Arranca el espectáculo del Caso Arona 2: Hoy declaran cuatro top empresarios urbanísticos

Los escándalos de corrupción de Arona y del Sur de Tenerife, otra vez en la picota de la fama por una mega querella de Fiscalía desencadenada por el trío Antonio Espinosa-Felipe Campos-José Antonio Reverón.

Los representante legales de Cristimar S.A., Alicur S.A., Promociones e Inversiones Marnik S.L. y Pinón 21 S.L., han sido citados en calidad de testigos del denominado Caso Arona 2. Su incomodísima invitación a este nuevo mega escándalo judicial de Arona guarda relación con las extrañas licencias urbanísticas que siguió concediendo el gobierno aronero de Coalición Canaria en el mandato 2007-2011, reiterando el tipo de cambalaches legales por los que estaban ya imputados el alcalde, José Alberto González Reverón, y sus siete acompañantes en la Junta de Gobierno anterior, la del 2003-2007. De entrada, este nuevo procedimiento incide en presuntos delitos de prevaricación y delitos contra la ordenación del territorio (así empezó el primero, y ya ven por dónde va…).

La querella, de nuevo, es de Fiscalía. Y, de nuevo, ha sido desencadenada por la documentación que le entregaron José Antonio Reverón (entonces PSOE ahora CxA) y los abogados Felipe Campos y Antonio Espinosa. Este último es el que le va a poner salsita extra a tomas de declaración que arrancan hoy, ya que está personado como acusación particular.

La instrucción (primera fase judicial) de esa ‘nueva’ y compleja causa penal contra el alcalde y su junta de gobierno de 2007-2011 coge fuelle cuando la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife está a punto de decidir si empiezan los juicios contra las tres decenas de políticos, técnicos municipales, empresarios, jefes policiales y demás imputados a los que el juez instructor del Caso Arona 1 (Nelson Díaz Frías) ha empapelado con pruebas de corrupción ubicadas en el mandato 2003-2007 y los dos primeros años del siguiente (hasta 2009), o si da la razón a los imputados-acusados y los libera de toda culpa (se rifan juicios por cohecho, malversación, tráfico de influencias, prevaricación urbanística. Yo apuesto a que se celebran 😉 ).

El Urbanismo de Arona vuelve a sentarse en el banquillo judicial. Agárrense que vienen turbulencias.

Les repito el post que puse hace unas semanas para que refresquen la memoria.

Cristimar S.A., Alicur S.A., Promociones e Inversiones Marnik S.L., Pinón 21 S.L., Puertos Deportivos Canarios S.L., la Fuente del Palmar S.L., Marichal Inversiones del Sur S.L. y Gestinor S.L. han sido citadas como testigos los días 4 y 11 de junio.

Nuestra red de espías haris ya se ha hecho con la providencia en la que el magistrado instructor de este ‘nuevo’ caso de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Arona ordena las citaciones. Así que aquí la tienen fresquita para que vayan pillando palco 😉 .

Este procedimiento tiene muuuucho que ver con el Caso Arona 1. Básicamente, la denuncia de Felipe Campos, Antonio Espinosa y Fiscalía contra la cúpula del gobierno aronero de Coalición Canaria del mandato 2007-2011 -con el alcalde Berto a la cabeza, claro-, se fundamenta en la reiteración de los presuntos delitos por los que ya estaba imputados ocho gobernantes del mandato 2003-2007: concesión de licencias urbanísticas al margen de la legalidad.

La causa tiene bastante intríngulis y escándalos de película. Pero como voy pilladííísima de tiempo para contarles cosillas al respecto, aprovecho que El Digital de Canarias publicó hoy algo sobre el tema para no dejarlos con las ganas de leer más sobre esto.

El juzgado llama ya a declarar como testigos a los empresarios implicados en el caso ‘Arona 2’ en junio

Los días cuatro y diez acudirán ocho representantes de promotoras y constructoras

EDDC.NET | SANTA CRUZ DE TENERIFE

Comienza el caso Arona 2 en el juzgado de primera instancia número 4 que lleva el magistrado Evaristo González González, que viene del juzgado número 1 de Güímar, donde llevó el caso por el que todavía están imputados el ex concejal de Urbanismo y el empresario Antonio Plasencia tras una denuncia del que fuera líder de AxG, Francisco, y que pagó bien cara, tanto que ya no está en política.

Y comienza con las declaraciones como testigos de los dueños de varias empresas o en su caso a sus representantes legales. La primera hornada es el cuatro de

junio que viene. Y la primera es a las nueve y media de la mañana. Están citados Cristimar SA (Carmelo Pablo Callejero), Alicur SA (Rafael Martín Hernández), Promociones e Inversiones Marnik SL (Marco Pasio Giorgio) y Pinon 21 SL (Jorge Rodríguez García).

La segunda es el once de junio y a la misma hora. Le toca a Puertos Deportivos Canarios SL (Norberto Cejas Hernández y al fondo Rodolfo Núñez), La Fuente 
del Palm-Mar SL, Marichal Inversiones del Sur SL (Jorge Marichal) y Gestinor SL (esta es una franquicia de una marca asturiana dedicada al sector inmobiliario).

Curiosamente empiezan por los empresarios. Luego le toca el turno a los técnicos y los políticos. Este caso, de gran complejidad técnica, puede ser la tumba del alcalde, pues no se puede escapar como en el otro caso, que se agarra a sus locuras y a sus tonterías, aquí todo o es blanco o es negro, no hay concesiones ni termino medio. O se hacía bajo ley o sin ley. Y como ya podemos imaginar, hablamos de Caballo Loco y los suyos, podemos encontrarnos con cualquier cosa.

El colmo: Timan a 70 familias con los alquileres de VPO en Palm Mar

El Gobierno de Canarias culpa a la promotora (Pinón 21), y el Ayuntamiento de Arona hace mutis.

¿Quién pringa? Las familias adjudicatarias de las subvenciones fantasma para optar a una vivienda

Resumen de lo que he leído y de lo que me han contado los afectados:

El Gobierno de Canaria (Visocan) ofreció alquiles en Palm Mar a 50 euros (antes de elecciones, evidentísimamente), con el aplauso preelectoral de los gobernantes de Arona. Como no terminaba de llegarles el visto bueno final de la ayuda que les habían prometido desde la Administración Pública, los responsables del edificio que ofertaba las 70 pisos (Residencial Mocán, de Pinon 21) ofertaron en plan guay a las familias seleccionadas un alquiler de unos 500 euros (piso, comunidad, luz y agua) mientras les llegaba la ayuda, para que pudieran ir ocupando los apartamentos que ‘les habían tocado’ (se presentaron 300 solicitudes a esa oferta de viviendas de protección especial en régimen especial de alquiler con opción a compra). 50 familias de las 70 que cayeron en este pufo respaldado-amparado por el Gobierno de Canarias han tenido que ir dejando los pisos por imposibilidad de afrontar el alquiler sin las ayudas prometidas. Y, por si fuera poco, perdieron el dinero de la fianza.

¡¡¡¡Y ahora resulta que todo fue un pufo!!!! Pero señores, xd, a qué carajo están jugando… (me refiero fundamentalmente a los responsables políticos, y también a la promotora).

Todas las administraciones que han camelado a esas 70 familias durante casi un año de pago de alquileres que no podían afrontar ¡¡se lavan las manos!!

(Para leer el artículo en la edición digital de Diario de Avisos pinchar aquí).

Tras meses y meses de llevarse portazos de silencio e ignorada en las narices, y solo cuando el Diario de Avisos ha publicado la situación de esas familias (que ya es raro para lo modosito que está ese periódico con los temas peliagudos de Arona), la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias se ha dignado a responderles. Y qué respuesta… Asombradita me he quedado. Según parece la Consejería de Vivienda hace tratos y representa a las empresas promotoras. No a las familias…

Igual es que con el shock he entendido mal la noticia que publicó ayer el Diario con la respuesta de la Consejería de Vivienda. Pero a bote pronto me pareció que ese área autonómica le echa la culpa a la promotora, elude aclarar el motivo del pufo, y zanja el asunto con un ya se verá si en el algún momento optan a alguna ayuda. Ahora tendremos que buscar al organismo-administración que representa a las familias en situación económica precaria a las que se conceden subvenciones especiales en materia de vivienda protegida. Esa administración y esos políticos que debieron velar por estas familias, informándoles desde el primer momento de lo que estaba ocurriendo y ofreciéndoles pisos alternativos (de promotoras que sí cumplen los requisitos).

Porque leyendo lo que ha respondido el Gobierno de Canarias, cualquiera diría que dichos alquileres ‘subvencionados’ en un residencial de lujo del Palm Mar fueron rifados en una tómbola, en vez de ofertados, gestionados y adjudicados por su organismo autónomo Visocan y el Instituto Canario de la Vivienda a través de la Oficina de Vivienda de Los Cristianos.

Para leer esa respuesta de la Consejería Vivienda, clicken en “La ayuda de alquiler para los vecinos del Palm-Mar no llegará por falta de requisitos” (jeje, el Diario ‘se atrevió’ a publicar la noticia, pero omitiendo en el titular que esa falta es de la promotora. Aunque algo es algo. Entre eso y el artículo del desesperante Hospital del Sur publicado el fin de semana, me he quedado flipada con el arrebato crítico de ese medio -aunque sea con noticias sin crítica al gobierno bertista-. A ver si les dura…).

El gobierno aronero de CC, en su línea

¿Y qué hacen los responsables del Ayuntamiento de Arona? Mutis por el foro. Como si la cosa no fuera con ell@s. Como si no se hubieran encargado de exprimirle la rentabilidad electoral a la oferta de alquileres especiales para familias necesitadas como las 70 que han sido tongadas. Ya les vale a todos (Gobierno canario, Ayuntamiento de Arona, Cabildo de Tenerife,…). Porque el engaño-fraude-embolado en el que han participado afecta a las familias del municipio con menos recursos económicos, ¿o va a resultar que dan subvenciones de alquiler a familias que no lo necesitan?

Bueno, ya contaré más cosillas sobre este grave problemón cuando examine la documentación. No sé cuándo, porque tengo un montón de temas en lista de espera 😦 . A ver si mientras tanto responde la promotora, porque según lo ha pintado Vivienda, sería la responsable del pufo.

Movilización 2.0 y asesoramiento urgente.

Por cierto, las familias afectadas (que se han constituido como Asociación de Indignados del Pal Mar) deberían crearse una plataforma de Facebook ¡¡YA!!, para informar detalladamente de su problema e ir sumando apoyos con los “me gusta”.

Tampoco estaría mal que buscaran asesoramiento jurídico (una consulta suele salir unos 60 euros) sobre sus posibilidades de reclamación de daños y perjuicios (demanda en los juzgados, denuncia a Fiscalía, Defensor del Pueblo…). Lo que les está sucediendo no es normal, alguien-es tienen la culpa y, además, como esto no se aclare puede volver a sucederle a otras familias que opten desde Visocan a pisos subvencionados por “promotoras que no cumplan los requisitos”. Aunque al final no hicieran nada, no está de más que conozcan sus derechos.

(Y siento mucho no haberles hecho caso antes. Han puesto comentarios sobre el tema este blog y en el Facebook Hari desde hace meses. Pero con tanto desborde de escándalos, me despisté y no advertí la gravedad del embolado 😦 ).