Las sentencias que obligan al Ayuntamiento a pagar 240.738 euros al ex recaudador municipal

Para que comprueban que los tribunales han condenado institucionalmente a los aronerxs por frescos, por morosos y por bobos (otra vez).

Como les prometí ayer, aquí tienen las sentencias de lo contencioso administrativo y del TSJC que han condenado a los aroneros-as a indemnizar al ex adjudicatario del servicio de recaudación de Arona. El Ayuntamiento paga la pifia de sus responsables políticos y de sus asesores, pero con el dinero público. Con razón no les duele prenda…

Para ponerse en situación, pueden releer el post de BlancaHari de ayer sobre esta apropiación consistorial de programas y material informático por la ‘face’: “El TSJC condena al Ayuntamiento a pagar 240.738 euros por una pifia en el servicio de Recaudación“. También hace un resumen-análisis informativo de esa sentencia El Digital de Canarias en un artículo titulado “El alcalde de Arona provoca otra vez que la Justicia ordene el pago de 227.088 euros al oponerse al ex recaudador ejecutivo Antonio León”. Para leer ese artículo pinchar aquí (por cierto, las cantidades de nuestros titulares son distintas porque eldigitaldecanarias.net no computó las costas judiciales del proceso de apelación).

Y como sé que a la mayoría le da pereza o ignora eso del hipertexto (pinchar en los links y leer la información complementaria que aportan), les hago un mini resumen del contexto e implicaciones económicas de los fallos juciciales que les posteo más abajo:

El alcalde aronero, Berto González Reverón (el plurimputado de CC) y sus técnicos de confianza apostaron en 2003 por asumir la gestión directa del servicio de recaudación municipal. Negociaron con el entonces adjudicatario del servicio (Antonio León y Macu Oramas),  su marcha complaciente a través de pagos indemnizatorios y de alquileres por el uso de su material informático (y recogieron sus acuerdos por escrito). La parte de las indemnizaciones se pagó, pero el gobierno bertista y/o sus técnicos se negaron a abonar los alquileres pactados. El ex concesionario reclamó la deuda judicialmente (217.350 euros) y hace un año los tribunales le dieron la razón.

Como el Ayuntamiento bertista de CC seguía negándose a reconocer dicha deuda, se columpió presentando ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) un recurso de apelación que, como demuestra la sentencia que les posteo a continuación, no había por donde cogerlo. El TSJC rechazó el recurso consistorial hace dos meses, y ya hay orden judicial de pagar la deuda en el plazo improrrogable de 10 días.

El coste total de la bromita para los aronerxs es de un palo económico de 217.350 euros por el material informático que ¿nuestro? ayuntamiento se apropió por el morro, otro de 9.738 euros como indemnización por daños y perjuicios al ex recaudador municipal y 13.650 euros en costas judiciales por la osadía de apelar sin tener la razón (o sin argumentar razones sólidas).

El problemilla añadido es que en los presupuestos municipales que tiene escandalosamente prorrogados del año pasado el gobierno bertista (aún no se han aprobado presupuestos específicos para este año), no hay crédito para hacer el pago. Así que Intervención de Fondos ha puesto un reparo de legalidad al abono de dicha indemnización y de las costas. “Se repara el expediente por inexistencia de crédico, correspondiendo al Pleno resolver las discrepancias que pudieran plantearse”.

En casos como éste, los responsables municipales de esta pifia que se remonta a 2004-2007 deberían dar explicaciones públicas, reconocer culpas y asumir responsabilidades. Pero qué va. No se ponen ni colorados… Y encima son tan cínicos-mentirosos (y cínicas mentirosas también) que presumen de gestión económica hasta en el pleno 😯 (o tarados-as, porque madre mía…).

1. Sentencia del TSJC que rechaza el recurso de apelación del Ayuntamiento de Arona contra el fallo judicial que le había condenado hace un año a indemnizar al ex adjudicatario del servicio municipal de recaudación.

(Quienes lean el post desde la portada, pinchen en el titular principal o en la pestañita de “leer más” que sale aquí debajo para poder leer el resto de documentos judiciales del Caso ex Recaudador que les he puesto en este post).

Sigue leyendo

Condenan al Ayuntamiento a pagar 500.000 euros al ex concesionario de Recaudación

¿Recuerdan que les conté hace unos días que el Ayuntamiento de Arona había sido condenado a indemnizar a la empresa que gestionaba el Servicio de Recaudación Municipal? Pues ya he averiguado la cuantía: 500.000 euritos (de momento).

La facturita se la tenemos que agradecer a las tres personas que se empecinaron en 2003 en darle puerta a la empresa que lo gestionaba y que gestionaron la operación de rescate del servicio: El alcalde de Arona (José Alberto González Reverón), el funcionario-jefe de casi todo en el Ayuntamiento, Juan Pedro García, y la jefa de Recursos inHumanos, Carmen Teresa.

Aunque de momento las arcas municipales no van a tener que aflojar la pasta, ya que sus cabezas ¿pensantes? han decidido recurrir. Eso sí, la apelación le puede salir bien cara al Ayuntamiento, ya que el fallo judicial emitido recientemente establece que por cada año de demora hay que sumar 100.000 euritos a los 500.000 que cité antes (más costas). Y vista la rapidez de los juzgados…

Intentaré conseguir la sentencia.

–>Post relacionado:

“Al bertismo se le acabó el glamour (Parte II). El Ayuntamiento tiene que buscar dinero para pagar unos 15 millones de euros en indemnizaciones” (Posteado el 20 de junio de 2011)

(He descubierto nuevas reclamaciones indemnizatorias que elevarían bastante esa cuantía :-S )

–>Propuesta Hari para afrontar los pagos: Comprar un cuño de hacer dinero, porque si no nos van a cerrar el Ayuntamiento por quiebra…

Tanto van los enchufes de Berto a la fuente judicial, que se acabará electrocutando

El alcalde imputado de tráfico de influencias, ya fue vapuleado judicialmente en 2004 por su arbitrariedad, ilegalidad, temeridad y mala fe en materia de contratación

El enchufismo en el Ayuntamiento de Arona no es ninguna novedad para los vecinos, ni para los trabajadores municipales, ni para el actual alcalde y, ni siquiera, para los tribunales.

El primer edil aronero, Berto González Reverón (de Coalición Canaria), recibió las primeras sacudidas judiciales por sus contrataciones ilegales de personal apenas un año y medio después de haber llegado a la Alcaldía: En noviembre de 2004 el magistrado del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife declaró ilegales y anuló al menos tres contrataciones realizadas mediante decreto bertista (creo que eran cuatro, pero solo he encontrado tres de las sentencias). Y miren por donde, de aquellos lodos ilegales vino una de las cuatro patas que tienen enfangado al alcalde en el Caso Arona por un presunto delito múltiple de tráfico de influencias.

Esos contratos laborales decretados por Berto en diciembre de 2003 (había llegado a la Alcaldía en mayo de ese año) fueron tan escandalosos, que el propio Gobierno de Canarias los denunció en los juzgados. Las sentencias fueron aniquiladoras (aunque luego otro magistrado, el del Caso Arona, ha constado que el alcalde no escarmentó en ese sentido. Bueno, dejó de enchufar gente por decreto, eso sí…).

Arbitrariedad, ilegalidad, temeridad y mala fe.

En ellas magistrado concluyó que “procede declarar la nulidad de la contratación efectuada, sin perjuicio de la eventual responsabilidad de otro orden en que hay podido incurrir el Alcalde de la Corporación demandada, al haber acordado la misma de forma arbitraria, pese a las acertadas advertencias de ilegalidad efectuadas tanto por la Jefe de Sección como por el Interventor del Ayuntamiento demandado, conforme se acredita en los folios 2 y 3 del expediente administrativo, remitiéndose copia de la presente sentencia al Ministerio Fiscal a los efectos oportunos, procediendo de otra parte imponer las costas a la Administración demandada habida cuenta de la manifiesta temeridad y mala fe habida en su actuación procesal”.

Esa frase que he reseñado en negrita y la evidencia de que Berto no escarmentó ni un poquito en ese sentido, llevaron al letrado Felipe Campos en 2007 a incluir dichas sentencias en la denuncia que desencadenó el Caso Arona con la intención de que fueran juzgadas las posibles responsabilidades penales en que haya podido incurrir el alcalde con sus decretazos laborales (dado que, entre otras cosas, su ilegalidad supuso una carga para las arcas municipales -una constante habitual desde que dirige el Ayuntamiento-).

Devoción del “honrado y honesto” alcalde por el enchufismo.

Las escuchas telefónicas ordenadas por el magistrado instructor del Caso Arona ese año (2007) corroboraron que esas ilegalidades no habían sido ocasionales, y que el alcalde es un ferviente e incorregible devoto del enchufismo y de las ilegalidades (según él y sus seguidores, porque es “un alcalde cercano al pueblo”, porque es “honrado y honesto” y porque quiere “ayudar a los vecinos).

Esas escuchas han sacado a la luz que transformó la alcaldía municipal en una especie de agencia de empleo supervisada por él para designar de forma totalmente arbitraria la elección del personal del Ayuntamiento, de la Policía Local, de los servicios municipales subcontratados (como limpieza y jardines) y de cuantos recursos pudiera abarcar con el poder que le arroga su cargo (juzgados, cámara de comercio…). Tales contratos, como refleja claramente la transcripción policial de dichas escuchas telefónicas, han sido ‘concedidos’ como favores personales suyos (de ahí su imputación y la de parte de su equipo por presuntos delitos de tráfico de influencias). Además, ha quedado constatada su afición a amañar incluso procesos selectivos de personal (oposiciones) para que los mismos favorecieran a sus ‘elegid@s’. En estos amaños, han participado también funcionarios del Ayuntamiento de Arona (algun@ de ellos jefes de sección).

Sus desvelos por favorecer a sus elegid@s para los puestos de trabajo de la Administración Pública aronera le han llevado incluso a facilitar temarios de oposiciones a sus favorit@s y a promover el diseño de procedimientos selectivos de personal adaptados al milímetro al perfil de sus escogid@s.

Cientos de enchufados por el alcalde más eléctrico.

La documentación del citado Caso Arona acredita que ese gesto de “honradez y honestidad” de Berto en los procesos de contratación consistorial han beneficiado al menos a 100 personas. Y seguramente no me quedaría corta si dijera que esa política de contratación bertista basada en el favor y en el chanchullo ha beneficiado solamente entre 2007 y 2009 -mientras su teléfono estuvo pinchado por orden judicial- a más de 200 personas. Claro que si estimamos que fue concejal con representación en la Junta de Gobierno Local desde 1995 hasta 2003 y que es alcalde desde 2007, ese cómputo de enchufes puede quedarse bastante corto…

Uy, otro dato interesante que casi se me escapa: buena parte de esos agraciados por la honradez y la honestidad de Berto, son familiares suyos y afiliados de Coalición Canaria (categoría esta última que incluye también a integrantes de sus planchas electorales de 2007 y de 2011).

Periodistas, políticos, vecinos y haristas requetechungos.

A Berto y a los bertistas les indigna soberanamente que salgan a relucir tales prácticas cuanto menos inmorales. A quienes han competido por esos puestos de trabajo público en condiciones de desigualdad e inferioridad de condiciones, a los legalistas y defensores del Estado de Derecho y a los haristas, nos indigna ese tipo de prácticas políticas, que sus autores no pidan disculpas ni asuman responsabilidades cuando han sido pillados (porque condenados o no, es impepinable que han sido pillados por la oposición, por la Policía Judicial, por jueces, fiscal…). Qué chungos somos algunos, mira que airear y criticar esas desviaciones políticas en plena campaña electoral… Y mira que escandalizarnos por que un político imputado y pillado en esos menesteres vuelva a presentarse a las elecciones como si nada… Hay que ver, qué requetechungos somos algunos!!!

Pobre Berto, pobres bertistas, pobres enchufados, pobres familiares de todos ellos, pobre Coalición Canaria… Está claro que ni los miembros de la oposición, ni los candidatos de otras planchas políticas, ni los periodistas, ni los vecinos que criticamos tales prácticas tenemos perdón ni excusa. Casi que no tenemos derecho a criticar tampoco… Y menos ahora que el propio alcalde pluriimputado ha dejado claro que “ha triunfado el bien sobre el mal”, JAJAJAJAJAJAJAJJAJA, qué frase más apoteósica, jajajajajajajajaj. Xd, ha superado hasta lo de “he podido meter la pata pero no la mano” y lo de que en el Ayuntamiento de Arona “siempre se ha hecho así” la ignorada a las leyes. Y encima no criticamos a los políticos de otras siglas no imputados!! Qué fuerte, y tampoco criticamos a los denunciantes que han provocado que todo eso salga a la luz!!!!

No sé haristas, vamos a tener que hacer algún propósito de enmienda o penitencia por nuestras faltas, para ver si los ofendidos bertistas nos perdonan, jajajajajajajajaj.

¿Presunción de inocencia? Sí, claro… E indicios fehacientes de corrupción, también. 

Por cierto, ¿alguien tiene curiosidad o interés por leer el sumario del Caso Arona?