Web del Ayuntamiento, pero tengo alguna por ahí guardada, a ver si las encuentro).

En realidad, esa instalación cuyo ‘alquiler’ por siete años va a costar a las arcas públicas unos dos milloncetes de euros, sirvió para sacar a la UNED del centro cultural de Los Cristianos con el fin de hacer sitio en el núcleo playero a su ansiada radio gubernamental de Arona, y para reubicar ahí el Centro Comarcal de Adultos (Ashotel y me parece que también la Cámara de Comercio pasaron por estos locales confiscados a lo Bertodafi, pero no se quedaron).

5) Vendió ampliamente en prensa en 2009 la implantación del Centro de Adultos ¡cuando sabía desde 2007 que el convenio había sido rechazado por la Cotmac y sabiendo que debía todos los alquileres y gastos de mantenimiento de los locales, ya que desde su ocupación, en 2004, jamás se abonó nada por ellos! Jeje, y el Gobierno canario y la consejera Milagros Luis Brito entraron en el juego okupa (a pesar de que hasta la prensa de papel informó del sarao que rodeaba a la planta de locales municipalizados de Zentral Center)

6) Ignoró la orden de desahucio que los propietarios de Zentral Center le presentaron al Ayuntamiento en 2009 (lo que hoy se hubiera traducido en un ahorro de unos 600 mil euros frente a los aproximadamente 2 millones que deben asumir las arcas públicas).

7) Consignó partidas para comprar esas instalacionesen el presupuesto, pero no se ha atrevido a ejecutar la compra porque todos los informes son desfavorables y porque en sus últimos años de mandato sí le ha visto la cola al león judicial.

8) Echó (echa) las culpas de este caro y ridículo cambalache a Manuel Barrios en cuanto la cosa pintó fea (no a la cara ni públicamente, jajajaja, pero sí masivamente). Barrios, del Centro de Arona, era su socio de gobierno en el mandato 2003-2007. Llevaba Urbanismo y no tenía firma porque el alcalde no se la delegó.

Dicho tooooodo esto (y lo puedo acreditar prácticamente todo), añado algunos análisis y extractos legales relacionados con la responsabilidad patrimonial personal de los políticos (para que cada uno saque sus conclusiones):

–>Artículo 21 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial:

La Administración pública correspondiente podrá exigir de oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por los daños y perjuicios causados a la misma mediando dolo, culpa o negligencia grave, de conformidad con lo previsto en los artículos 145146 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 21 de este Reglamento.

–>Los tres tipos de responsabilidad patrimonial que distingue el profesor Alejandro Nieto en su artículo “La maldad natural de los servidores públicos”:

“(…) Las tres responsabilidades aparecen en el art. 121 del Código penal: “El Estado, la Comunidad Autónoma, la Provincia, la Isla, el Municipio y demás Entes Públicos, según los casos, responden subsidiariamente de los daños causados por los penalmente responsables de los delitos dolosos o culposos, cuando éstos sean autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o funciones siempre que la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos que les estuvieren confiados, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial derivada del funcionamiento normal o anormal de dichos servicios exigible conforme a las normas de procedimiento administrativo, y sin que, en ningún caso, pueda darse una duplicidad indemnizatoria”.

Los tribunales condenan al Ayuntamiento de Arona ¡¡por okupa!!

JAJAJAJAJAJA, ya es que me río en mayúsculas y todo. XD, que esto es el colmo! Jajajaj, es lo único que nos faltaba: un alcalde kinki que convierte al Ayuntamiento de Arona en una administración okupa por adueñarse de unos locales privados sin pagar nada por ellos. Jajaja, y como Berto se negaba a atender los requerimientos de desalojo del propietario, al final han tenido que ser los tribunales los que ordenen el desahucio de esta administración pública!!

Ays, no transcribo más risotadas para no parecer tonta del todo. Pero me estoy tronchandooooooo (otra vez, jeje, si es que no paro! Pero qué circo y qué payasos más buenos…).

Oooooooooooh… Pero lamento decirles que ‘by the moment’ no voy a contar mucho más sobre este chistosísimo serio asunto. Más que nada, porque aún tengo que confirmar parte de la información que me ha enviado anónimamente un ciudadano enrollado. Conozco el tema porque le llevo siguiendo la pista periodística y escribiendo sobre él desde hace años. Y el desenlace que me han contado a través del blog me resulta muy creíble (jeje, y ya tengo casi identificado al confidente).

Como el trasfondo y las consecuencias de este cambalache montado por Berto (el multi-imputado alcalde de Arona) son muuuuuuuuuuy serias, prefiero verificar todos los datos que me han hecho llegar sobre ese embolado antes de terminar de destornillarme de risa en el blog. Jeje, porque fuera de él, me estoy destornillando ya.

Que a ver, el tema en sí es tan grave, escandaloso y tan dramático, que visto fríamente de lo que dan ganas es de llorar. De hecho, las consecuencias económicas de esa Bertada kinki  pueden ser ruinosamente dramáticas tanto para el Ayuntamiento como para el propio alcalde (por un temilla legal llamado Responsabilidad Patrimonial personal de los políticos).

Jajajaj, de lo que me río es de lo surrealista y grotesco que resulta que puedan exisitir uno-s político-s tan kinkis como para transformar a una administración pública en una macarra abusadora y chunga que se apropia de lo que no es suyo y se mete a vivir dentro en plan okupa. Jajajaj, el-la juez que haya llevado el caso tiene que haberla flipado!

Aunque, sinceramente, lo que más más más risa me da es, que también esa bomba ¡venga a explotar precisamente en plena campaña electoral! Desde 2003 dando coletazos, y le viene a estallar a Berto en la cara justo ahora. La controvertida adjudicación del servicio de recogida de basura y limpieza viaria, la de jardines, mantenimiento municipal, electrificación; el polémico Plan General de Ordenación, las prebendas a los mupis,… Pero que gafeeeeeeeeee (¿o que torpe?), jajaj.

PD: El comentario del ciudadano chachi que me ha revelado esta información lo voy a mantener congelado (sin publicar) hasta que acabe de contrastar la información que me facilita. Así mantengo la expectación 😉