La sentencia ordena el desalojo municipal de 1.170 metros cuadrados de locales que usurpó en 2004 a una empresa privada en pleno centro de Las Américas

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife acaba de condenar al Ayuntamiento de Arona a indemnizar a la Compañía Popular Canarias S.A. con unos dos millones de euros por el incumplimiento de un convenio urbanístico firmado en 2003 entre esa entidad y el alcalde de Arona, José Alberto González Reverón.

Ese convenio festejado y anunciado a bombo y platillo durante años por el primer edil aronero de Coalición Canaria, contemplaba la obtención gratuita de 1.170 metros cuadrados de locales terminados en el centro comercial Zentral Center, ubicado en Las Américas. A cambio, el Ayuntamiento ‘solo’ tenía que hacer un pequeño trámite: recoger en el Plan General de Ordenación de Arona una modificación de usos de suelo en dos parcelas que pertenecían a la empresa propietaria de esa instalación que se cedía para el uso público. En concreto, el compromiso consistorial fue cambiar un suelo comercial y de oficinas a residencial permanente. Tal cambio urbanístico posibilitaba la construcción de 146 viviendas en el citado edificio Zentral Center y en el conocido como ‘del supermercado 2000″.

Como señala la sentencia judicial que acaba de salir a la luz, «se pactó que el incumplimiento de ese compromiso por el Ayuntamiento daría lugar a responsabilidad administrativa» y, se especificó que «en caso de que no se apruebe la modificación de usos pactada en la Revisión del Plan Genral o transcurra un plazo de cuatro años, quedaría sin efecto el convenio».

((Hasta ahí la cosa podría llegar a parecer hasta razonable. Pero no. Qué va. La temeridad política con la que ese convenio ha sido llevado a la práctica, es propio de un guión de payasos o de una peli de macarras.))

Una alcaldada tras otra
El alcalde se empecinó en disponer de los locales antes de que el Plan General entrara en vigor (se suponía que iba a hacerlo en 2004). Y, para lograrlo, añadió al convenio los alquileres y cláusulas indemnizatorias que ahora amenazan la estabilidad y solvencia económica del Ayuntamiento de Arona (y además en un momento en el que las arcas municipales están bastante maltrechas y desvencijadas, por no decir expoliadas…).

Exactamente, Berto González Reverón convenció a la citada empresa para que cediera al consistorio aronero el uso de esos locales antes de que el PGO recogiera la modificación urbanística tratada con la Compañía Popular Canarias. La oferta que plasmó por escrito fue que si el Plan General no recogía el cambio de uso acordado, el Ayuntamiento asumiría como indemnización el pago de 238.000 euros más IGIC para el primer año de ocupación. En plan generoso fijó también que a esa cantidad se añadirían los gastos de funcionamiento de las oficinas (luz, agua, comunidad,…) y que el coste de ese ‘alquiler’ se incrementaría cada año conforme al IPC.

El interés general según José Alberto González
La viabilidad legal de ese convenio (y de muchos más firmados en esa época en este consistorio) fue cuestionada por la oposición socialista y por diversos juristas desde el primer momento. Sin embargo, el alcalde obvió y criticó esas advertencias de ilegalidad aduciendo «razones imperiosas de interés público». Y complementó el acuerdo por el que ahora ha sido condenado el Ayuntamiento, fijando unas cláusulas indemnizatorias que se han acabado traduciendo en un alquiler mensual de más de 20.000 euros durante al menos 7 años.

Incautación municipal de propiedades privadas
Y a partir de aquí, la historia se vuelve absolutamente surrealista, rocambolesca y asombrosa: El alcalde ordenó la ocupación de esos locales y, al mismo tiempo, cedió el uso de parte de los mismos a otros organismos e instituciones. ¡Pero nunca pagó ni un solo euro de dinero municipal por ellos! Y no es solo que no pagara alquiler por los locales ¡es que el Ayuntamiento jamás pagó nada por servicios como el agua y la luz que consumía.

La Cotmac certifica la ilegalidad del convenio
Uy, pero hay más: en 2007 trascendió que ese convenio no había obtenido el visto bueno de la Cotmac y que el el Plan General no iba a recoger el cambio de uso tratado entre la empresa, Coalición Canaria, Centro de Arona y, de refilón, Partido Popular.

La Compañía Popular Canarias reclamó entonces al Ayuntamiento la extinción del convenio y que pagara los alquileres y gastos de oficinas que le debía desde enero de 2004. ¿Respuesta del grupo de gobierno? Ninguna. O sea, sí, de palabra respondieron muchas cosas. Pero de facto, no hicieron nada. Ni siquiera desalojaron esas instalaciones. Se limitaron simplemente a perpetuar la ocupación municipal de esos locales sin pagar nada por ellos y sin adoptar ninguna medida que impidiera un descalabro económico para el consistorio aronero.

Petición de desahucio contra el Ayuntamiento
Esos hechos saltaron a la opinión pública en mayo de 2009 al trascender en prensa (en la anterior Opinión de Tenerife) una noticia bochornosa para la Administración Pública de los aroneros y para sus gobernantes: Los propietarios de los locales presentaron a través del registro municipal una orden de desahucio contra el Ayuntamiento de Arona por abuso y morosidad.

El alcalde y su gobierno de mayoría de CC amagaron con hacer algo, pero finalmente optaron por no mover ni un dedo y, de nuevo, por mantener la okupación de esos locales de propiedad privada sin pagar ni los alquileres acordados, ni la luz, el agua, la comunidad…

Los tribunales toman cartas y funden al Ayuntamiento
Y así han seguido hasta que el magistrado-juez Jorge Riestra Sierra falló el pasado 26 de marzo «condenar a la Administración Local recurrida al abono de rentas por importe de 1.470.852 euros correspondientes al periodo desde enero de 2004 hasta septiembre de 2009; y al pago de las cantidades que se devenguen con posterioridad hasta la fecha de desalojo efectivo de los locales por el Ayuntamiento o terceros que traigan causa del mismo, e intereses devengados hasta el pago completo del principal». Además, ordenó al consistorio aronero «proceder al desalojo» de los locales de propiedad privada que ocupa sin derecho.

Contra este auto cabe recurso. Pero va a ser difícil que ningún juez bendiga las barbaridades que ha hecho el Ayuntamiento -o su gobierno y algunos de sus funcionarios-. Y, mucho menos, que exonere a las arcas públicas de pagar los aproximadamente dos millones de euros adeudados ya a la empresa a la que esta Administración ha usurpado sus propiedades (en 2009 el demandante estimó que esa deuda superaba ya los dos millones de euros. Si el alcalde opta por apelar y desoir la orden de desahucio judicial, la deuda del Ayuntamiento por esta Bertada se seguirá incrementando en más de 20.000 euros por mes.

Otros post de BlancaHari relacionados:

–> «Habla’ el alcalde del Ayuntamiento condenado por okupa y por moroso, by Crazy Horse» (Post humorístico del 05-04-2011)

–> «Los tribunales condenan al Ayuntamiento de Arona ¡¡por okupa!!» (Previa informativa y humorística posteada el 03-04-2011)

Otros artículos de prensa convencional sobre este asunto:

–>»Demandan al Ayuntamiento por no pagar el alquiler desde hace seis años» (Artículo de Javier Feo publicado en El Día el 28-05-09)

:-p —-> Pendiente de añadir nuevos post relacionados con más información sobre este cambalache que supondrá, entre otros efectos colaterales, ¡¡que la Extensión aronera de la Universidad de Educación a Distancia (UNED) se va a ver en la put’ calle!!. Que Playa de Las Américas va a quedarse sin instalaciones de uso público porque durante ocho años el Ayuntamiento ha despilfarrado en alquileres más dinero del que hubiera costado construir o adquirir en propiedad unas instalaciones municipales. Que a partir de ahora pueden empezar a reventar más condenas indemnizatorias por los demás convenios ilegales que firmó Berto González Reverón cuando llegó a la Alcaldía. Entre otras muchas cosas pendientes de contar sobre este desaguisado político, figuran también presiones, miedos y, cómo no, ¡también el Caso Arona!