Juan Carlos Cavara recomendó al Bertismo de CC incumplir la obligación legal de declarar la incompatibilidad y cese de Berto «por la complejidad del asunto» y la ausencia de doctrina jurisprudencial 👿

Un catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona aconsejando a los condenados de corrupción que no dejen el cargo… (eixe és més roïn que la tenca en suc)

Uy, disculpen, pero con tanto jaleo surreabertista se me había pasado postearles al menos las conclusiones del escandaloso y famoso informe de encargo elaborado para CC por Juan Carlos Gavara de Cara, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma en quien el alcalde ilegal de Arona, su gobierno de CC y CAN-CCN y Coalición Canaria en peso han apoyado la berstialidad de votar en pleno que el Ayuntamiento de Arona no acate las instrucciones de la secretaria general ni de la Junta Electoral Central sobre la obligación de cese ex lege que determina la Ley Orgánica de Régimen Electoral para los condenados por delitos de corrupción como Berto.

En concreto el gobierno bertista de CC aportó dos informes para justificar su desmadre legal (ya denunciado por los haris ante la Fiscalía de Arona, la Fiscalía Provincial y la Fiscalía General del Estado). El otro, el del abogado Rolando García, es aún más escandaloso y rocambolesco (<-pinchar para leer post relacionado). Pero el alcalde ilegal, su Bertismo y CC están dando más bombo a éste por eso de ir firmado por todo un catedrático catalán.

Jeje, el mismo supuesto irrefutable informe que Berto le prestó la semana pasada a un compi prevaricador de Galicia (Moncho Rodríguez Ares, ex teniente de alcalde de Sada) para intentar evitar su cese. Ése que fue absolutamente ninguneado por el pleno sadense (<-pinchar para ver post relacionado). Por cierto, finalmente la toma de conocimiento de la incompatibilidad y cese de Moncho fue aceptada ¡por unanimidad!, jajajajaj, hasta el grupo del cesado se dio por enterado; igualito que en Aronalandia 😉 ).

Recomienda no acatar la declaración de incompatibilidad que marca la LOREG para políticos condenados por delitos de corrupción, asegura que la «inactividad» de la administración en ese sentido «no implica que se puedan derivar consecuencias» (ya ya…) y, entre otras perlas, que la pérdida del cargo es  «es un acto de ejecución penal que corresponde constitucionalmente ser adoptado por los órganos jurisdiccionales» y que «conlleva una infracción de reglas y principios constitucionales y legales conectados a los derechos de la presunción de inocencia, tutela judicial efectiva y a la legalidad penal». (de poll i mosca totaaal).

El gobierno aronero de CC aún no ha hecho público cuánto pagó por éste y por el otro informe de encargo, ni si los paga el partido o el Ayuntamiento de Arona. Pero se dice que el del catedrático costó bastante más caro que el del tal Rolando.

Bueno, lean este extracto y flipen.

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