El estampido judicial que se ha llevado el Bertismo en las narices, en el morro y en el culo, ha avivado las discrepancias entre miembros del gobierno que amenazan con irse y hasta con plantear una moción de censura
*Aclaración: lo del culo va principalmente por la graaaaaaan cantidad de bertistas que están viendo peligrar su silla consistorial.
Leer noticia completa pinchando en el siguiente link de la agencia de noticias Europa Press (que es de donde han sacado hoy prácticamente todos los medios la nota que publican sobre ese recurso:
«Los imputados del Caso Arona preparan un recurso «convencidos de su inocencia».
Es un reflejo espontáneo, no lo puedo evitar, me entra la risa en cuanto pienso en el peso jurídico de argumentos de defensa que pudieran esgrimir esos imputados. ¿Se los imaginan diciendo aquello de «en el Ayuntamiento de Arona siempre se ha actuado así, desde los inicios de la Democracia»?, o lo de «en todas las administraciones públicas se cometen los mismos delitos que en Arona a diario, por qué no investigan al Ayuntamiento de Adeje».
Uy, o el de «he podido meter la pata pero no la mano», y «cometí tráfico de influencias porque no sabía que era ilegal, pero ahora que lo sé, no lo voleveré a hacer más». Sigue leyendo
→ Además, otros siete ex gobernantes aroneros se reparten 10 delitos.
→Nueve de los 10 gobernantes y exgobernantes aroneros imputados de 20 delitos penales indiciariamente acreditados forman o han formado parte de la Junta Local de Gobierno.
→Los delitos atribuidos tras la fase de instrucción judicial a los 11 gobernantes y ex gobernantes ‘invitados’ por el juez instructor a sentarse en el banquillo de los acusados, son prevaricación urbanística (8), tráfico de influencias (5), prevaricación (5), malversación de caudales públicos (1) y cohecho (1).
→ Un gobernante y un ex gobernante del Cabildo de Tenerife (PSOE y PP) se sentarán en el banquillo de los acusados.
→ Un consejero socialista tinerfeño compromete políticamente al PSOE y a Rubalcaba (el segundo de esta provincia tinerfeña en menos de 15 días).
→ Seis técnicos-trabajadores que forman parte de las plantillas de Urbanismo y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arona reúnen 13 delitos penales (tráfico de influencias (6), prevaricación (4), cohecho (2), actividades y negociaciones prohibidas a funcionarios (1).
→ Dos mandos policiales (Policía Local y Guardia Civil) y un policía local tienen 4 delitos penales (tráfico de influencias y prevaricación).
→ Tres arquitectos (externos al Ayuntamiento) suman 6 delitos indiciariamente acreditados. Uno de ellos fue vocal del Colegio de Arquitectos.
→ Cinco de los imputados de delitos penales indiciariamente probados trabajan o están en excedencia en entidades bancarias. Dos de ellos forman parte del actual gobierno aronero y otros dos son ex gobernantes de este Ayuntamiento. Los cuatro forman o han formado parte de la Junta Local de Gobierno.
→ Hay indicios probados de que el ex director general y un técnico de la Cámara de Comercio han cometido delitos de tráfico de influencias.
→ En breve saldrá también el auto de procesamiento del Caso Arona II, en el que están imputados los gobernantes a los que en el Caso Arona I se le han abierto ya diligencias de procedimiento abreviado para su acusación y juicio oral, así como unos cuantos concejales más del actual gobierno y, además, nuevos técnicos del Ayuntamiento aronero y creo que algún empresario.
→ El Plan General de Ordenación Urbana que acaba de aprobar de forma definitiva y de publicar el Gobierno de Canarias, ha sido elaborado principalmente por políticos que el juez plantea enviar a juicio por delitos de corrupción urbanística.
→ La entrada en vigor del PGO pende ahora de que cuatro gobernantes y un ex gobernante imputados por delitos urbanísticos (entre otros) lleven a pleno y voten a favor de ese Plan General.
→ La situación judicial de los 30 imputados con indicios acreditados de que han cometido delitos, aún puede empeorar más cuando la fiscal emita su escrito de acusación (en breve, si no lo ha hecho ya).
– José Alberto González Reverón (Alcalde de Arona): Delito continuado contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística, de un delito continuado de tráfico de influencias y de otro de prevaricación
– Antonio Luis Sosa Carballo (Concejal de Medio Ambiente): Prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
– Manuel Reverón (Concejal de Seguridad): Prevaricación y tráfico de influencias.
– Clari Pérez Pérez (Concejal de Sericios Sociales): Prevaricación y tráfico de influencias.
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– Manuel Barrios, concejal de la oposición (CAN): Delito continuado contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística.
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– Félix Sierra Melo, alias Felillo (PP), ex concejal de Urbanismo y Medio Ambiente entre 1999-2003y, ex responsable del catálogo de bienes y propiedades del Ayuntamiento de Arona entre 2003-2007: Delito continuado de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación, así como de un delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística.
– Sebastián Martín Martín, alias Tatanito y Tata (CC), ex concejal de Hacienda y Personal (1999-2003) y Turismo (2003-2007): Delito continuado contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística.
– Alfonso Barroso Armas (CC), ex concejal de Electrificación: Delito continuado contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística.
– Juan José Alayón Beltrán, alias Cheché (CC y Los Verdes), ex concejal de Turismo entre 1999-2003 y de Jardines entre 2003-2007: Delito continuado contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística.
– Manuel Barrios, alias El Viejo (CAN), ex concejal de Urbanismo: Delito continuado contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística.
– José Luis González Rodríguez, alias El Cuñado (CAN), ex concejal de Limpieza: Delito continuado contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística.
– Daniel Martín Navarro (CAN), ex concejal de Medio Ambiente, Patrimonio y Playas: Delito continuado contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística.
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– José Luis Delgado Sánchez (PSOE), consejero de Carreteras y Paisaje y administrador de la empresa Contel Ingenieros S.L.: Tráfico de influencias.
– Félix Sierra (PP), ex consejero delegado de Sur buena parte del mandato 2003-2007: Sus delitos ya los cité en el bloque anterior.
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– Eliseo de la Rosa González (arquitecto del área de Urbanismo): Delito continuado de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación.
– Roberto de Luis Jiménez (aparejador del área de Urbanismo): Delito continuado de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación, así como un delito de negociaciones y actividades prohibidas a funcionario público.
– Milagros Jesús Suárez Martín (directora de la guardería municipal de Arona): Delito de tráfico de influencias y de prevaricación.
– Nizamara Domínguez Gómez (personal laboral adscrita al Patronato de Servicios Sociales): Tráfico de influencias y prevaricación.
– Ángel Artillo de los Ríos (adscrito al servicio municipal de Jardines): Tráfico de influencias
– María Gladys Tacoronte Sánchez (secretaria de Alcaldía): Tráfico de influencias.
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– Hortensia María García García (Jefa de la Policía Local de Santiago del Teide y, en excedencia) subinspectora jefe de la Policía Local aronera: Tráfico de influencias y prevaricación.
– Jose Manuel Rodríguez Rodríguez (Cabo de la Guardia Civil): Tráfico de influencias.
– Sebastián Fuentes Merino (Policía Local de Arona): Tráfico de influencias.
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– Zenón Rodríguez Neris: Delito continuado de cohecho y tráfico de influencias.
– Antonio Luis Pablo González: Delito continuado de cohecho y tráfico de influencias.
– Jorge Menéndez Díaz: Delito continuado de cohecho y tráfico de influencias.
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– Arsenio Zamora Toledo: Delito de tráfico de influencias y cohecho.
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– Vicente Francisco Dorta Antequera, ex director general de ese organismo: Delito de Tráfico de influencias
– Carlos Enrique Morales Plasencia, técnico jurista: Delito de Tráfico de influencias.
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– Sandra Esther Chinea Correa: Tráfico de influencias.
– Kemel Baghdad Milou: Tráfico de Influencias
– María Bettina García Melo: Falsedad documental
Por fiiiiiiin ha terminado la fase de instrucción o investigación del Caso Arona I, esa que arrancó a principios del año 2007. Y, tachan tachaaaaaaan, el juez instructor ha visto indicios suficientes de que el alcalde, Berto González Reverón, tres concejales de su actual equipo de gobierno de Coalición Canaria y 26 personas más han cometido delitos penales y, hablando coloquialmente, ha iniciado el procedimiento de acusación previo al juicio oral.
Siendo fieles a la terminología jurídica, lo que ha ocurrido en la mañana de hoy es que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias hizo público que el magistrado Nelson Díaz Frías ha dado prácticamente por terminada la fase de instrucción o investigación, que entiende que hay indicios claros de que el alcalde de Arona, al menos tres gobernantes más y otras 26 personas han cometido delitos penales, por lo que ha emitido un auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado y ha dado traslado del mismo a las acusaciones (Ministerio Fiscal y acusaciones particulares como la de Felipe Campos) para que formulen escrito de acusación y para que soliciten la apertura de juicio oral si así lo estiman oportuno (jeje, también podrían pedir el sobreseimiento de la causa, pero eso no va a pasar ni de coña).
Según el auto del juzgado número dos de Arona, de las diligencias de investigación practicadas ha quedado indiciariamente acreditado los siguientes hechos (copio literalmente):
1.- En relación a los imputados que conformaban la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Arona desde 2003 a 2007 (es decir, JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ REVERÓN, FÉLIX SIERRA MELO, MANUEL BARRIOS RODRÍGUEZ, DANIEL MARTÍN NAVARRO, JUAN JOSÉ ALAYÓN BELTRÁN, SEBASTIÁN MARTÍN MARTÍN, JOSÉ LUIS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ y ALFONSO BARROSO ARMAS) la comisión de un delito continuado contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística.
2.- En relación al imputado JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ REVERÓN ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito continuado de tráfico de influencias por las gestiones que hizo y presiones que ejerció valiéndose de su cargo de alcalde del Ayuntamiento de Arona:
A) Para que no ejecutara la orden de demolición que pesaba contra la vivienda de su primo y actual concejal de Seguridad, Manuel Reverón González, había construido en suelo rústico de Los Migueles. En concreto, el auto recoge que el alcalde «trató de influir en su compañera de partido María del Pino de León Hernández, la cual era desde julio de 2007 consejera del Cabildo Insular de Tenerife del área de planificación territorial, a fin de conseguir que la sanción firme impuesta a su amigo, primo hermano por naturaleza y compañero de partido Manuel Reverón González referida a la demolición de su vivienda ilegal en Buzanada (Arona) deviniese inefectiva y no se llevase a la práctica».
B) Ante el entonces director general de la Cámara de Comercio en Santa Cruz de Tenerife, Vicente Francisco Dorta Antequera, «con el fin de favorecer a su pariente, Carlos Enrique Morales Plasencia«, «conocido entre sus vecinos como Carlos Tacoronte”, para que se le adjudicara la plaza de técnico que ese organismo ofertaba en su delegación del Sur de Tenerife.
C) De las gestiones que hizo con la entoces subinspectora jefa y de la Policía Local aronera (Hortensia García) y presidenta del tribunal calificador de las oposiciones para 10 plazas de policía, para que a Nicanor Valentín Díazse le inflarara indebidamente la puntuación de la prueba de habla inglesa y pudiera obtener así una de esas plazas.
D) «Con el fin de favorecer a sus amistades, así como otras personas con las que se sentía comprometido por motivos familiares, sociales o políticos» para que fueran contratadas en empresas concesionarias del Ayuntamiento como la de Limpieza y Recogida de Residuos (Camilo Álvarez Sánchez (CAS) y CLUSA en esa época), a cuyo encargado, Ángel Artillo, daba encomiendas e instrucciones sobre a quiénes debía contratar. El auto cita como beneficiados por esos enchufes a «Aníbal, Antonio Suárez o Jairo Hernández Mora y entre las que menciona también en las conversaciones telefónicas interceptadas por la Guardia Civil, a título meramente ejemplificativo, a un hijo del concejal también imputado en esta causa Alfonso Barroso Armas, a Iván García Rodríguez y su madre, a Candelaria Lesmes Fumero, a Carmen Delia Reverón, a Dácil López o a Jose Augusto Fumero Correa, y todo ello, porque tal como el imputado José Alberto González Reverón le dijo Ángel Artillo en las conversaciones telefónicas intervenidas por orden de este Juzgado “son compromisos suyos”.
E) Para favorecer que la hija de María Bettina García Melo y de Kemel Baghdad Milou, fuera admitida en la guardería municipal, infuyendo en Milagros Jesús Suárez Martín (directora de la guardería municipal de Buzanada y trabajadora laboral de ADESA, sociedad municipal del Ayuntamiento de Arona) y en Nizamara Domínguez Gómez (personal laboral adscrita al patronato de Servicios Sociales del Ayuntamiento aronero así como miembro de la Comisión Técnica de Valoración de dicha guardería municipal) para que la referida menor de edad (que es hermana del amigo de un hijo del alcalde) fuese admitida en dicha guardería municipal «a sabiendas de que su madre, María Bettina García Melo, habría presentando en el ayuntamiento un documento de contenido falso relativo a que los padres de la menor (…) no convivían juntos».
F) Con el fin de favorecer al grupo de empresas Expohoteles And Resorts, del que forma parte la empresa Pirámides de Arona S. L. (propietaria del Hotel Sir Anthony, sito en calle Luis Díaz de Losada nº 8, de Playa de las Américas, Arona), ya que «siendo perfectamente consciente de la realización de dichas obras de reformado ilegales en el mencionado establecimiento hotelero, no se adoptó en el correspondiente expediente la preceptiva orden de suspensión de las obras conforme a lo establecido por el artículo 176 del TRLOTENC, ni se impartió la orden para su cumplimiento efectivo por el concejal de Urbanismo de dicho consistorio», Antonio Luis Sosa Carballo. El juez destaca la circunstancia de que el alcalde «obtenía gratuitamente, cuando así lo solicitaba, una habitación en los hoteles de dicho grupo empresarial situados en el sur de Tenerife, y en especial en el Hotel Sir Anthony, para el uso privado y reservado del dicho José Alberto González Reverón, llegándosele a facilitar por el entonces delegado de dicho grupo empresarial en el sur de Tenerife, Rafael Estartús Carbó, el acceso a la habitación del hotel “por entradas discretas que no fueran las normales de cualquier huésped”.
G) Con el fin de favorecer a su primo segundo José Antonio González Costa, el cual en junio de 2008 estaba realizando una obra en una casa de su propiedad sita en Calle Real nº 35, de Buzanada (Arona), sin haber obtenido la preceptiva licencia municipal, el imputado José Alberto González Reverón, teniendo conocimiento de la ilegalidad de dichas obras, dejó de promover las acciones oportunas para sancionar dicha irregularidad administrativa y, en el caso de que así hubiese sido procedente en derecho, ordenar la paralización de las referidas obras ilegales que su primo venía realizando.
H) Para favorecer a los vecinos José Ramón García Martín y Francisco García García, intercediendo ante el policía local Sebastián Fuentes Merino con el fin de influir en dicho agente de la autoridad para que no se ejecutara una multa que había puesto a los primeros.
3.- En relación al imputado FÉLIX SIERRA MELO, concejal de Urbanismo en el mandato 1999-2003 y concejal de la Junta de Gobierno en 2003-2007, además de consejero delegado de Sur de Tenerife en el Cabildo de Tenerife durante el pasado mandato 2007-2011 (del Partido Popular), ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito continuado de cohecho, tráfico de influencias y de prevaricación.
(Casi nada las perlas que le cuelga este auto al ex político playero… Ya le dedicaré un capítulo aparte).
4.- En relación al imputado ELISEO DE LA ROSA GONZÁLEZ, ex arquitecto jefe de Urbanismo en el Ayuntamiento de Arona, ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito continuado de cohecho, tráfico de influencias y de prevaricación.
5.- En relación al imputado ROBERTO DE LUIS JIMÉNEZ, aparejador del Ayuntamiento de Arona, ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito continuado de cohecho, tráfico de influencias y de prevaricación, así como en su caso un delito continuado de negociaciones y actividades prohibidas a funcionario público.
6.- En relación al imputado ARSENIO ZAMORA TOLEDO ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito continuado de cohecho y tráfico de influencias.
(Lo de estos tres imputados que pasaron varias semanas en prisión en relación a este caso, no es que de para un capítulo aparte. Xd, esto da para una novela completa…
7.- En relación al imputado ZENÓN RODRÍGUEZ NERIS (arquitecto) ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito continuado de cohecho y tráfico de influencias.
8.- En relación al imputado ANTONIO LUIS PABLO GONZÁLEZ TOLOSA (arquitecto) ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito continuado de cohecho y tráfico de influencias.
9.- En relación al imputado JORGE MENÉNDEZ DÍAZ (arquitecto) ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito continuado de cohecho y tráfico de influencias.
10.- En relación al imputado ANTONIO LUIS SOSA CARBALLO, concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Servicios Públicos en el mandato 2007-2011 y actual concejal de Medio Ambiente, ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito de prevaricación y tráfico de influencias, así como de otro de malversación de caudales públicos.
11.- En relación al imputado MANUEL REVERÓN GONZÁLEZ (concejal de Seguridad Ciudadana en el anterior y en actual mandato) ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito de prevaricación y tráfico de influencias.
12.- En relación a la imputada CLARA MARÍA PÉREZ PÉREZ (concejal de Servicios Sociales en el anterior y en el actual mandato) ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito de prevaricación y tráfico de influencias.
13.- En relación al imputado VICENTE FRANCISCO DORTA ANTEQUERA ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito de tráfico de influencias.
14.- En relación al imputado CARLOS ENRIQUE MORALES PLASENCIA, ex director de la Cámara de Comercio en Santa Cruz de Tenerife, ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito de tráfico de influencias.
15.- En relación a la imputada MARÍA GLADYS TACORONTE SÁNCHEZ, (cuñada del alcalde y jefísima de Alcaldía y de la administración paralela (o Ayuntamiento extraoficial o en negro) que articuló el alcalde para canalizar los favores), ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito de tráfico de influencias.
16.- En relación al imputado KEMEL BAGHDAD MILOUD (padre de la menor que el alcalde coló en la guardería municipal) ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito de tráfico de influencias.
17.- En relación a la imputada MARÍA BETINA GARCÍA MELO (madre de la citada menor), ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito de falsedad documental.
18.- En relación a la imputada MILAGROS JESÚS SUÁREZ MARTÍN (directora de la guardería municipal de Arona) ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito de tráfico de influencias y prevaricación.
19.- En relación a la imputada NIZAMARA DOMÍNGUEZ GÓMEZ, (personal laboral adscrita al patronato de Servicios Sociales del Ayuntamiento aronero así como miembro de la Comisión Técnica de Valoración de dicha guardería municipal) ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito de tráfico de influencias y prevaricación.
20.- En relación al imputado JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (entonces cabo del servicio de Información de la Guardia Civil) ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito de tráfico de influencias.
21.- En relación a la imputada HORTENSIA MARÍA GARCÍA GARCÍA (ex subinspectora jefe de la Policía Local de Arona y actual jefa de la Policía Local de Santiago del Teide), ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito de tráfico de influencias y prevaricación.
22.- En relación al imputado ÁNGEL ARTILLO DE LOS RÍOS (entonces encargado de los servicios municipales de Limpieza y de Jardines, ahora sigue adscrito a este último) ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito de tráfico de influencias.
23.- En relación al imputado SEBASTIÁN FUENTES MERINO, Policía Local de Arona, ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito de tráfico de influencias.
24.- En relación a la imputada SANDRA ESTHER CHINEA CORREA, ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito de tráfico de influencias.
25.- En relación al imputado JOSÉ LUIS DELGADO SÁNCHEZ (por entonces consejero de la oposición socialista del Cabildo Insular de Tenerife y administrador de la empresa Contel Ingenieros S. L) ha quedado también indiciariamente acreditada la comisión de un delito de tráfico de influencias.
Se deshace el famoso dúo de gobernantes imputados que ha entonado el popular «yo no fuí, soy inocente, se me está acusando injustamente, yo todo lo he hecho para ayudar a los vecinos, yo me compro mis trajes y yo pude meter la pata pero no la mano porque esto sieeeeeempre se ha hecho asííííííííí»: Francisco Camps tuvo que dimitir ayer ante el sinsentido en el que cayó su cantinela al ser procesado judicialmente y la falta de argumentos de los campistas y pepistas para defender su inocencia, su armario y la responsabilidad-sabiduría popular de los ciudadanos que le votaron.
Oooooooooooh, nuestro multiimpultado alcalde, Berto González Reverón, se ha quedado solito con su cantinela, jeje.
El dúo de políticos multimputados que presentó la corrupción a las urnas y ganó por mayoría, se ha roto con el procesamiento judicial y dimisión de Camps. / By Crazy Horse.
Es lo que tiene presentar la corrupción a las urnas… que en cualquier momento cae un sablazo judicial y el gallo tiene que dejar de cantar y salir por patas del corral político. Eso si no lo espolean y lo meten en un corral para él solito. Sigue leyendo
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Ese trío de políticos mentirosos (el alcalde aronero, Berto González Reverón, su ex edil de Urbanismo, Antonio Sosa, y el mismísimo consejero de Medio Ambiente del Gobierno canario, Domingo Berriel) ni siquiera ha tenido la decencia ¿? de comparecer públicamente para explicar los motivos reales de que, una vez más, hayan faltado a su palabra con el Plan General de Ordenación de Arona. Ese documento que, según ellos, iba a entrar en vigor desde antes de elecciones o justo después de las mismas (en resumen, primero dijeron «en breve», después «pocas semanas» después del 27 de abril y más tarde que lo haría justo después de las elecciones, Jajajajajja).
Ays, si es que me viene aquella frase apoteósica de Berto de que con la aprobación del Plan General «ha triunfado el bien sobre el mal», y me destornillo de risa. Aunque tampoco tuvo desperdicio la que soltó Paulinito Rivero (el presidentín canario) cuando se comprometió en público «a coger el torno por los cuernos «para conseguir desbloquear y aprobar el Plan General» de Arona dándole «el último empujón» para que entrara en vigor «en el menor plazo posible». Jajajaja, y eso lo dijo ¡¡en 2009!!
En fin, me he acordado del cachondeíto que se trae Coalición Canaria con ese Plan porque el periódico El Día publicó ayer un artículo que arroja algo de luz sobre la eterna demora de la entrada en vigor de ese documento (porque no es que mintieran solo en abril y mayo de este año, sino que lo llevan haciendo desde 2003 y, con especial entusiasmo, desde 2007, ya saben, el año en el que saltó el Caso Arona y en el que se puso cruda la consumación de ilegalidades urbanísticas contenidas en ese planeamiento).
Por cierto, ese artículo de El Día tiene el importante valor añadido de que ha sido escrito por José Antonio Medina, el periodista al que un ‘sicario’ amenazó de muerte en 2009 si no dejaba de escribir sobre la corrupción urbanística de Arona (pinchar sobre la frase anterior para leer más sobre esas amenazas). Cuando trascendió lo sucedido, para que vean el percal de quienes nos gobiernan por delante y por detrás, políticos y empresarios del municipio dieron la espalda a ese periodista al no brindarle su apoyo y, como guinda, al poner en duda la veracidad de su denuncia, como hizo en público el alcalde de Arona, el Berto González Reverón de 8.000 aroneros). Así que enhorabuena a este periodista por su valentía (por descontado que yo sí creo que fueron ciertas las amenazas que denunció).
Para leer el artículo completo pinchar en el siguiente titular (por cierto, en el siguiente relato también queda en evidencia otro de CC en lo relativo al Plan General aronero, José Manuel Bermúdez, y ya van cinco coalicioneros pillados en renuncio en apenas tres párrafos).
Y ya que nuestros gobernantes nos hacen evocar cuentos como el de Pinocho, vamos a seguir con la línea infantil y a jugar a las adivinanzas: ¿Alguien adivina cuáles son los nombres de los empresarios que se beneficiarían de las recalificaciones ‘delicadas’ que se citan en la siguiente noticia? Una de ellas cayó del Plan en la nueva supuesta aprobación definitiva que acordó la Cotmac en Abril y otra ha logrado permanecer inmutable pese a vientos técnicos y mareas judiciales…
–>»El Cabildo aceptó puntos «delicados» del Plan General Arona, pese a discrepar» (publicado en El Día el 11 de julio de 2011)
Fragmento de ese artículo:
El Cabildo de Tenerife asumió algunos aspectos contenidos en el Plan General de Arona (PGO) con los que no estaba de acuerdo, según reconocieron representantes políticos y técnicos en el marco de una reunión extraordinaria de la Comisión de Turismo celebrada en septiembre de 2009, presidida por el entonces responsable del área y vicepresidente primero de la Corporación insular, José Manuel Bermúdez.
Éste, en calidad de representante de dicha administración en la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), participó en la reunión del 20 de diciembre de 2006 en la que fue aprobado parcial y condicionadamente el PGO aronero. Bermúdez votó que sí al documento (así se recoge en el acta de esa reunión y, aunque pidió insistente y reiteradamente que se corrigiera, reconoció que no le hicieron caso), a pesar de que el Cabildo condicionaba ese voto positivo a la realización de correcciones en tres grandes superficies de suelo, especialmente.
Una de ellas ocupa 152.080 metros cuadrados en El Fraile, en los que se pretendía autorizar la construcción de hasta 1.064 viviendas al recalificarse gran parte de dicha superficie, que inicialmente era de 87.445 metros cuadrados y que la Cotmac ordenó ampliar hasta la cifra final.
En este caso, el Cabildo de Tenerife consideró que la pretensión del Ayuntamiento de Arona no contradecía lo contemplado por el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT), pero sí el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística (Pteot). Por ello, planteó reparos “acotando” la actuación propuesta.
Una situación diferente se vivió en otros dos puntos: Guaza y Guargacho. En esa reunión extraordinaria de la Comisión de Turismo se puso de manifiesto que la Corporación insular sí apoyaba lo planificado por el Ayuntamiento de Arona para ambos casos, pero no su realización en la forma que pretendía aplicarlo la corporación.
Juan Luis Viscasillas, jefe del Servicio Técnico de Planes Insulares, fue quien expuso ante la comisión extraordinaria de Turismo la coincidencia del Gobierno insular con la pretensión del Consistorio aronero de planificar el crecimiento de Guargacho y Guaza, pero matizó que “no estábamos de acuerdo con que se produjera a lo largo de la carretera de Guaza a La Galletas y ampliando el frente de la vía que enlaza Guargacho con Las Galletas”.
Todo ello implicaba la recalificación de una amplia franja de suelo. Viscasillas dejó claro que el Ayuntamiento de Arona defendía la aplicación de esa medida “en virtud de los convenios urbanísticos suscritos”. Es en ese momento en el que el jefe del Servicio adujo que “los técnicos representantes del Cabildo en la Ponencia Técnica (foro en el que se debaten y deciden previamente los asuntos de la Cotmac) asumieron esa postura de forma colegiada”, apoyando así la iniciativa del municipio sureño.
Concluyó asegurando que, por tal motivo, el Cabildo emitió finalmente un informe favorable a la clasificación del suelo en estos dos enclaves del municipio aronero.
Pero leyendo el enlace que me pasó ayer un seguidor del blog (identificado como Democracia Real Ya) al Real Decreto por el que se dispuso en 2006 la disolución del Ayuntamiento de Marbella, yo, sinceramente, hasta me creo un poco más que tan psicotrónica posibilidad pudiera llegar a darse en el sur de Tenerife…
Y aprovechando que el tema está de actualidad y que este debate se ha extendido por el Ayuntamiento y por el municipio como la pólvora, posteo por aquí algunos fragmentos del Real Decreto de disolución de la corporación marbellí (caso único en España) para que vean que hay ciertas similitudes de peso entre Arona y Marbella.
Sucintamente los hechos que justifican la disolución del Ayuntamiento de Marbella son los siguientes:
La contravención sistemática de la legalidad por la actual Corporación en el otorgamiento de licencias en materia de urbanismo, así como su absoluta falta de colaboración con la Junta de Andalucía, al desatender sus numerosas solicitudes y requerimientos referidos a actos viciados de nulidad, paralización de obras ilegales, incoación de expedientes sancionadores y restablecimiento del orden jurídico perturbado.
La inactividad del Ayuntamiento ante los distintos requerimientos judiciales para la paralización de obras, así como otras irregularidades, que incluyen permutas y enajenaciones de inmuebles contrarias a la legalidad y la concesión directa para uso privativo de bienes de dominio público afectos a equipamientos o constitutivos de zonas verdes.
El artículo 61.1 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, prevé que el Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del consejo de gobierno de la comunidad autónoma, o a solicitud de éste, podrá disolver mediante real decreto, y previo acuerdo favorable del Senado, los órganos de gobierno de las corporaciones locales «en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de obligaciones constitucionales».
«Como segunda consideración fundamental, cabe apreciar la afectación al interés general de la Nación desde una perspectiva institucional que apunta al normal funcionamiento de una Administración Pública, y ello teniendo en cuenta dos circunstancias. La primera de ellas se refiere a que, aunque se trate de una corporación local con un ámbito de autonomía constitucionalmente garantizado (artículo 140 de la Constitución Española), no por ello puede considerarse dicha entidad local desvinculada completamente del Estado del que indudablemente forma parte, como resulta del tenor literal del artículo 137 de la misma («El Estado se organiza territorialmente en municipios…»). La segunda circunstancia alude al cúmulo y reiteración de los presuntos delitos cometidos (cohecho, alteración de precios en concursos y subastas, tráfico de influencias, delitos urbanísticos), así como al número de cargos públicos municipales imputados».
«Las anteriores circunstancias no pueden por menos de generar un sentimiento de reproche por parte de la sociedad española en su conjunto, al quedar gravemente dañada la exigencia de funcionamiento ajustado a la legalidad de una institución de base o configuración democrática, siendo este sentimiento social generalizado y no circunscrito a los vecinos del Municipio, lo que revela el alcance o afectación al interés general de la Nación desde esta perspectiva institucional«.
«En tercer lugar, hay que señalar que la situación anteriormente descrita de los miembros de la Corporación, que indudablemente supone un escándalo político, provoca alarma social, el descrédito de la democracia municipal y genera la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones democráticas«.
«Asimismo, estos hechos afectan, junto al interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al interés general de la Nación, atendiendo a la repercusión negativa que la actuación del Ayuntamiento de Marbella ha supuesto, a través de la proyección exterior de España, para las relaciones económicas con otros estados, dado el considerable volumen de inversiones extranjeras en el sector inmobiliario localizadas en el término municipal de Marbella».
«A todo lo anterior, se añade que las irregularidades continuadas en la actuación urbanística desarrollada por el Ayuntamiento de Marbella vulneran lo dispuesto por los artículos 45.2 y 47 de la Constitución Española, que imponen a los poderes públicos el deber de velar por la utilización racional de los recursos naturales, preservando de esta forma el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado, así como la obligación de promover las medidas adecuadas para que la utilización del suelo se haga de acuerdo al interés general«.
¿Algunos de esos párrafos no les recuerdan del todo a Arona? Joer, igual son cosas mías por el entusiasmo que tengo de que la Justicia mueva ficha por estos lares y de que se despeje al final el bestseller del Caso Arona… Pero de verdad que algunos de los párrafos anteriores me parecen casi escritos para el Ayuntamiento aronero.
Entre Arona y Marbella hay algunas diferencias de peso. Está claro. Entre otras muchas cosas porque aquí no tenemos una Isabel Pantoja. Pero imposible no es… (lo de la disolución decía, no lo de la Pantoja, que fue detenida justo después de actuar en Arona, antes de las pasadas elecciones, jajajajajaj).
Pero si echamos la imaginación al vuelo, aquí, de darse tal posibilidad durante los próximos meses, podría hasta llegar a ocurrir que en vez de ser nombrada una comisión gestora (como sucedió en Marbella) fueran convocadasa de elecciones parciales para la constitución de una nueva corporación. Si, ya, es posible que se me haya ido la pinza del todo 😉 , jajajaj, pero lean este párrafo del Real Decreto que ordenó dicha disolución y verán a qué me refiero:
Por último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, y de acuerdo con el Consejo de Estado en dictamen del 6 de abril, al no proceder la convocatoria de elecciones parciales para la constitución de una nueva Corporación, puesto que por la fecha en que ésta debiera constituirse, el mandato de la misma resultaría inferior a un año, hasta tanto expire el mandato de la Corporación disuelta, la administración ordinaria de sus asuntos corresponderá a una Comisión Gestora designada por la Diputación Provincial de Málaga, cuyo número de miembros no excederá del número legal de miembros de la Corporación y ejercerá las funciones de Alcalde aquel vocal que resulte elegido por mayoría de votos entre todos los miembros de la Comisión.
O sea, en ese caso no procedía convocar elecciones parciales porque apenas quedaba un año de mandato. Pero es que en Arona parece es firme que el cierre de la instrucción de esta causa sobre corrupción y las pertinentes conclusiones, saldrán antes de final de año. Vale que llevamos años con rumores similares, pero es que esta vez no son simples rumores. Y además, algún día tendrá que acabar esta instrucción que arrancó en 2007…
A todo esto, y para evitar que mis convicciones personales y mi anhelo de que pase algo les pueda impedir o dificultar sacar conclusiones objetivas sobre si es posible o no que sea disuelta la actual corporación aronera, tengan en cuenta que yo estoy dando por hecho que varios integrantes del actual grupo de gobierno de la CoCa bertista van a ser inhabilitados y apartados de sus cargos políticos. Y no tengo pruebas de que así vaya a ser, solo indicios y confianza.
((Pinchar a continuación para leer el anuncio oficial del citado Real Decreto: Decreto disolución Marbella, BOE 2006 ))
Entre los pagos desorbitantes para los que tiene que buscar pasta el Ayuntamiento de Arona de forma inminente (previsiblemente a través de un préstamo bancario), están la orden de embargo (aunque no es el nombre técnico) que le presentó hace un mes el anterior concesionario de limpieza (Camilo Álvarez) al Ayuntamiento y, recientemente, también la del anterior concesionario del servicio de electrificación (Chijafe). Y ojito, que lo que han reclamado por vía judicial esos dos ex concesionarios y del que llevaba Mantenimiento (Pepe de la Rosa) ronda los 11 milloncetes de euros.
Y también está pendiente de pago la indemnización de unos dos millones de euros que el Ayuntamiento ha sido condenado a pagar a los dueños del centro comercial, cinematográfico y hotelero Zentral Center ¡¡¡por haber confiscado y ocupado varios locales a lo frescón durante casi ocho años, en base a un convenio urbanístico ilegal!!! Con orden de desalojo judicial contra el Ayuntamiento incluida, jajajajjaja, cualquier día les caen encima los guionistas de Torrente para rodar ‘El brazo tonto de la Política» 😉 .
Esta bertada es similar a la de la macrobarbaridad deportiva de Cruz del Guanche: El Ayuntamiento ocupó unos 1.700 metros cuadrados de ese centro comercial en base a un convenio ilegal firmado por Berto después de las elecciones de 2003. La imposibilidad de llevarlo a término fue oficialmente confirmada por la Cotmac desde finales de 2006. Peeeeero el pago de la indemnización que habían convenido con la empresa y el pago de los gastos de mantenimiento y uso del local que estaban ocupando, tenían advertencia expresa de legalidad. ¿Y adivinan lo que hicieron Berto y los suyos para salir de ese aprieto?
Pusieron en práctica la táctica del avestruz. Jajajajaj, casi nunca les funciona, pero está visto que es su preferida. En fin, optaron por no pagar nada (ni indemnización, ni alquiler, ni agua, ni luz), por ignorar la petición formal de desahucio que les remitió la empresa propietaria del inmueble confiscado por el gobierno municipal del Ayuntamiento de Arona, y por seguir haciendo uso de esos locales en ese plan carota ¡hasta la actualidad! O sea, que la factura por esa pifiada sigue sumando…
Han ido sumando los millones de euros que tenemos que pagar los aroneros por pifiadas del bertismo? Unos cientos de miles de euros al que fue el concesionario del servicio municipal de recaudación (el que prestaba Antonio León, una de cuyas hijas, y ya estamos con las paradojas de ese ayuntamiento, es concejal de la nueva oposición socialista). Unos miles de euros por la denuncia y las medidas injustificadas contra un empleado de ese servicio acusado de desajustes en las cuentas. Unos cuantos cientos de miles de euros más a la empresa a la que le encargaron el desmonte de suelo rústico en la Cruz del Guanche. Alrededor de 11 millones de euros a tres ex concesionarios. Y unos dos millones de euros a la propiedad de Zentral Center.
Con el respaldo de los 8.000 votantes aroneros que han revalidado su mayoría absoluta, que muchos de ellos igual hasta se bancan de buena gana el coste de semejante palmarés de cachanchanadas políticas. Pero es que la deudita la vamos a tener que pagar todos los aroneros (de nuestro bolsillo público y también del privado, ya verán 😦 ).
Y aunque no se lo crean, aún hay más… vienen unas cuantas condenas indemnizatorias y unos cuantos escándalos más contra el Ayuntamiento de Arona por cortesía de sus responsables políticos y técnicos.
Aunque ayssssssss, lo mejor lo mejor lo mejor de todo, tiene que ver con el Caso Arona 😀 . Les cuento las novedades en cuanto tenga un ratito. Y vayan preparándose, que viene marchita. Los aludidos ya lo saben. O sea, el gobierno bertista multiimputado y el Ayuntamiento de Arona en peso llevan unos días estremecidos (y un buen puñado de políticos y de técnicos acojonados) con el rumor de que ya ha acabado la instrucción de este procedimiento judicial en que deben estar imputados ya cerca de un centenar de personas, de que están a punto de hacerse públicas las conclusiones y, para rematar el susto y la expectación, de que las medidas cautelares planteadas son demoledoras.
Y cierto o no, ese rumor que está corriendo como la pólvora termina con un «se dice que se están planteando nombrar una gestora para gobernar Arona». Y la guinda imprescindible del cotilleo es que, además de la inhabilitación y retirada cautelar del cargo de políticos y técnicos imputados en esa causa judicial (y esto ya es puro chisme), a alguno le puede tocar prisión ¡!.
Así que imagínense cómo está el gallinero aronero. Hasta cuentan que el grupo de gobierno se reunió el miércoles por la tarde en el Ayuntamiento, y que algunos salieron incluso llorando… y como radio patio consistorial está como está con lo de los rumores sobre el Caso Arona, much@s no han dudado en relacionar eso con las esas lágrimas y caras largas de los bertistas. Con lo que cierto o no el rumor, su intensidad está causando estragos y sensación.
Esto ha sido en la primera semana de este mandato 2011-2015. Ay mi madre, no nos queda nada!!!
Continuará…
El gobierno aronero de CC estrena el mandato atosigado por condenas indemnizatorias escandalosas, por mobbing contra un trabajador al que habían acusado sin pruebas de pifias económicas y por ilegalidades urbanísticas, ambientales, de contratación y económicas
El Ayuntamiento de Arona ha sido condenado a indemnizar a la empresa que prestaba el servicio municipal de recaudación hasta que el gobierno bertista y el multifacético funcionario Juan Pedro le dieron la patada allá por 2003-2004 (tengo que verificar la cuantía de la indemnización que le acaba de caer a las arcas municipales, pero vayan haciéndose a la idea de que son varios cientos miles de euros).
Y también acaba de ser condenado a readmitir en su anterior puesto, paradójicamente también en el servicio municipal de recaudación, y a resarcir económicamente a un trabajador ¡¡al que el Ayuntamiento había denunciado en Madrid por tejemanejes económicos!! Y después de cargarle durante un montón de tiempo el mochuelo de que se había estado mamando la pasta ¡¡resulta que no hay pruebas que apunten a que eso fuera así!! ¡¡pero ni de soslayo!! ¿¿ ¡! ?? Yo es que no lo entiendo, jajajajaj. Porque entonces ¿en qué se basó el Ayuntamiento para denunciarlo? ¿En la corazonada o intuición de algun@ iluminad@ consistorial?
Esa interesante historia es digna de contar, porque además se complica hasta el extremo de que al trabajador despedido (que para bordar las paradojas va y resulta que es hermano del Juan Pedro que nombré antes) ¡le han abierto las puertas judiciales para denunciar a los técnicos y a los políticos que fueron contra él ¡¡¡¡¡¡¡ por mobbing !!!!! O sea, que a la lista de imputaciones que tienen ‘altos cargos’ políticos y técnicos de Arona, ahora además hay que añadirles la etiqueta ¡¡¡ de acosadores laborales !!!
Joerrrrr, le dan a todo… jajajajaj, si es que es todo tan rematadamente esperpéntico y tan descomunalmente grave, que es imposible no fliparla. Y es que todavía hay más… muuuucho más ;-). Así que abreviando la historia de Hipólito (que es como se llama el trabajador acosado y denunciado sin pruebas), que los motivos extraños que motivaron esa denuncia también va a costarle unos miles de euritos al Ayuntamiento.
Pero es que además está en ciernes otra indemnización a la empresa a la que el alcalde aronero encargó antes de las elecciones de 2007 el desmonte del solar donde él decía que habían comenzado las obras de construcción del macrocomplejo deportivo con megapiscina de las medianías. Jeje, resultó que Berto y su gobierno cometieron un montón de ilegalidades con toooooodo lo relativo a ese proyecto.
A lo escueto (que es que todavía queda más tela que cortar): la CoCa de Berto, en pacto con CAN y PP, adquirió el suelo a través de un convenio urbanístico ilegal e injusto (esto último lo detallo otro día que si no hoy no acabo, ufff). Encargó el desmonte de la obra vulnerando la legalidad en materia de contrataciones públicas. Y prepárense, jajajajja, que viene una fuerte de verdad: ¡¡¡ el Ayuntamiento de Arona se convirtió en un infractor ambiental chungo chungo por hacer obras en suelo rústico !!! Jajajajajajajajajajajaj, ¿¿¡¡se lo pueden creer!!?? No pidieron ni calificación territorial ni nada, sino alaaaaaaaa, en plan constructores clandestinos.
Se metió por medio hasta la Agencia del Medio Urbano y Natural! Aunque el susto gordo gordo con ese tema llegó cuando saltó el Caso Arona (también antes de las elecciones de 2007) y los políticos imputados comprendieron lo que significaba estar imputados por presuntos delitos contra la ordenación del territorio por una denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo (aunque inicialmente no por este asunto, sino por otros). Bueno, cuando entendieron lo grave que era su situación judicial…
Y para rematar la cagada política en lo que respecta a las arcas públicas, la estrategia bertista para intentar esquivar responsabilidades en ese pedazo de cambalache de la Cruz del Guanche ¡¡fue no pagarle a la empresa a la que le habían encargado las obras de desmonte!! Jajaja, porque claro, es ilegal pagar obras ilegales con dinero público, jajajjja, si es que es pa’ reírse en su cara, xdssssss. Y de momento, para resumir, para el erario municipal, la bromita se traduce ahora en unos cuantos cientos de miles de euritos.
¿Se han hecho una idea de lo que nos van a costar a los aroneros las bertadas del servicio municipal de Recaudación y del complejo deportivo de las medianías? Pues esperen, que eso es solo lo que se ha sentenciado y comunicado oficialmente en los últimos días. Pero hay mucho más… jajajajja, son infinitos armando pufos económicos y acribillando leyes.
Continuará…
BlancaHari 