Archivos diarios: 08/04/2011

El faraón Bertankamon vuelve a La Pirámide para agasajar a las momias que votan

El acto, con comida y espectáculo de Carmen Mota, correrá a cargo de las arcas municipales

Les juro que es verdad. Jajajajaja, aunque parece de coñaaaaaaaa. Su plan es concentrar en La Pirámide de Las Américas a 2.000 votantes (ups, perdón, oficialmente son 800) de la Tercera Edad aronera. Obsequiarles con un espectáculo de música y baile. Brindarlos con comida y con copeteo. Y llevarlos y traerlos en guagua.

Todo todo a cargo del Ayuntamiento.

El faraón Bertankamon. /By Crazy Horse

Alguien podría pensar en echarle en cara al faraónico alcalde Bertankamon y a su corte de Coalición Canaria que es pecado hacer semejante derroche en época de crisis y, encima, cuando los 80 operarios municipales de Jardines llevan casi tres meses sin cobrar sus salarios).

Pero en honor a la verdad debo matizar que en estas elecciones Bertankamon ha hecho un gran ejercicio de austeridad con este acto: En el fiestorro que montó para los votantes de Matusalén en 2003 trajo a Rocío Jurado. En el que les montó durante la campaña electoral de 2007, les trajo a Isabel Pantoja (según dio su concierto en Arona, fue detenida en el marco de la Operación Malaya, jajajajajjaja). Y en estas elecciones, en cambio, se ha limitado a ofrecer un espectáculo local en un lugar comúnmente frecuentado por él. Einssss malpensados, que no lo digo por las escuchas erótico festivas que recoge el sumario del Caso Arona en torno al complejo Mare Nostrum en el que se enmarca La Pirámide. Lo digo porque hace muchos eventos ahí, como por ejemplo su reciente coronación como faraón aronero de Coalición Canaria 😉 )

Bueno, ya cuento dentro de unas horas más cosillas sobre esta bertada de la versión político circense aronera de Agárralo como Puedas.

Preparan la factura para que el alcalde pague de su bolsillo los dos millones de euros que ha pifiado

Felipe Campos, Paco Santamaría y el de la mochila se han activado ya para invocar la ley de responsabilidad patrimonial personal en contra del faraón aronero

Al alcalde de Arona, Berto González Reverón (CC), podría costarle muy cara la pifiada que ha hecho con el centro comercial Zentral Center. Tanto el Código Civil como el Código Penal españoles contemplan la posibilidad de que los políticos afronten con su patrimonio personal las cagadas económicas que cometan cuando gestionen de forma kamikaze y eschavetada los fondos, recursos y servicios públicos.

Uffff, y un secretario municipal, tres abogados, dos juristas municipales, varios empleados públicos de áreas económicas (uno de ellos de la Audiencia de Cuentas) y dos alcaldes, coinciden en que Berto tiene muuuuchos puntos para ser condenado a pagar los platos que ha roto en el Ayuntamiento. Bueno, en realidad los ha roto en el centro comercial que confiscó por razón de -su- interés público, pero pretende que los pague el Ayuntamiento que lanzó en plan okupa sobre esa propiedad privada. (No he hecho todas esas consultas en los últimos días; llevo años siguiendo la pista a los 14 convenios urbanísticos que firmó Berto cuando llegó a la Alcaldía. Desde el primer momento estuvo claro que esos convenios y sus cláusulas indemnizatorias eran la crónica de una muerte económica anunciada… Me consta que fue prevenido hasta la saciedad: yo en aquella época trabajaba en el Ayuntamiento de Arona. Pero él prefirió defender que el fin justifica los medios).

Y por si el Ministerio Fiscal o magistrados como el del Caso Arona se despistan, ya hay quienes se han mostrado dispuestos a activar los mecanismos administrativos y judiciales necesarios para lanzar contra la cartera de Berto la legislación vigente sobre responsabilidad patrimonial personal de los políticos. Jeje, de momento he confirmado que hay tres inqueridos del alcalde dispuestos a blandir contra él esas leyes: el abogado Felipe Campos, Paco Santamaría (del otro PSOE aronero) y José Antonio Reverón ‘el de la mochila’ (en tránsito entre el otro PSOE y Ciudadanos por Arona). Jajaja, el trío que suele amenizar las mañanitas políticas y judiciales más amargas de Berto ¡y ahora encima atentando contra sus perras! Uffff, prepárense que se avecinan nuevas escenas de acción, de drama, victimismo y de risas en el peliculón político cirsense aronero.

Digo lo de si se despistan los fiscales y el magistrado de mi caso judicial favorito, porque aunque la sentencia que ha condenado al Ayuntamiento a pagar una indemnización de unos dos millones de euros no tiene nada que ver con esa causa, el convenio urbanístico que ahora está pasando factura de cobro a las arcas municipales tambieeeeeen forma parte del Caso Arona. Jajajaja, Xdios, ese procedimiento judicial en el que deben estar imputados ya alrededor de 100 gobernantes y ex gobernantes municipales, consejeros del Cabildo, funcionarios, policías, técnicos, empresarios y vecinos (hace un año iba por 64 imputados) ¡¡¡¡¡es Roma!!!!!

Jajaja, todos los caminos de la politíca y casi todos los de los grandes negocios de este municipio conducen a esa Roma judicial. Uysssssss, que ya sé quién es Nerón! Jajajajajja, cuánto juego da el temita romano: leones, emperadores, esplendor y decadencia, política, corrupción, traiciones, luchas ideológicas, religiosas y de poder, urbanismo ¡y Derecho Romano! Ays, qué bien le hubiera venido a algun@s emputados saber algo sobre esa materia… Ups, 😮 me acabo de acordar de que Berto es licenciado en Historia. Jeje, se ve que se perdió alguna clase (por no decir que igual memorizó la asignatura para aprobar el exámen pero no la asimiló). Jajaja, además, los romanos tuvieron trato con Egipto, sus pirámides…

Ups, mejor me corto de seguir por este camino que si sigo desparramando voy a acabar diciendo a quién le he adjudicado el papel de Nerón y a ganar votos para acabar en las mazmorras del circo romano (jeje, me impone mucho más respeto Nerón que Bertodafi o Bertankamon 😉 )

Las alcaldadas del convenio que costará dos millones de euros a los aroneros (algunas de ellas)

Se saltó prácticamente todos los trámites legales y burocráticos, y los sustituyó por promoción periodística

En 2003 (el año que Berto González Reverón llegó a la Alcaldía) firmó el convenio y lo incorporó a la revisión del Plan General de Ordenación de Arona. Pero lo hizo:

1) Prescindiendo de informes jurídicos municipales –> Esos que le hubieran advertido de que el convenio era contrario al ordenamiento jurídico vigente, como argumentó la Cotmac en 2007 para tumbarlo del PGO)

2) Omitiendo informes económicos municipales –> Esos que le hubieran prevenido de su obligatoriedad legal hacer tasación económica que fijara el precio de los alquileres, el precio del metro cuadrado frente a una posible compra o la proporcionalidad de una posible indemnización económica)

3) Prescindiendo de informes y trámites de Contratación Pública–> Los cuales le hubieran prevenido de que está estipulado legalmente que una adquisición patrimonial de esas características precisa ser sometida a concurso público, por si alguien da más y mejor por menos precio).

4) Excluyendo al Pleno del Ayuntamiento –> Ese que hubiera podido debatir y votar la aprobación y firma del convenio, dando legitimidad consistorial a un acuerdo de envergadura que el alcalde prefirió resolver por decretazo unipersonal). Por cierto, creo recordar que el convenio tampoco fue debatido en cómisión).

5) Desoyendo a tooooodos los que le advirtieron de que saltarse los trámites legales y burocráticos en un convenio urbanístico de esa envergadura que, además, incluía arriesgadas cláusulas indemnizatorias, era una locura que podía pasarle factura. –> Se escudó (y ha seguido escudándose) en que si se ponía a cumplir todos los trámites legales y burocráticos se eternizaría la disponibilidad y ocupación municipal de los locales (ya saben, eso tan peligroso y espantoso de que el fin justifica los medios).

– Lo que sí hizo y cumplió en la aprobación de ese y otros convenios convenios urbanísticos que ha resultado ilegales:

1) Incluyó uno de los pocos requisitos legales que sí podía medio cumplir: Aportar una memoria justificativa sobre las razones de interés público que justificaban ese contrato.

2) Presentó la firma del convenio en rueda de prensa (mejor me ahorro comentarios pa’ no encenderme).

3) Añadió a finales de 2003 una addenda con las cláusulas indemnizatorias para poder ocupar los locales antes de que el Plan General se aprobara.

4) Emitió numerosos comunicados y declaraciones a la prensa informando sobre un montón de cosas maravillosas que proyectaba en esos locales (jajajaj, las notas de prensa han sido fulminadas de la hemeroteca de noticias de la Web del Ayuntamiento, pero tengo alguna por ahí guardada, a ver si las encuentro).

En realidad, esa instalación cuyo ‘alquiler’ por siete años va a costar a las arcas públicas unos dos milloncetes de euros, sirvió para sacar a la UNED del centro cultural de Los Cristianos con el fin de hacer sitio en el núcleo playero a su ansiada radio gubernamental de Arona, y para reubicar ahí el Centro Comarcal de Adultos (Ashotel y me parece que también la Cámara de Comercio pasaron por estos locales confiscados a lo Bertodafi, pero no se quedaron).

5) Vendió ampliamente en prensa en 2009 la implantación del Centro de Adultos ¡cuando sabía desde 2007 que el convenio había sido rechazado por la Cotmac y sabiendo que debía todos los alquileres y gastos de mantenimiento de los locales, ya que desde su ocupación, en 2004, jamás se abonó nada por ellos! Jeje, y el Gobierno canario y la consejera Milagros Luis Brito entraron en el juego okupa (a pesar de que hasta la prensa de papel informó del sarao que rodeaba a la planta de locales municipalizados de Zentral Center)

6) Ignoró la orden de desahucio que los propietarios de Zentral Center le presentaron al Ayuntamiento en 2009 (lo que hoy se hubiera traducido en un ahorro de unos 600 mil euros frente a los aproximadamente 2 millones que deben asumir las arcas públicas).

7) Consignó partidas para comprar esas instalacionesen el presupuesto, pero no se ha atrevido a ejecutar la compra porque todos los informes son desfavorables y porque en sus últimos años de mandato sí le ha visto la cola al león judicial.

8) Echó (echa) las culpas de este caro y ridículo cambalache a Manuel Barrios en cuanto la cosa pintó fea (no a la cara ni públicamente, jajajaja, pero sí masivamente). Barrios, del Centro de Arona, era su socio de gobierno en el mandato 2003-2007. Llevaba Urbanismo y no tenía firma porque el alcalde no se la delegó.

Dicho tooooodo esto (y lo puedo acreditar prácticamente todo), añado algunos análisis y extractos legales relacionados con la responsabilidad patrimonial personal de los políticos (para que cada uno saque sus conclusiones):

–>Artículo 21 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial:

La Administración pública correspondiente podrá exigir de oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por los daños y perjuicios causados a la misma mediando dolo, culpa o negligencia grave, de conformidad con lo previsto en los artículos 145 y 146 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 21 de este Reglamento.

–>Los tres tipos de responsabilidad patrimonial que distingue el profesor Alejandro Nieto en su artículo «La maldad natural de los servidores públicos»:

«(…) Las tres responsabilidades aparecen en el art. 121 del Código penal: “El Estado, la Comunidad Autónoma, la Provincia, la Isla, el Municipio y demás Entes Públicos, según los casos, responden subsidiariamente de los daños causados por los penalmente responsables de los delitos dolosos o culposos, cuando éstos sean autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o funciones siempre que la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos que les estuvieren confiados, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial derivada del funcionamiento normal o anormal de dichos servicios exigible conforme a las normas de procedimiento administrativo, y sin que, en ningún caso, pueda darse una duplicidad indemnizatoria».