Ver las conclusiones del catedrático que zarandea el alcalde de Arona para no acatar su cese

Juan Carlos Cavara recomendó al Bertismo de CC incumplir la obligación legal de declarar la incompatibilidad y cese de Berto “por la complejidad del asunto” y la ausencia de doctrina jurisprudencial 👿

Un catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona aconsejando a los condenados de corrupción que no dejen el cargo… (eixe és més roïn que la tenca en suc)

Uy, disculpen, pero con tanto jaleo surreabertista se me había pasado postearles al menos las conclusiones del escandaloso y famoso informe de encargo elaborado para CC por Juan Carlos Gavara de Cara, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma en quien el alcalde ilegal de Arona, su gobierno de CC y CAN-CCN y Coalición Canaria en peso han apoyado la berstialidad de votar en pleno que el Ayuntamiento de Arona no acate las instrucciones de la secretaria general ni de la Junta Electoral Central sobre la obligación de cese ex lege que determina la Ley Orgánica de Régimen Electoral para los condenados por delitos de corrupción como Berto.

En concreto el gobierno bertista de CC aportó dos informes para justificar su desmadre legal (ya denunciado por los haris ante la Fiscalía de Arona, la Fiscalía Provincial y la Fiscalía General del Estado). El otro, el del abogado Rolando García, es aún más escandaloso y rocambolesco (<-pinchar para leer post relacionado). Pero el alcalde ilegal, su Bertismo y CC están dando más bombo a éste por eso de ir firmado por todo un catedrático catalán.

Jeje, el mismo supuesto irrefutable informe que Berto le prestó la semana pasada a un compi prevaricador de Galicia (Moncho Rodríguez Ares, ex teniente de alcalde de Sada) para intentar evitar su cese. Ése que fue absolutamente ninguneado por el pleno sadense (<-pinchar para ver post relacionado). Por cierto, finalmente la toma de conocimiento de la incompatibilidad y cese de Moncho fue aceptada ¡por unanimidad!, jajajajaj, hasta el grupo del cesado se dio por enterado; igualito que en Aronalandia 😉 ).

Recomienda no acatar la declaración de incompatibilidad que marca la LOREG para políticos condenados por delitos de corrupción, asegura que la “inactividad” de la administración en ese sentido “no implica que se puedan derivar consecuencias” (ya ya…) y, entre otras perlas, que la pérdida del cargo es  “es un acto de ejecución penal que corresponde constitucionalmente ser adoptado por los órganos jurisdiccionales” y que “conlleva una infracción de reglas y principios constitucionales y legales conectados a los derechos de la presunción de inocencia, tutela judicial efectiva y a la legalidad penal”. (de poll i mosca totaaal).

El gobierno aronero de CC aún no ha hecho público cuánto pagó por éste y por el otro informe de encargo, ni si los paga el partido o el Ayuntamiento de Arona. Pero se dice que el del catedrático costó bastante más caro que el del tal Rolando.

Bueno, lean este extracto y flipen.

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Descargar informe esgrimido por Berto, CC y CAN para ejercer de alcalde ilegal con apoyo plenario

Un abogado de perfil hari desglosa con claridad la alarmante cantidad de patujadas jurídicas contenidas en ese documento usado por CC-CAN-CCN para desautorizar a la secretaria general y no ejecutar el cese del alcalde.

Por si quieren ir leyendo los informes externos que ha esgrimido Berto para no acatar su cese por incompatibilidad para seguir en el cargo, les posteo a continuación uno de ellos. Si pinchan en el siguiente enlace lo descargarán en PDF (tiene seis paginitas). Seguro que los juristas haris la flipan… Yo me he quedado boquiabierta 😮 …

Informe de Rolando Rodríguez a favor de que el alcalde de Arona no acate su cese ex lege (<–pinchar para descargar)

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Efectivamente, los juristas haris la están requeteflipando con esa sarta de disparates.

Les pego el análisis que ha hecho en la sección de comentarios de este post Ruyman (un abogado que está levantando pasiones en dicha sección con unos análisis jurídicos de aplauso y que está facilitando mucho la comprensión de los disparates legales que estamos viviendo en Arona):

Buenas noches. He leído completo el informe del señor letrado.

La primera consideración que debo hacer es previa a la valoración de dicho informe. El informe que suscribe no tiene seis páginas sino cinco completas y un párrafo. Según he leído en este mismo medio el valor del citado informe asciende a 6.000 Euros. Es decir, 1.000 Euros por página. Sin más comentarios.

Segunda valoración previa. No me ha gustado nada el tono del costoso informe con la señora secretaria. La descalifica en su conocimiento jurídico y se expresa en un tono de suficiencia, que en nada se acomoda a la pobreza de los argumentos de dicho informe. Un poco más de humildad no le habría venido mal. Y me expreso así, porque entiendo que el redactor del informe no puede merecer un trato difierente al que el mismo dispensa a otra jurista.

Entrando en el fondo del asunto comienzo por la consideración primera del informe:

Pretende descalificar el informe de la secretaria del Ayto manifestando que no tenía competencia para emitirlo. En primer lugar, justamente, en el artículo 3. a del RD 1147/ 87 que cita el informe se señala ” La emisión de informes previos (…) cuando lo solicite un tercio de Concejales (…) con antelación suficiente a la celebración de la sesión en que hubiere de tratarse el asunto correspondiente”. Es evidente que en el presente caso, desde el momento en que se pone en conocimiento de la secretaria la copia testimoniada de la sentencia penal que condena al señor Reverón, en el siguiente Pleno, necesariamente, debe tomarse conocimiento de dicha incompatibilidad, y al ser un asunto de obligada inclusión en el orden del día, debe emitirse el correspondiente informe por parte de la señora secretaria, y sobre todo, si efectivamente lo ha solicitado un tercio de la Corporación.

La solicitud de dictamen por parte de la secretaria a la Junta Electoral Central la encuentro absolutamente procedente siendo la máxima autoridad en materia electoral.

El razonamiento del costoso informe externo, acerca de la inexistencia de la sentencia de condena hasta que sea firme, choca frontalmente con la redacción del artículo 6 de la LOREG, el cual ya hemos citado hasta la saciedad, y que dice expresamente que es causa de incompatibilidad la existencia de sentencia de condena, aunque no sea firme, con el cargo público.

Hay que señalar que es sonrojante, que el citado informe externo, que supuestamente ha costado 6.000 Euros, confunda la cita de los artículos del Código Penal y diga que el delito de prevaricación está tipificado en el artículo 440 del Código Penal, que se refiere a otra figura penal totalmente diferente, cito textualmente el artículo 440 CP :

“Los peritos, árbitros y contadores partidores que se condujeren del modo previsto en el artículo anterior, respecto de los bienes o cosas en cuya tasación, partición o adjudicación hubieran intervenido, y los tutores, curadores o albaceas respecto de los pertenecientes a sus pupilos o testamentarías, serán castigados con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, guarda, tutela o curatela, según los casos, por tiempo de tres a seis años”.

No me había enterado hasta leer el citado informe que el señor Reverón había sido condenado en funciones de perito, árbitro, tutor, curador o albacea.

Concluye la consideración primera del costoso informe señalando que la secretaria se ha atribuido funciones interpretativas, y que su informe es una opinión personal. Según esta lógica propia del Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce, el informe de la secretaria interpreta y es una opinión subjetiva, siendo la misma la que tiene la competencia legal en este caso para interpretar la ley y para informar, y sin embargo el letrado suscribiente del costoso informe puede interpretar a su manera y expresar las más diversas opiniones de la manera más alegre posible.

Con respecto a la consideración segunda del costoso informe:

El artículo 178 de la LOREG señala en su apartado 3. “Cuando se produzca una situación de incompatibilidad los afectados deberán optar entre la renuncia a la condición de Concejal o el abandono de la situación que, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, dé origen a la referida incompatibilidad. Cuando la causa de incompatibilidad sea la prevista en el apartado 2.e del presente artículo, se aplicará lo dispuesto en el artículo 6.4 de esta Ley”.

Es evdiente que en el presente caso el señor Reverón no puede renunciar a la situación que determina la incompatibilidad (que más quisiera él), por lo que tiene que renunciar a su condición de concejal por mandato de la Ley.

Claro, ¿que pasa cuando alguien es tan caradura que a pesar de estar en una situación de incompatibilidad no renuncia? ( No estoy señalando a nadie jeje). Pues es obvio que en una Administración normal, hay que proceder como señala la secretaria en su informe, tomar conocimiento de la incompatibilidad ex lege por parte del Pleno y aplicar el artículo 182 LOREG (corre la lista, el señor Reverón a su casa y que entre el siguiente).

Y Aquí viene lo mejor, Jajaja, el costoso informe señala, que en su opinión, el acuerdo plenario de ayer Martes es ilegal, puesto que explica en la consideración segunda, que el Pleno no es competente para acordar nada respecto a la situación del señor Reverón, jajajaja, porque entiende que no existe la citada causa de incompatibilidad. Es decir que el acuerdo plenario de ayer no se ajusta, ni siquiera, al informe que se presenta para justificarlo Jajaja

Con respecto a la consideración tercera:

Dice el costoso informe, que no se puede aplicar el artículo 6 LOREG al presente caso, porque el delito se cometió antes de su aprobación. Esto es absolutamente falso por dos razones:

1.- El supuesto de hecho del artículo 6 LOREG, que acciona la incompatibilidad sobrevenida, no es la comisión de un delito, sino la existencia de una sentencia condenatoria, auque no sea firme, por la comisión de delito contra la Administración Pública.

2.- Dice el costoso informe que el artículo 9 de la Constitucion Española establece la irretroactividad de las leyes ( Así de manera genérica). Falso. Lo que establece es la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.La LOREG no es una disposición sancionadora sino, en el caso del artículo 6, reguladora de las condiciones de acceso al derecho de sufragio pasivo y mantenimiento del mismo.

Señala el costoso informe que la secretaria se ha pronunciado sobre la ejecucion de una sentencia penal, extremo absolutamente falso y que queda meridianamente aclarado en el informe de la secretaria. El informe de la secretaria se pronuncia sobre las consecuencias administrativas de la existencia de una sentencia condenatoria firme no favorable, no sobre las consecuencias penales de la misma.

Por último el costoso informe señala que el informe de la secretaria es nulo de pleno derecho. Por favor señores, que disparate, un informe podrá ser o no, más o menos ajustado a derecho pero no es una resolución administrativa y no puede ser en ningún caso nulo de pleno derecho, condición solo atribuible a las resoluciones.

Conclusión. El informe de la secretaria general no es rebatido en punto alguno por parte del costoso informe externo, el cual es de una calidad jurídica bastante inferior al informe preceptivo de la señora secretaria.

((Pueden ver las reacciones a este análisis en los comentarios de este post))