Lema de la manifestación: «Tolerancia Cero a la Corrupción en Arona y en Canarias»

Los mecanismos de control y fiscalización para velar por la salud de la democracia en Canarias, no funcionan. Son absolutamente ineficaces a la hora de velar por la legalidad, la eficiencia, la responsabilidad y la calidad en la gestión de los fondos, recursos y servicios públicos, así como para velar por la óptima gestión del territorio y protección de valores naturales, arqueológicos, etnográficos y culturales.

En Canarias la corrupción se ha adueñado de administraciones, gobierno y sociedad, y campa impunemente a sus anchas.

El municipio de Arona es la prueba. A pesar de las evidentes ilegalidades cometidas en este Ayuntamiento en compadreo con el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, nunca pasa nada. Y los cargos públicos, el empresariado y la mayoría de los vecinos acabaron por asumir que era algo normal y hasta permisible.

Tras cinco años de instrucción judicial (desde marzo de 2007) del denominado Caso Arona, el juez concluyó en julio que está indiciariamente acreditado que el alcalde, José Alberto González Reverón, numerosos concejales (CC, PP y CCN-CAN), dos consejeros del Cabildo de Tenerife (PP y PSOE), técnicos municipales, altos cargos de la Cámara de Comercio, mandos policiales y en total 30 personas, habían incurrido en delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, prevaricación y delitos contra la ordenación del territorio.

Las escuchas telefónicas realizadas han acreditado que para dar respuesta a los pedigüeños vecinos, el alcalde articuló un Ayuntamiento en B para tramitar favores. Las garantías de éxito vecinal para obtener algo del Ayuntamiento pasaban por reunirse con el alcalde (trabajo en el consistorio, en empresas públicas, la legalización de obras y casas ilegales,…

Ha quedado probado que el gobierno aronero de CC, PP y CCN-CAN fraccionaba los contratos de obras de forma habitual para adjudicarlos a dedo. Y que casi todas las licencias urbanísticas que se han concedido en este Ayuntamiento incurren en ilegalidades: han autorizado la construcción de edificios en parcelas de equipamientos, más plantas de lo permitido y amparado a los promotores edificar planes parciales y unidades de actuación sin pagar las infraestructuras de saneamiento, iluminación, acerado y viales que les correspondía. Los gobernantes han preferido que esos gastos fueran ilegalmente asumidos por las arcas municipales, dispendio con el que han beneficiado también a las parcelaciones clandestinas y asentamientos ilegales en suelo protegido.

Aquí la parte de la ciudadanía que vota, apoya o tiene relación familiar o de amistad con los gobernantes, tiene muchos más privilegios que el resto. Los regentes del municipio utilizan el poder de sus cargos y los recursos públicos que gestionan para alimentar y engatusar votos, así como para desacreditar y perjudicar a los grupos de la oposición y a cualquiera que discrepe con su forma de gestionar el municipio.

Nos han cambiado los derechos por favores, y la gestión del interés general ha sido sustituida por la gestión pública del interés de los grupos de poder.

Y los gobernantes se han beneficiado de privilegios que han costado mucho dinero a los ciudadanos… El alcalde, por ejemplo, perdonó unos 300.000 euros en tasas de licencia al permitir que el hotel de lujo que le facilitaba habitaciones para sus escarceos amorosos hiciera obras millonarias sin la correspondiente licencia.

Todo eso aparece recogido en un auto judicial, y no pasa nada.

Los aparentes corruptos siguen campando a sus anchas, ofendidos por ser cuestionados e invitados a sentarse en el banquillo judicial. Ni han dimitido, ni han pedido disculpas. Sino que defienden su derecho a saltarse la Ley amparados en su buena voluntad, en la costumbre y en el respaldo que consiguen en las urnas a través de su red pública de favores (el alcalde ha ganado dos elecciones municipales con mayoría absoluta después de estar imputado, aunque con un récord de abstención estatal).

Los aparentes políticos corruptos de Arona hasta han acordado que el coste de su defensa penal sea pagada con fondos públicos, al igual que las caras y descaradas campañas que urden para acallar a los medios de comunicación y para desacreditar a sus denunciantes y críticos (ya sean políticos de la oposición, periodistas, ciudadanos, jueces o fiscales).

El panorama que ha generado todo eso es desolador: Este municipio encabeza el ranking estatal de paro, duplica la media autonómica de destrucción de empresas y de empleo. Alrededor de un 70% de los establecimientos comerciales carece de licencia de apertura (con lo que dependen del favor político para funcionar). Es uno de los puntos de Canarias con mayor número de expedientes de sanción y derribo contra viviendas edificadas de forma clandestina en suelo protegido. Registra una de las tasas de fracaso escolar más altas de Europa, y muchos jóvenes cursan sus estudios en centros educativos habilitados en contenedores. También el servicio sanitario público de urgencias se presta en contenedores que suplen la carencia del hospital público que no termina de construirse, mientras al centro hospitalario privado se le tolera adueñarse gratuitamente de miles de metros de suelo público para ampliar sus instalaciones.

Este antaño próspero y bello pueblo ha sufrido un crecimiento poblacional y urbanístico impresionante pasando de 5.000 habitantes en 1980 a más de 80.000 en 2011. Pero lleva 20 años intentando aprobar su Plan General de Ordenación sin éxito, con lo que carece de planificación urbanística.

La inversión en seguridad es absolutamente insuficiente para dar respuesta a los problemas de inseguridad que padecen los vecinos en este imperio turístico caracterizado por la presencia de mafias y grupos criminales organizados.

Por si fuera poco, la ruina de las arcas públicas se está traduciendo en recortes de prestaciones y servicios públicos en cultura, formación, policía y asistencia social… Aunque el Ayuntamiento sigue invirtiendo ingentes cantidades de dinero en fiestas, viajes lúdicos y cuanto le genera popularidad y rentabilidad electoral a quienes lo administran.

Lamentablemente, esta falsa democracia y este pitorreo político del Estado de Derecho, no son exclusivos de Arona. Los canarios nos estamos acostumbrando a que salten escándalos de corrupción en el Archipiélago, y a que casi nunca pase nada. La Justicia es tan lenta, que es injusta. Se estima que procedimientos escandalosos como el Caso Arona 1, con suerte se resolverán dentro de 10 años.

Lo extraordinario es que apenas 10 personas (entre políticos de la oposición, abogados y periodistas) hemos bastado para desenmascarar judicialmente a los aparentes terroristas políticos de la maltrecha Democracia en Arona. Y que otros activistas políticos y sociales están haciendo lo mismo en Santa Cruz, El Rosario, Icod de los Vinos, Las Palmas, Telde, Mogán y el resto de Canarias.

Hoy hemos dado un histórico paso de gigante en esa lucha: todas las formaciones políticas, sindicales, colectivos ciudadanos y ecologistas que nos hemos dado cita en esta protesta hemos sido capaces de unirnos con una sola voz para gritar basta ya, para reclamar una justicia justa, una sanidad sana, una educación educativa y la articulación de mecanismos de control público, transparencia y participación ciudadana que permitan reconducir esta falsa Democracia.

Hoy clamamos juntos por la tolerancia cero contra la corrupción, y nuestra reivindicación democrática, resuena a nivel europeo.