El abogado Felipe Campos citó ayer en declaraciones a Radio San Borondón (<-pinchar ahí para escuchar el audio de la entrevista) las dos denuncias por presunta prevaricación que han formulado en Fiscalía el abogado José Pérez Ventura (IU) y el concejal de la oposición aronera José Antonio Reverón (CxA) contra la rocambolesca okupación ilegal de la Alcaldía de Arona por parte de José Berto González Reverón (incompatible para permanecer en el cargo desde que fue condenado a 4,6 años de inhabilitación, el 28 de junio).

En esa entrevista desveló una de las claves (una de una docena 😉 ) de la ofensiva legal que están dirigiendo contra Berto y contra los 14 concejales de Coalición Canaria y de Centro de Arona (CAN) que le están ayudando a ejercer de alcalde fuera de ley: «Que sea un juez penal el que adopte las medidaas oportunas para conseguir el desalojo material» «inmediato» del okupa que está presidiendo el Ayuntamiento de Arona 😕 .

Justifica tal interpelación judicial en que éste es un caso «tremendamente grave» y en el «evidente daño» que provoca al Estado de Derecho esta apología de la antipolítica y de la ilegalidad por parte de un condenado y plurimputado de corrupción que está siendo respaldado por un tropel de concejales también plurimputados… (jeje, al final el Bertismo de CC y CAN-CCN conseguirá que le apliquen el sentido antiterrorista del artículo legal que insta a cambiar de alcalde  por asuntos de corrupción).

Y bueno, no voy a ser yo quien cuestiones que Campos y Ventura estén llamando al timbre de la Administración de Justicia para ver si pone fin al esperpento político-legal que están protagonizando Berto, CC y CAN. Pero de verdad que no digo en broma lo de que a quien tendríamos que pedir ayuda en este caso es a los loqueros… El oráculo hari lo tiene claro: aquí hay más locura (real, de la psiquiátrica, en plan psicopatología) que corrupción (y ello sin poner en duda que hay corrupción para parar un tren…).

Quizás deberíamos tomar una opción intermedia: pedir a los jueces que sometan a Berto a un test psicotécnico. Además de estar convencida de que esa es la vía más adecuada para determinar su incompatibilidad 😉 , nos permitiría empezar a abordar como es debido el análisis y el debate sobre el surreabertismo político que prima en Arona desde hace una década…

Les transcribo el artículo que ha publicado sobre esas declaraciones la revista San Borondón (<-si pinchaban ahí podían leerlo en su edición original; ya no por la chunguísima Tasa Google aprobada por el Gobierno de Rajoy):

Tras la sentencia que le condena, José Alberto González Reverón (CC) ocupa ilegalmente el cargo de alcalde de Arona

Felipe Campos fue tajante al respecto, tras la sentencia que le condena José Alberto González Reverón ocupa ilegalmente el cargo de alcalde de Arona, insistiendo por tanto en que a día de hoy hablamos del ex alcalde del municipio del sur tinerfeño dado que su cese como tal se produjo automáticamente el mismo día que fue condenado.Hablamos por tanto de que se trata de un alcalde ocupa que en su huida hacia adelante estaría infringiendo nuevamente las leyes, en este casi con un presunto delito continuado de prevaricación. Si esto es grave, lo es más porque para mantenerse en el poder está recibiendo apoyos a sabiendas de la ilegalidad y complicidades intolerables como las de grandes popes de CC como Fernando Clavijo o Paulino Rivero, presidentes nacionalistas en Tenerife y Canarias, respectivamente.

El abogado afirma que no hay ningún caso en España de un dirigente político que por Ley ha dejado de ser alcalde por una condena penal y siga ocupando el cargo a la fuerza, algo que debería preocupar a quienes desde los partidos defienden las leyes y la democracia.

En este sentido, explicó que se han presentado varias denuncias por este motivo ante la Fiscalía como las de José Pérez Ventura y José Antonio Reverón (Ciudadanos por Arona) para determinar en una causa penal por la presunta prevaricación de González Reverón con la intención de que sea un tribunal penal quien adopte las medidas oportunas al respecto para conseguir el desalojo de la alcaldía.

No solo hablamos por tanto de que se está cometiendo una posible prevaricación por parte de José Alberto González Reverón y los concejales que le han apoyado en el pleno, sino que se están buscando medidas legales para desalojarlo de la alcaldía de inmediato porque el daño al ayuntamiento y al Estado de derecho es muy grande y grave.

Desde su punto de vista, González Reverón en su huida hacia adelante desesperada está lanzando mensajes a Paulino Rivero y otras personalidades para encontrar apoyo en ellos, por lo que no condenar su actitud y obligarle a dejar el cargo de alcalde se convierte en complicidad con esta ocupación ilegítima del cargo.