Advierte de que en caso de cese por su incompatibilidad para ocupar el cargo tendría que devolver todo lo que ha cobrado y gastado desde que fue condenado a 4,6 años de inhabilitación (28 de junio).
También ha avisado de que todo su personal de confianza está en la misma situación de alegalidad-ilegalidad que el alcalde y que están expuestos al mismo riesgo que Berto: tener que devolver al Ayuntamiento lo que hayan cobrado desde finales de junio hasta su cese.
¡¡¡¡Oleeeeeeeeeee por la interventora del Ayuntamiento de Aronaaaaa, por su integridad y por sus ovariooooos 😀 !!!!
Por fin un técnico -en este caso técnica- de ese desvencijado consistorio da un golpe en la mesa del escandaloso esperpento de estar gobernados por un alcalde ‘ilegal’, ‘clandestino’ o, usando el término concrecto, incompatible para el cargo que ocupa desde que el 28 de junio fue condenado por prevaricación a 4,6 años de inhabilitación para ejercicio de cargo público por el juzgado de lo penal número 1 de Santa Cruz de Tenerife. Aunque más que un golpe debería decir que ha dado un taponazo sobre la mesa. Y qué taponazo: le ha dado al alcalde ‘ilegal’ y a su Bertismo consistorial donde mááás les duele: en sus bolsillos 😀 .
Respiren hondo antes de seguir leyendo porque esto es todo mega strong -fuerte- (háganme caso: este post puede provocar espasmos de la impresión).
La jefa económica del Ayuntamiento, o sea, la jefa del departamento de Intervención de Fondos, Lorena López, ha advertido por escrito de las serias consecuencia económicas que pueden sufrir el alcalde aronero y el personal que depende de él por su chiflado e imprudente atrincheramiento en unos puestos que, según el artículo 6.2.b de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), ya no les corresponden.
Parece que hizo tal advertencia desde que tuvo constancia plenaria de que el alcalde está condenado, antes incluso de que la Junta Electoral Central (JEC) determinara que, efectivamente, Berto González Reverón ha incurrido en causa de incompatibilidad y debe dejar el cargo (el link que he puesto en la JEC aclara cuáles son las competencias de ese organismo y quiénes la integran -aclaro para los gandulillos-torpecillos que no pinchan en los enlaces y se pierden los pluses del multitexto que dicha junta está integrada, entre otros, por ocho magistrados del Tribunal Supremo).
En riesgo los bolsillos del alcalde y de sus cargos de confianza.
En primer lugar, ha alertado al alcalde de que su cese por la incompatibilidad sobrevenida de su sentencia de inhabilitación traería consigo automáticamente la reclamación de devolución de todo lo que haya cobrado desde que fue condenado y, además, de cuantos gastos haya contraído desde entonces a cargo del erario público.
En segundo lugar, Intervención de Fondos ha hecho constar que todo su personal de confianza se encuentra en la misma situación de alegalidad-ilegalidad que él y que, por tanto, también está expuesto a tener que devolver todos los sueldos que hayan cobrado desde la notificación de la sentencia del Caso Enchufe hasta su cese. Para que lo entiendan: los puestos de confianza son nombrados directamente por el alcalde, y la vigencia de sus contratos expira a lo más tardar cuando el alcalde cesa, normalmente al final de cada mandato. Si el primer edil cesa antes, sus puestos de confianza también. El sucesor de la Alcaldía puede renombrarlos en cuanto tome posesión del cargo (si se fía de los ‘confianzudos’ de su antecesor).
En una situación anómala como la de Arona, como el primer edil se está escaqueando de su obligación legal de cesar con triquiñuelas, su situación es tal alegal y comprometida como la de sus cargos de confianza. Esto sí que es novedad ¿eh? Que en vez de el pueblo raso sean sus políticos quienes estén aterrorizados con su solvencia económica 😀 .
Advertencia de firma subprime que afecta a todas las nóminas del Ayuntamiento.
Y esperen que hay más: Según los espías haris consistoriales, Intervención de Fondos también ha formulado advertencia de ilegalidad contra tooodas las nóminas del Ayuntamiento aronero 😯 . Desconozco aún las consecuencias de tal reparo económico, pero el motivo final estaría relacionado con la alegalidad de la firma del alcalde. Confieso que a esto no he terminado de pillarle el quid de la cuestión… Quien firma las nóminas en realidad es la concejal de Hacienda (María ‘Mala Leche’ Padrón), pero debe ser que lo hace con firma delegada del primer edil o algo así. Solo que si fuera por ese motivo, en realidad tendrían advertencia de ilegalidad económica todísimos los gastos económicos del grupo de gobierno aronero al completo 😯 .
¿Qué, cómo se les ha quedado el cuerpo con semejante bomba? ¿Ven cómo no exageré previniéndoles de que el contenido de este post es realmente impactante? Yo, que visto lo visto soy de lo más impresionable que debe andar por Aronalandia y por el mundo entero, me quedé varias en shock al enterarme bien de la noticia y al empezar a calibrar la trascendencia del gesto de la interventora. Aunque eso de las repercusiones y la trascendencia mejor lo dejo para otro post (aunque solo sea por prolongar un post más la casi armonía kármica que estaba pillando con ella 😉 ).
Confirmado que no es normal ni razonable tener un alcalde al margen de la Ley.
Si es que no podía ser normal -ni razonable jamás en la vida- que un alcalde que no es compatible para el cargo se atrinchere en el trono consistorial y ponga-disponga-mande-ordene como si nada… Ni era normal que un Ayuntamiento que maneja alrededor de 100 millones de euros entrara en tan bárbara situación de inestabilidad e incertidumbre sin que ningún técnico se tirara las manos a la cabeza aterrado de pánico y ejerciera sus responsabilidades y poder para poner freno a una posible debacle. Porque aunque haya quienes prefieran actuar como si nada ante tal temeridad político-económica-legal, es innegable que es mega grave lo que está pasando en este municipio y las consecuencias para todos, como dije hace unas semanas, son de magnitud impredecible (y con lo gafado que está Berto, difícil que el «impredecible» ése sea pa’ bien 😕 ).
En el Concello de Sada (A Coruña), el teniente de alcalde inhabilitado que, al igual Berto, se niega a cumplir la obligación legal de cesar-dimitir, no está asistiendo a pleno ni a comisiones y, por supuesto, no está firmando nada (cautela que ha tomado siguiendo la recomendación del secretario general, dada la advertencia de que su firma incurre en causa determinante de nulidad). Sin embargo, Bertorrente en su papel de brazo tonto de la Ley está convocando plenos como si nada, firmando decretos, resoluciones y, en general, ejerciendo como si fuera un alcalde ‘normal’. Cuentan nuestros espías consistoriales haris que este mes ha aflojado mucho en lo que firma, y que cuando son asuntos que le interesa amarrar sobre seguro se encarga de que sea otro el que firme como alcalde accidental.
Gracias a la interventora, ahora el marrón económico es del alcalde, no de los aroner@s.
Todo lo que haya firmado desde que su condena por prevaricación le puso en situación de incompatibilidad ¡puede ser nulo! y, por tanto, acarrear demoras, sobrecostes, desamparo legal, indemnizaciones y cualquier tipo de marrón para el Ayuntamiento. Es ahí donde reside la verdadera importancia del proceder de la interventora: desde que hizo constar por escrito sus advertencias sobre las responsabilidades económicas personales que está contrayendo el acutal ocupante de la Alcaldía, todos esos impredecibles marrones repercutirían sobre él (y hasta sobre sus cómplices consistoriales), NO SOBRE LAS ARCAS PÚBLICAS DE LOS ARONEROS 😀 .
Lo digo en alto porque hay quienes no distinguen entre el interés particular de un-un@s políticos y el interés público de 75.000 ciudadan@s de hecho y más de 100.000 de derecho. Y me refiero tanto a gobernantes y partidos (en este caso principalmente Coalición Canaria) como a cierto grupo de la oposición que además tiene el segundo original de la sentencia que podría arreglar el desaguisado alcaldicio (el CCN-CAN) y, también, al personal municipal que está anteponiendo sus afectos e intereses personales al riesgo de hecatombe del Ayuntamiento (aún en su propio perjuicio).
Ups, ¿¡¡a que Berto el surrealcalde y su surreabertista gobierno son capaces de querellar al Ayuntamiento contra la interventora por coaccionarlos psicológicamente con sus advertencias de ilegalidad!!? Jajajaj, no sería la primera vez que actuara así, con lo que no es improbable 😆
Unas aclaraciones: por si alguien no se cosca, un interventor no actúa así por mala leche, manía antibertista o capricho (aunque si disfruta haciéndolo le hago la ola 😆 ), sino porque sería ella la candidata a pringar laboral y patrimonialmente si permitiera que las arcas públicas que ‘custodia’ se desmoronaran por dar cobertura a una firma política subprime (jajajaj, firma basura o firma tóxica, como los bonos que detonaron la crisis 😆 ). Y otra, por si las moscas, insisto una vez más en que no la conozco, ni sé qué cara tiene, ni tengo trato con ella (aunque me va apeteciendo tratarla 😉 ), jeje, que con tanto piropo solo la expongo más a la ira bertista 😕 .
Qué pena eso de asombrarse de que un técnico municipal cumpla con sus funciones fiscalizadoras al ‘poder’ político… Ufff, y qué alivio que ocurra alguna vez, ¿eh? 😀 .
Para terminar, y barriendo para mí 😉 , ha quedado demostrado con este post que no se me va tanto la pinza ni exagero tanto como puede parecer; todo esto del riesgo de tener a un alcalde ‘clandestino’ o ‘ilegal’ gobernando el municipio, por si no se acuerdan, lo conté en un post el 13 de abril: «El cuño y la firma del alcalde, embargados por el Estado de Derecho«.