Leer la sentencia completa del Caso Arona

  • Condenas por una trama de cobro de comisiones urbanísticas, por la concesión masiva de licencias ilegales, por la contratación a dedo de obras públicas… Aronistán.

=>He borrado los DNI y los números de teléfono que aparecen en la sentencia. Porfa, avisen si advierten que se me ha escapado alguno.

=>Y he corregido mogollón de fallos de espaciado que había en el documento original y que hacían daño a la vista. Lo demás, está tal cual salió de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Para quienes no están familiarizados con este tipo de documentos jurídicos, hay partes que pueden resultar pesadas y tediosas, pero la mayor parte de la sentencia es de fácil comprensión. Y, como podrán comprobar, los hechos delictivos narrados están a la altura de la mejor novela negra y de series o películas de mafias.

El Caso Arona y la injusta lentitud de la justicia

  • Consuela la alegría de que por fin, después de 10 años, haya condenas y podamos cerrar capítulo. Pero…

Ya me leí la sentencia del Caso Arona. En lo que a mí respecta, bastante ajustada a lo que esperaba: la confirmación de la trama de corrupción urbanística, de la concesión masiva de licencias ilegales, de la habitual contratación de obras públicas a dedo vía fraccionamiento y, resumiendo, la confirmación judicial de que el Ayuntamiento de Arona ha estado regido de forma totalmente arbitraria, al margen de la legalidad y del Estado de Derecho. La confirmación de que a los dictadores locales  que regían el municipio se les fue tanto la pinza como para llegar a creer que tenían derecho a delinquir con total impunidad. O sea, la confirmación de que la ciudadanía aronera, el empresariado y cualquiera que pasara por aquí, hemos estado expuestos –y sufrido de facto– un poder político abusivo, ejercido al margen de la legalidad y la ética en beneficio exclusivo de unos pocos.

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Teniendo en cuenta que alrededor del 80% de esta sentencia versa sobre hechos que estaban ya probados hace más de diez años, y de que he escrito varias –o un montón– de veces sobre casi todo lo que se cuenta en la sentencia, como para sorprenderme ahora… Bastaba leer las actas de las comisiones y/o sesiones de la Junta Local de Gobierno de este Ayuntamiento, así como los informes jurídicos de los acuerdos adoptados, para comprobar a las claras que la ilegalidad, la arbitrariedad y los abusos de poder campaban a sus anchas por ese ayuntamiento. En realidad bastaba tener ojos y oídos o simplemente vivir en Arona para cerciorarse de eso, pero vamos, tener pruebas con cuño oficial no era tan complicado.

Faltaba, eso sí, que los tribunales definieran los delitos e impusieran las penas. Pero en lo que respecta a las ilegalidades cometidas, nada nuevo bajo el sol (al menos para quienes teníamos acceso a las pruebas que fundamentaron la querella que ha derivado en esta condena). ¿Conclusión? Que se ha perdido un tiempo precioso en la recomposición de Arona, no solo por el daño que han hecho los corruptos y su mafia, sino por la tolerancia de los partidos procorruptos y, lamentablemente, como consecuencia de tantos años de expolio, porque gran parte del daño es ya irreversible.

Sobre las penas impuestas a los 12 condenados, sinceramente, no me parecen ni bien ni mal: me repatea tanto que la Justicia que tenemos sea tan lenta en asuntos que afectan a miles de personas y, por tanto, tan injusta, que el tamaño de las penas casi es lo de menos. Eso más hechos como el de que la fiscal del caso fuera reemplazada pocos meses antes de que al Ministerio Fiscal le tocara presentar su acusación, en fin, que ha habido condena casi que por los pelos. Y frente a la decepción de mucha peña hari por que a la mayoría de los condenados les haya caído un montón de años de inhabilitación pero no cárcel y, al mismo tiempo, por la baja cuantía de la mayoría de las multas, lamento más esto último y, sobre todo, que las penas se hayan reducido a la mitad por dilaciones indebidas cuando gran parte de los condenados se ha afanado en hacer todo lo posible por dilatar la terminación del proceso. ¿Quién compensa a las víctimas de esos corruptos por las dilaciones?

Vaya por delante que que lo más que me satisface, aparte de que este caso se haya resuelto de una dichosa vez (aunque ahora toquen los recursos de casación), que es que lo tengo hasta aborrecido, es el fin oficial de la impunidad y de la cacareada presunción de inocencia.

El lado bueno: que al menos ya se dictan condenas por corrupción. No siempre fue así, aunque las pruebas fueran igual de claras y contundentes… Pero eso es otro capítulo :p . Y, cómo no, la satisfacción de que la censura haya fracasado a pesar de los millones de euros invertidos en comprar el silencio de los medios de comunicación.

Y lo mejor: que por fin se ha demostrado que quienes levantamos la pluma y la voz contra la corrupción aronera, teníamos razón 💃💃 🎉. Ya lo dije cuando se hizo pública la acusación de Fiscalía. Pero celebraciones y felicitaciones como ésta vale la pena repetirlas: Enhorabuena a todas las personas que han contribuido a que la verdad saliera a luz y a que haga al menos un poco de justicia. Especialmente, cómo no, a quienes lo han hecho a lo hari, sobre todo por el mérito de haber logrado disfrutar y reírnos a carcajadas de la pedazo lucha que nos ha tocado librar contra los delincuentes que nos gobernaban y contra todos los que se beneficiaban de la corrupción (constructores, partidos políticos, funcionarios, esbirros…). Haber llegado a disfrutar de la pelea no quita peso al hecho de que mientras la justicia se dilataba indebidamente, los corruptos y sus defensores nos condenaron a nosotros, quienes denunciábamos y criticábamos sus tropelías delictivas.

Durante los últimos años ya se habían dictado algunas sentencias contra la corrupción y contra los corruptos de Arona, las más importantes, las que dieron al traste con el aberrante Plan General de Ordenación (PGO) y, la más satisfactoria, la que expulsó a Berto de la alcaldía y marcó el principio del fin del poderío político de su corrompido clan. Y aún hay en cola una ristra más de sentencias pendientes (la más tocha, la del Caso Arona 2). Pero la que acaba de dictarse esta semana es especial, y no solo porque confirma que hemos estado regidos por delincuentes, sino porque desarticula la condena que habían intentado imponernos esos golfos y toda la gente que se beneficiaba de su ejercicio corrompido del poder público, la que simplemente habían logrado engañar y, en general, la que defendía la corrupción.

Sobre los procorruptos, sin ir más lejos, por ejemplo, el actual alcalde, José Julián Mena (PSOE) y muchos y muchas de su partido –al igual que en el PP y CC–, pusieron el grito en el cielo por el terrible daño que, según ellos, estaba haciendo la judicialización de la política (escandalosa tesis que parte de que es peor denunciar la corrupción, que la corrupción en sí misma). Cuando el 15M y la indignación le dieron la vuelta al país (el Caso Arona despegó unos años antes, a finales de 2006) y se evidenció el tremendo coste que tiene la corrupción para el interés de la mayoría de la ciudadanía, Mena jugó al disimulo pasándose al argumento de que “con las denuncias que ya hay, es bastante”. Una especie de fórmula con la que maquillar que había cargado contra las denuncias y los denunciantes de la mafia político-técnica-empresarial que regía el municipio.  Pero bueno, mejor me centro en el Caso Arona, para ir cerrando capítulo del pasado, que para hablar de la decadencia actual de este municipio y de la Isla, siempre hay tiempo.

Por si no se ha notado, estoy volviendo a la actividad hari 😉 .

Tras esta primera valoración, antes de profundizar en los detalles de la sentencia, les invito a analizarla juntos. A lo largo del día la compartiré con ustedes.

Por fin se dicta la sentencia del Caso Arona

Condenados por prevaricación y cohecho 12 de los 13 políticos y técnicos acusados en esta macrocausa sobre corrupción urbanística que taaaanto se ha hecho esperar (empezó a colear en los juzgados ¡¡en 2003!! y arrancó formalmente en 2006). Así nos va…

El auto tiene más de 350 páginas y, como no podía ser menos sabiendo lo que sabemos, es durísimo.

PENAS DE CÁRCEL:

=>En concreto, el ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Arona y ex consejero del Cabildo Félix Sierra Melo ha sido condenado por un delito continuado de cohecho a cuatro años de prisión, nueve años de inhabilitación y multa de 500.000 euros. A eso hay que sumar una pena de 17 años de inhabilitación especial y 6.480 euros de multa por los delitos de prevaricación urbanística continuada y prevaricación ordinaria. En total, cuatro años de prisión, 26 años de inhabilitación y 506.480 euros de multa.

=>El ex aparejador municipal de Arona Roberto de Luis Giménez también ha sido condenado por cohecho a cinco años de prisión, diez años de inhabilitación especial y 700.000 euros de multa. Además, por el delito de prevaricación ha sido condenado a un año de prisión y ocho años de inhabilitación. En total, seis años de prisión, 18 de inhabilitación y 700.000 euros de multa.

=>El arquitecto jefe del Ayuntamiento de Arona Eliseo de la Rosa González ha sido condenado por un delito continuado de cohecho a cuatro años de prisión, nueve años de inhabilitación especial y 500.000 euros de multa. Y como autor de un delito de prevaricación, a un año de prisión y ocho de inhabilitación especial. Sumando ambas penas, le han caído cinco años de prisión, 17 de inhabilitación y 500.000 euros de multa.

=>Arsenio Zamora, vecino de Los Cristianos que actuaba como intermediario en el cobro de comisiones urbanísticas, ha sido condenado a dos años de prisión, 4,6 años de inhabilitación especial y 40.000 euros de multa por un delito continuado de cohecho.

=>Zenón Rodríguez Neris ha sido condenado como autor de un delito continuado de cohecho a la pena de dos años de prisión, 4’6 años de inhabilitación y 30.000 euros de multa.

=>Antonio Luis González Tolosa ha sido condenado también por cohecho a dos años de prisión, cuatro años y seis meses de inhabilitación especial y 30.000 euros de multa.

 

PENAS DE INHABILITACIÓN:

=>Además, han sido condenados por un delito de prevaricación urbanística continuada y otro de prevaricación ordinaria el exalcalde José Alberto González Reverón (CC) y los exconcejales Juan José Alayón Beltrán (CC y luego el grupo Los Verdes),  Alfonso Barroso Armas (CC), Manuel Barrios Rodríguez (CCN-CAN), Daniel Martín Navarro (CCN-CAN) , José Luis González Rodríguez (CCN-CAN), y el ya citado Félix Sierra Melo (PP).

Las penas impuestas a cada uno de ellos son, por el primer delito, de ocho años y seis meses de inhabilitación especial y 18 meses de multa con cuota diaria de 12 euros. Y, además, por el segundo delito, otros ocho años y seis meses de inhabilitación especial. En total, 17 años de inhabilitación especial y 6.480 euros de multa para cada uno de los integrantes de la Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Arona del mandato 2003-2007.

Todas las penas han sido atenuadas por dilaciones indebidas (las de inhabilitación y las de prisión).

 

ABSUELTO:

De los 13 acusados en esta causa cuya instrucción arrancó a finales de 2006, ha sido absuelto uno: el arquitecto Jorge Menéndez Díaz, que había sido acusado de cohecho.

 

ADEMÁS:

A estas condenas por concesión masiva de licencias urbanísticas ilegales y cobro de comisiones habría que sumar las que están siendo dictadas por tráfico de influencias y prevaricación en piezas separadas que se han segregado del grueso del Caso Arona para aligerar un poco su complejidad. Sin olvidar que quedan por resolver el Caso Arona 2 y toda una saga de causas relacionadas.

Los tribunales han tardado DIEZ AÑOS en resolver lo que era vox populi y saltaba a la vista: que la corrupción campaba a sus anchas en este municipio del Sur de Tenerife (con la tolerancia de partidos políticos, administraciones públicas supramunicipales, organismos de control y fiscalización…) . Diez años si no tenemos en cuenta que el grueso de esta trama de corrupción urbanística que acabó mutando en mafia fue denunciada en 2003 y que el caso no despegó porque se esfumó en las mazmorras judiciales.

Un detallito que conviene no olvidar: en esta sentencia han sido condenados por corrupción todos los que están, pero no todos los que son. Estos últimos siguen campando libremente.

Y mientras hago hueco para escribir un balance y cerrar por fin este capítulo, otra cosita que conviene tener presente: la defensa a ultranza que han hecho de los ya condenados y de la presunción de inocencia los partidos políticos afectados por este caso. Ahora que han perdido el poder (no por voluntad propia), harán algún amago de crítica si no les queda más remedio e, incluso, les retirarán la afiliación. Pero mientras los ahora condenados tuvieron poder público, contaron con el favor y la protección de sus partidos (CC, PP y CCN-CAN) e, incluso, de alguno más.

 

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La Comandancia la Guardia Civil entorpece la detención de un presunto homicida por benemérita vanidad

  • Un agente salvó la dignidad del cuerpo al denunciar la orden de no compartir información del presunto criminal con las policías locales ni con Policía Nacional.

  • La ilegal e irresponsable prohibición relativa al operativo de búsqueda del moldavo sospechoso del crimen de un ruso en el Sur de Tenerife ha trascendido ya a medios provinciales y estatales como La Sexta.

Para algunos mandos de la Guardia Civil es más importante apuntarse el tanto estadístico y mediático de la detención de un peligroso criminal que se oculta armado entre ciudadanos indefensos, que la resolución del problema. Si coordinar esfuerzos con los demás cuerpos de policía para facilitar su detención hace peligrar la medallita de vanidad benemérita, al carajo la coordinación policial y, por tanto, al carajo la multiplicación de medios y efectivos para la desactivación de esa alerta de inseguridad. Algo así como ‘que lo detenga la Guardia Civil o que no lo detenga nadie, y si los que dan con él son policías nacionales o locales, que se jueguen la vida por no tener toda la información’.

Tan irresponsable y patética realidad acaba de quedar de manifiesto en Tenerife en torno al brutal homicidio de un ciudadano de origen ruso cuyo cadáver fue descubierto el sábado en Arona semienterrado, con una bolsa atada a la cabeza y envuelto en cinta americana (A.T., de 52 años) y al operativo de búsqueda activado para detener al principal sospechoso: Eugeniu Berenzenko, de 29 años, unos dos metros de altura, origen moldavo, tildado de violento y que puede ir armado.

El caso tiene suficiente gravedad como para implicar en su búsqueda a todos los efectivos policiales de la Isla y como para compartir cualquier información de interés que reduzca el riesgo de los agentes expuestos a topárselo. Sin embargo, desde la Central Operativa de Servicios (COS) de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife se prohibió expresamente a los guardia civiles que compartieran la información relevante que manejaban el lunes sobre el presunto homicida con las policías locales de la Isla y con la Policía Nacional.

La tara de quien decidió esa prohibición y los riesgos que entraña han salido a la luz gracias a la denuncia anónima realizada por un agente al que, menos mal, le sobran la responsabilidad, la dignidad y el talento que le faltan al responsable de esa escandalosa prohibición informativa.

Éste es el escrito anónimo con el que hizo saltar la liebre entre policías nacionales y locales, así como entre los medios de comunicación provinciales y estatales:

Denuncia_Prohibicion_Mando_Guardia_Civil_compartir_informacion_CNP_y_policia_local (diciembre 2014)

 

Cabía la posibilidad de que ese anónimo fuera un bulo. Hasta que trascendió públicamente el audio de la bochornosa prohibición. Paradójicamente, la Benemérita había identificado el cadáver gracias a la información facilitada por el CNP, donde los familiares de la víctima habían denunciado su desaparición.

Como indicaba el portavoz de la Asociación Unificada de Guardia Civiles en la entrevista del programa El Intermedio que enlacé arriba, este tipo de zancadillas informativas y de coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad no es un hecho aislado (y nos consta que en el CNP también hay quienes compiten con la Benemérita por apuntarse servicios y operativos llamativos). Pero ahora que ha saltado el escándalo, a ver si las autoridades competentes dejan de tomarnos el pelo elogiando la coordinación entre cuerpos y se ponen de verdad manos a la obra para garantizar y priorizar la seguridad de la ciudadanía y de los policías.

Y ya puestos, también estaría bien que las autoridades políticas responsables se decidieran a dotar al Sur de Tenerife de los efectivos y medios materiales necesarios, que da espanto escuchar los relatos de carencias y limitaciones de los agentes de los tres cuerpos (aunque seguramente se lleva la palma en ese sentido la Policía Local de Arona). Por cierto, muy revelador que a la Guanchancha autonómica de Coalición Canaria ni la incluyeran en la prohibición de compartición informativa…

El sospechoso aún sigue en paradero desconocido.

A todo eso, el principal sospechoso del homicidio aún no ha sido detenido. Los responsables de la investigación (Policía Judicial de la Guardia Civil) están convencidos de que permanece en la Isla, sospechan que familiares y amigos le están ayudando a permanecer oculto en algún punto del Sur de Tenerife (la principal sospecha apunta hacia Santiago del Teide/Guía de Isora). Entre los datos que han ido trascendiendo a medida que los guardias van avanzando en la investigación, destaca que el sospechoso del crimen convivía con la exmujer de su víctima, mantenía relaciones con su hija y había recibido varias denuncias de malos tratos.

Ambos, supuesto homicida y víctima, eran compañeros de trabajo en el sector del taxi de Adeje, el cual ha quedado salpicado de escándalo: asalariados del taxi en ese municipio y taxistas de municipios limítrofes llevan años denunciando la problemática desencadenada por el poderío que han ido adquiriendo ciudadanos del este que han comprado licencias (el colectivo ATACA los tilda de “mafia rusa” del taxi adejero). Por si fuera poco, ahora además trasciende que en ese sector pueden trabajar sin problema personas violentas, armadas y que acumulan varias denuncias por malos tratos.

Si desean más información sobre la imagen de conflictividad que rodea a este sector de transporte público adejero, hacer clic aquí para enlazar con Aquí Sur.

 

El Ayuntamiento de Arona concedió 131 licencias ilegales en cinco años

=> (Les copio el magnífico artículo que ha publicado David Cuesta en la web de Mírame TV sobre las últimas novedades del Caso Arona 2. Mil gracias al autor por autorizar su reproducción. Y enhorabuena por ayudar a difundir las burradas urbanísticas que han desencadenado la decadencia de un municipio que ni siquiera puede crecer por depender de un Plan General anulado por infinidad de ilegalidades. Mírame TV es el único canal de televisión canario que se ha hecho eco de este escandaloso caso de corrupción urbanística que afecta a CC, CAN-CCN y PP y que incomoda al PSOE, ¿no? Para leer la noticia en su edición original, hacer clic aquí: http://www.mirametv.com/noticias_new.php?idNoticia=277
  • La Justicia investiga la barra libre urbanística que vivió el municipio entre 2006 y 2011 en una causa en la que hay 22 imputados por prevaricación.

  • Otra pieza se centra en la aprobación del PGO en 2008.

Mirame_TV_Caso Arona 2, noviembre 2014

Mírame TV se hace eco del Caso Arona 2 en televisión y en su web de noticias. /Autor: David Cuesta.

El Caso Arona II es un manual de la política urbanística que practicó el Ayuntamiento de Arona en la época dorada de su exalcalde José Alberto González Reverón, condenado por un delito de prevaricación continuada. Según consta en un auto judicial al que ha tenido acceso mirametv.com, el Consistorio tinerfeño concedió, entre diciembre de 2006 y mayo de 2011, hasta 131 licencias urbanísticas “sin respetar los trámites establecidos legalmente, adoptando decisiones contrarias a las que en Derecho procederían”. Esta es una de las dos piezas que componen la causa, en la que hay 22 imputados por delitos de prevaricación, que el juez Marcos Díaz Peteiro separó el pasado lunes en dos procedimientos que llevarán los juzgados de Instrucción 2 y 4.La investigación judicial partió de las denuncias presentadas en 2008 por la Asociación Europea de Participación Ciudadana Tenerife Sur y el abogado Felipe Campos, a la que se unió una posterior de 2011 del edil de Ciudadanos por Arona, José Antonio Reverón. En una primera ronda de declaraciones, que tuvo lugar entre octubre y diciembre de 2010, ocho exconcejales del Gobierno local desfilaron por sede judicial; entre ellos, el exalcalde José Alberto González Reverón, Manuel Barrios, Félix Sierra o Juan José Alayón. Todos están acusados por delitos de corrupción en el Caso Arona I, cuyo juicio está previsto en la primera mitad de 2015.

En el auto judicial, emitido el pasado 24 de noviembre, el juez cita a declarar en calidad de imputados por dos presuntos delitos de prevaricación a otras 14 personas; algunas de ellas todavía con responsabilidades públicas en el Ayuntamiento, como Miguel Ángel Méndez, designado candidato de Coalición Canaria (CC) a las elecciones municipales del próximo año, o el primer teniente de alcalde actual, Antonio Sosa.

El juez ve indicios delictivos en la decisión de los imputados de aprobar con su voto, en decenas de juntas de Gobierno, la concesión de 131 licencias en contra de la normativa vigente. Algo similar a lo que ocurrió en la sesión plenaria de noviembre de 2008, en la que se dio luz verde al Plan General de Ordenación (PGO) con informes municipales en contra, lo que dio pie a la primera pieza del Caso Arona II.

Licencias a destajo

Entre diciembre de 2006 y mayo de 2011, el Ayuntamiento de Arona se convirtió en una oficina express para la concesión de licencias urbanísticas. Aunque el juez aclara en el auto que el caso se encuentra en una fase de atribución “indiciaria y provisional”, afirma varias veces que los permisos se autorizaron “contraviniendo las normas establecidas”.

En unas ocasiones, las licencias se concedían con el informe desfavorable del Servicio de Urbanismo; en otras, ni siquiera se daba tiempo a que se realizase el dictamen preceptivo. Algunos de los permisos recibían el visto bueno sin que se hubiera completado el informe de los técnicos municipales, con graves deficiencias como no contar con todos aspectos exigidos legalmente o, incluso, sin que existiera la necesaria propuesta de acuerdo que debía elevar el concejal del área. El tipo de licencias variaba desde obras mayores y menores hasta de primera ocupación, aunque las primeras eran las más habituales, según consta en el escrito judicial.

En poco más de un año, sólo en el período entre diciembre de 2006 y enero de 2008, los meses anteriores y posteriores a las elecciones de 2007 en las que CC obtuvo mayoría absoluta, el Consistorio tinerfeño otorgó 54 licencias “sin respetar los trámites establecidos legal o reglamentariamente, adoptando decisiones contrarias a las que en Derecho procederían”, como se afirma en el auto judicial. El grifo se cerró desde entonces hasta julio, cuando se volvió a abrir para conceder otros 65 permisos de obras o primera ocupación irregulares entre ese mes y septiembre de 2009. Las 12 licencias restantes que se investigan se otorgaron entre los meses de mayo de 2010 y 2011.

Un PGO modificado

La pieza abierta por la concesión de licencias urbanísticas se separa ahora de la primera causa, por la que se investiga la aprobación del PGO en noviembre de 2008 en contra de informes municipales. El Pleno del Ayuntamiento de Arona dio luz verde de forma parcial al planeamiento del municipio en diciembre de 2006; un documento que recibió el visto bueno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) en febrero de 2007, con la excepción de una serie de subsanaciones que se requerían al Consistorio.

A partir de entonces se sucedieron una serie de comunicaciones entre las partes, hasta que el 2 de octubre de 2008, los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento de Arona emitieron un nuevo informe en el que se alegaba que se habían realizado “modificaciones que no parecen obedecer a la subsanación de deficiencias del acuerdo de aprobación definitiva adoptado por la Cotmac”, lo que explicó mejor la jefa de los Servicios Jurídicos Municipales, que aseguró que “las subsanaciones se han excedido de lo permitido, constituyendo una verdadera modificación”.

A pesar de los últimos informes negativos, el actual concejal de Medio Ambiente, Antonio Sosa, por aquel entonces responsable del área de Urbanismo, elaboró una propuesta que elevó a la Comisión Informativa de su departamento, y esta posteriormente al Pleno, y que fue aprobada en la sesión del 28 de noviembre de 2008. El 5 de mayo de 2009, la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias emitió un nuevo informe en el que se ponía de manifiesto que aún persistían en el documento “determinados aspectos que no se han subsanado”, además de “cuestiones planteadas ex novo con posterioridad”. El 20 de octubre de 2009, la Viceconsejería regional consideró corregidas las observaciones realizadas.

La turbulenta tramitación del PGO dio paso a una cascada de denuncias judiciales, encabezadas por el letrado Felipe Campos, que culminaron, en la parte contenciosa-administrativa, con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias del pasado mes de junio, que tumbó el planeamiento de Arona para sorpresa del actual equipo de Gobierno. En la causa penal, el polémico documento ha dado lugar a los casos Arona I y II, con 17 acusados por delitos de corrupción y 22 imputados, respectivamente.

Huracán Penal: El Caso Arona 2 deja un aluvión de citaciones judiciales

  • El juez de refuerzo encargado de esta higa causa de presunta corrupción urbanística ha ordenado 22 comparecencias judiciales de gobernantes y exgobernantes imputados (aún sin fecha).

  • Además, ha acordado dividir en dos causas distintas el inmenso Caso Arona 2: por un lado concesión de licencias ilegales y, por otro, irregularidades en torno a la aprobación del PGO luego anulado.

El juez de refuerzo que ha asumido esta higa causa, una de las más complejas y tochas de cuantas se siguen por presunta y no presunta corrupción contra los responsables del Ayuntamiento de Arona durante los tres últimos mandatos y una de las más escandalosas de Canarias, ha ordenado el inicio de trámites para liquidar en breve 22 tomas de declaración en calidad de imputados a gobernantes y exgobernantes del Ayuntamiento de Arona entre los mandatos 2003/2007 y 2007/2011. Algunos declararán dos veces, pues este mega caso pasará a dividirse en dos causas distintas (a partir de ahora se instruirán por separado).

=> Como este procedimiento es hiper complejo (la instrucción va ya por 10 tomos y no ha declarado aún ni la mitad de los imputados), he optado por hacer un esquema con los puntos más relevantes: total de imputados, partidos afectados, imputados que serán citados a declarar en breve… (Si no ven el resto del post, hagan clic a continuación en ‘seguir leyendo’ o sobre el título de este artículo)

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