Juan Carlos Cavara recomendó al Bertismo de CC incumplir la obligación legal de declarar la incompatibilidad y cese de Berto «por la complejidad del asunto» y la ausencia de doctrina jurisprudencial 👿
Un catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona aconsejando a los condenados de corrupción que no dejen el cargo… (eixe és més roïn que la tenca en suc)
Uy, disculpen, pero con tanto jaleo surreabertista se me había pasado postearles al menos las conclusiones del escandaloso y famoso informe de encargo elaborado para CC por Juan Carlos Gavara de Cara, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma en quien el alcalde ilegal de Arona, su gobierno de CC y CAN-CCN y Coalición Canaria en peso han apoyado la berstialidad de votar en pleno que el Ayuntamiento de Arona no acate las instrucciones de la secretaria general ni de la Junta Electoral Central sobre la obligación de cese ex lege que determina la Ley Orgánica de Régimen Electoral para los condenados por delitos de corrupción como Berto.
En concreto el gobierno bertista de CC aportó dos informes para justificar su desmadre legal (ya denunciado por los haris ante la Fiscalía de Arona, la Fiscalía Provincial y la Fiscalía General del Estado). El otro, el del abogado Rolando García, es aún más escandaloso y rocambolesco (<-pinchar para leer post relacionado). Pero el alcalde ilegal, su Bertismo y CC están dando más bombo a éste por eso de ir firmado por todo un catedrático catalán.
Jeje, el mismo supuesto irrefutable informe que Berto le prestó la semana pasada a un compi prevaricador de Galicia (Moncho Rodríguez Ares, ex teniente de alcalde de Sada) para intentar evitar su cese. Ése que fue absolutamente ninguneado por el pleno sadense (<-pinchar para ver post relacionado). Por cierto, finalmente la toma de conocimiento de la incompatibilidad y cese de Moncho fue aceptada ¡por unanimidad!, jajajajaj, hasta el grupo del cesado se dio por enterado; igualito que en Aronalandia 😉 ).
Recomienda no acatar la declaración de incompatibilidad que marca la LOREG para políticos condenados por delitos de corrupción, asegura que la «inactividad» de la administración en ese sentido «no implica que se puedan derivar consecuencias» (ya ya…) y, entre otras perlas, que la pérdida del cargo es «es un acto de ejecución penal que corresponde constitucionalmente ser adoptado por los órganos jurisdiccionales» y que «conlleva una infracción de reglas y principios constitucionales y legales conectados a los derechos de la presunción de inocencia, tutela judicial efectiva y a la legalidad penal». (de poll i mosca totaaal).
El gobierno aronero de CC aún no ha hecho público cuánto pagó por éste y por el otro informe de encargo, ni si los paga el partido o el Ayuntamiento de Arona. Pero se dice que el del catedrático costó bastante más caro que el del tal Rolando.
Bueno, lean este extracto y flipen.
A ver si nos entendemos. La Junta Electoral Central remitió a la ley de régimen local pararecordar que el cese le tocaba al Ayuntamiento, así que no entiendo al catedrático este, porque vale, es una ejecución de una sentencia penal, pero de índole administrativa, ¿no? Así que será la administración de turno la que ejecute, el ayuntamiento. A los juristas les gusta hacer puñetas de encaje con las interpretaciones legislativas, sobre todo si les pagan por ello, y este del tal Gavara de Cara, qué buen apellido, es un ejemplo ejemplar.
Y eso de que no hay jurisprudencia, je, je, je, Juan Carlos, corazón: todas las leyes nacen sin jurisprudencia previa. Por esa regla de tres, no se aplicaría ninguna reforma legal. Vaya jeta, amigo, ja, jaaa, un poco más y te cargas el Código Penal, je, jeee, jeee.
Por lo que interpreto este informe ¿»invita» al alcalde a interpretar la ley en beneficio propio ninguneando el interés de un municipio?!!.
1 vs 80.000??!!
Que viva la corrupción!!!!!!
Jajajaja A mi nunca me han condenado por nada, y según La Constitución Española tengo el derecho a circular libremente por todo el territorio jeje, cuando vaya a S. Cruz y hayan colas a la entrada, iré por el carril BUS porque es inconstitucional que me prohíban circular libremente por las vías públicas jeje.
Para ser catedrático sus argumentos son vanales en exceso, y seguro que también muy caros.
Y por otra parte cuando los políticos toman posesión de sus cargos deberían demostrar que conocen y comprenden La Constitución antes de jurarla para que no pase como en Arona.