Berto y Barrios, condenados a entenderse por imperativo legal. ¿O ilegal? (2)

Caso Arona 3, Patrimonio Municipal de Suelo, denuncias urbanísticas, Plan General, Urbanismo a la carta y pacto de gobierno CC-CAN-CCN

Por si fuera poco, la mega querella de Fiscalía del Caso Arona 3 alude también a la gestión irregular del Patrimonio Municipal del Suelo. Eso mejor lo explico otro día con detenimiento, pero resumiendo: el gobierno municipal subastó la mayoría de sus parcelas públicas para pillar perras en la época de mayor bonanza económica y presupuestaria del Ayuntamiento, o sea, cuando no hacía falta. Esta Administración ingresaba tanto dinero en esos años, que no era capaz ni de gastarlo (apenas ejecutaba la mitad de las obras que presupuestaba).

Y, aquí viene lo más escandaloso, como se quedaba sin suelo para los equipamientos públicos necesarios en el municipio (colegios, institutos, centros sanitarios, centros deportivos, parques…), el gobierno local conveniaba recalificar de rústico a urbano los terrenos de ciertos vecinos-empresarios a cambio de que cedieran suelo para dichas infraestructuras públicas. Y si los convenios eran rechazados por la Cotmac y no se incluían en el Plan General, establecían que los empresarios fueran indemnizados por quedarse sin su recalificación.

Jo, y qué casualidad, los que compraban las parcelas urbanas que subastaba el Ayuntamiento y los que luego cedían suelo para equipamientos a cambio de recalificaciones de suelo rústico, suelen coincidir.

El asunto tiene mucha más enjundia (muchííísima más). Pero van percibiendo el tufillo a pelotazo que sale de ahí, ¿no?… Los desgobernantes de Arona dirán que tales operaciones urbanísticas y económicas respondían al interés general. Sin embargo, a simple vista, parecen responder más bien al interés de mengano y ciclano, con alguna muletilla entre medio del tipo “el que parte y reparte se lleva la mejor parte”. O yo que soy malpensada… 😉 . Uy, por cierto, en el tinglado general no quedan en apuros solo Berto y Barrios, sino también otros ex gobernantes conocidos como Felillo (alias Félix Sierra, del PP, el imputado de cohecho en el Caso Arona 1), y Tatanito (alias Sebastián Martín, de CC).

Para bordar el bombardeo judicial contra la ¿presunta? corrupción político-técnico-empresarial de Arona, el recurso que han presentado el abogado Felipe Campos y el de la mochila de CxA contra la entrada en vigor del Plan General arremete con artillería pesada contra las recalificaciones y cambios de uso incluidos ese PGO a pesar de los convenios urbanísticos que las amparaban vía fueron tachados de ilegales por el organismo autonómico que dio el visto bueno a la aprobación de ese planeamiento. Algunas de las barrabasadas que relata y documenta ese recurso, son de novela.

Eso sí, que quede claro que no todos los convenios ilegales se plasmaron en dicho Plan. Tampoco se tiraron tanto tanto al monte de la ilegalidad urbanística en ese Plan. Algunos relacionados con la legalización de parcelaciones clandestinas y asentamientos ilegales quedaron suspendidos por si al Ayuntamiento de Arona se le ocurre la fórmula de darles solución legal. ¿Cuánto era? ¿Seis meses de plazo a partir de la entrada en vigor del Plan General? Ejem…

Encima, el Caso Arona 2 también va sobre temas urbanísticos y económicos. Más de licencias con columpiadas legales y de perdones económicos a favor de los titulares-empresarios y, cómo no, en detrimento de las arcas públicas (perdón de tasas de licencia, por si no quedó claro).

La repanocha del Urbanismo aronero es que el Plan General que apadrinaron Berto y Barrios en 2003-2007 (bajo el mando de este último) tardó tantísimo en entrar en vigor, que ya no es del gusto de los promotores. El ladrillo residencial que proyectaron por todos lados ahora está en crisis. Por lo que toca cambiar el Plan que tardaron casi 20 años en tramitar. Hasta en prensa ha dicho lo de los cambios a la carta de los empresarios el cuestionadísimo actual concejal de Urbanismo aronero, Carmelo García, dando por hecho que en la política urbanística del municipio mandan los promotores y que la línea sigue siendo brindarles una PGO a la carta -nada nuevo bajo el sol, basta ver lo que salió de las cajas fuertes y los ordenadores de Eliseo de la Rosa y de Félix Sierra 😮 , pero en fin-. Ups aunque si los promotores mandan y Barrios tuviera razón en su afirmación de que Carmelo no es nada apreciado por los empresarios, llegado el caso, ¿quién le movería la silla? ¿el alcalde, Barrios o los promotores? jeje).

Tooodo lo anterior es solo un somero resumen del embolado judicial que condena a Berto y a Barrios al entendimiento por poca estima que se guarden -no exagero al decir que su situación legal es aún peor de lo que les he contado, sobre todo la del pluriimputado alcalde-. La cosa es que lejos de estar mosqueados por los saraos en que cada uno ha metido al otro, últimamente comen juntos y se reúnen a diario. Justo desde que la oposición amagó con montar una moción de censura (cuestión de confianza) contra el alcalde de CC con el horizonte puestos en la aprobación del presupuesto municipal de 2012 (aún incógnito). Y desde que el alcalde y su ex edil de Urbanismo se sentaron en el banquillo de los acusados a cuenta del Caso Enchufe.

¿Que si CC y CAN-CCN están negociando un pacto de gobierno, ‘simplemente’ preparando su complicadísima defensa judicial o ‘tan solo’ pactando el rediseño de un PGO a la carta de los promotores-empresarios? Pa’ mí que están a tres manos, pegándole un fisco a todo.

De hecho, a pesar del revuelo que se ha montado a cuenta de esas negociaciones de pacto, ni el gran jefe Barrios ni su Fuentes han dado señales de vida ante el resto de la oposición, ni siquiera para desmentir ‘los rumores’ y avisar de que los planes del golpe para derrocar a Berto debían seguir según lo previsto. ¿Si no hubiera mordido carne en el gobierno iba a dejar escapar la moción de censura que él mismo había alentado entre los grupos de la oposición (PSOE, PP y CxA) y ediles insatisfechos de CC? Ya…

Sin ponerle imaginación hasta imagino al alcalde de CC suplicándole a su ex socio de CAN-CCN que convenza a su amigo Camilo Álvarez (ex concesionario de Limpieza) para que quite las querellas que le ha puesto, y para que aplaque a los ex concesionarios que le han declarado la guerra, Chijafe y Pede de la Rosa, y para que arregle el Plan Parcial El Mojón, y el litoral gomero-aronero de Las Galletas, y los problemas legales con el CD Marino, y las licencias denunciadas que siguen trabadas, etcétera etcétera. También imagino fácilmente a Manolo respondiéndole gentilmente algo así como “si yo y mi pupilo estuviéramos en el gobierno todo se arreglaría amigo mío, incluida la crisis interna de tu grupo. Y además, así no podría prosperar un golpe de estado contra tí desde la oposición”.

Aunque no es tan fácil. Para el bertismo (concejales y fieles en general) un pacto con Barrios y su pupilo José Antonio Fuentes no es fácil de digerir (ya se ha encargado Berto de transmitir su falta de cariño hacia ellos y el CAN CCN en general, Chiri and family como ejemplo). Aparte del escándalo público y mediático que tal reconciliación entre esos divorciados políticos generaría…

Está emocionante la cosa, sí señor.

Mientras ellos conspiran el municipio está patas arriba. Con huelga de limpieza a la vista y la Policía Local a punto de liarse a tiros -por citar dos problemones de gestión política-. Pero entre el interés general y el interés de los políticos acuciados por escándalos de corrupción y ansiosos de poder aunque solo sea por costear su defensa a costa del erario público, está claro dónde se centran los esfuerzos…

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El alcalde y su ex edil de Urbanismo, condenados a entenderse por imperativo legal (¿o ilegal?) (1)

Convenios urbanísticos ilegales, responsabilidad patrimonial del alcalde, Patrimonio Municipal de Suelo, Caso Arona 3 (+ el 2 y 1)…

El alcalde de Arona, José Alberto González Reverón (alias Berto, de CC), no quiere a Manuel Barrios (jefe del CAN-CCN). Pero lo necesita más que nunca por las denuncias de corrupción que les afectan. Barrios tampoco quiere a Berto, pero anhela casarse políticamente de nuevo con él para volver al gobierno municipal.

Lo de que no se quieren es en serio: Barrios tilda a Berto de inepto e inútil pa’rriba. Y Berto blasfema contra Barrios tachándole de corrupto (entre otras pruebas de tan grave calificativo, las escuchas del Caso Arona). Y, sin embargo, están condenados a entenderse. Aunque solo sea por intentar librarse de las condenas judiciales que se ciernen sobre ellos 😉 a cuenta de las bestialidades urbanísticas y económicas que cometieron juntos entre 2003 y 2007.

No me refiero solo a las imputaciones-cuasi acusaciones de prevaricación y delitos contra la ordenación del territorio que comparten en el denominado Caso Arona 1 (u Operación Edén) por la aprobación en Junta de Gobierno, entre otras cosas, de cientos de licencias urbanísticas irregulares-ilegales. Sino también, y sobre todo, a la delicadísima situación en que han quedado ambos a cuenta de los escándalos urbanísticos aludidos en la querella de Fiscalía que acaba de desatar el Caso Arona 3.

Los numerosísimos convenios urbanísticos ilegales que impulsaron cuando fueron socios de gobierno (Barrios los negociaba y preparaba, y el alcalde los firmaba), son una de las bombas de presunta corrupción y de absoluta irresponsabilidad que está reventando en los juzgados. Doy por hecho que son ilegales porque así lo determinó en 2006-2007 la Cotmac al negarse a incluirlos en el Plan General de Ordenación (curiosamente, en algunos casos que aludían a empresarios fuertes no incluyeron los convenios, pero sí su contenido ¿¡ !? ).

El problemón de Berto a cuenta de esos convenios (todos están firmados por él, la mayoría aprobados vía decreto), es que se realizaron totalmente al margen del procedimiento legalmente establecido. Entre otras anomalías graves, los más controvertidos fueron elaborados por técnicos externos al Ayuntamiento y se aprobaron sin fiscalización alguna por parte de los técnicos municipales. Ni la Oficina Técnica Municipal, ni la sección jurídica de Urbanismo ni Intervención de Fondos ni la Secretaría General del Ayuntamiento tuvieron ocasión de informar sobre la legalidad de la mayoría de esos convenios porque el alcalde decidió ignorarlos (no porque no le advirtieran del peligro, sino porque esos informes hubieran sido desfavorables). También ignoró al pleno municipal: los grupos de la oposición se enteraron de su existencia por la prensa, y nunca tuvieron la posibilidad de pronunciarse o votar su aprobación.

Tal forma de actuar implica que el alcalde asumió personalmente toda responsabilidad legal y/o patrimonial (económica) que se derive de dichos convenios. Y ahí ya le duele hasta quitarle el sueño: su bolsillo está contra la espada y la pared (el culo legal también, aunque a eso debe estar ya está acostumbrado 😉 ). Al kamikaze alcalde de Arona no se le ocurrió otra cosa que aprobar convenios urbanísticas con cláusulas indemnizatorias. Si por lo que fuera los convenios no se ejecutaban, sus ‘beneficiarios’ serían indemnizados. El ejemplo más a mano que tenemos de tal barbaridad es el convenio entre el Ayuntamiento de Arona y Zentral Center, cuya ilegalidad derivó en una sentencia de pago de más de 1.400.000 euros contra las arcas municipales. En un pleno reciente la concejal de Hacienda y el alcalde dijeron que habían recurrido esa sentencia y que la cuantía a pagar es muchísimo menor, así como de unos 500.000 euritos de nada.

“De nada” si pagan las arcas públicas, claro. Pero el Caso Arona 3, por culpa del según Berto diabólico José Antonio Reverón (CxA), abre la puerta a que ese pago y todos los derivados de dichos convenios sean abonados por el-los responsables de su irregular aprobación.

(Continúa en el siguiente post)