A veces me gustaría equivocarme en ciertas sospechas. Pero hay casualidades que cantan demasiado como para no oírlas… 

El criterio del gobierno aronero de CC a la hora de ejecutar órdenes de derribo que le competen, es muy variable. Va en función, entre otras cosas, de lo que los gobernantes encargados de adoptar los acuerdos puedan ‘sacar’ a cambio de demorar o ignorar su obligación de ejecutar los derribos que procedan (ya saben, es parte del cumplir y hacer cumplir la legalidad vigente en los asuntos que competen a la Administración Local que gestionan).

Entre los ‘beneficios’ probados que estos gestores han buscado mercadeando con la arbitrariedad del «a ti no te perdono el derribo. A ti sí, pero a cambio…», figuran cuestiones de imagen y electoralistas (del tipo ‘si tú político de la oposición dejas de atacar en prensa las pifias de mi grupo, el expediente de sanción y derribo no avanzará o lo hará lenta y torpemente a tu favor; y además, no lo haré público». También está probado que han usado su poder político intentado obtener beneficios personales como el de no verse en la picota judicial ni aunque hubiera indicios sobrados de que delinquen (‘si tu partido, tus concejales y tu abogado no nos denuncian más en los tribunales y nos permiten saltarnos las leyes, la ejecución del derribo y el cobro de la sanción podrían relajarse’).

Y, asimismo, está probado que cuando el aludido por el derribo incumple su parte del trato (ventilar los trapos sucios del gobierno bertista en prensa y en los juzgados), el gobierno y el Ayuntamiento baten récords de agilidad en la tramitación del expediente de demolición-sanción por ilegalidades urbanísticas (y se lucen imponiendo en plan implacables las multas máximas).

Esa pedazo de barbaridad es otra de las perlitas negras que han salido de la concha gracias a las escuchas y las declaraciones del Caso Arona. En este caso, alude, como comentaba en el post anterior, a cómo los afectados por los Caso Arona llegaron a utilizar la sanción y derribo contra el camping Nauta para intentar aplacar la oleada denunciadora de la oposición socialista.

¿Y luego toca creerse que es casual el desinterés que ha mostrado desde 2008-2009 el gobierno bertista hacia la ejecución de la sentencia de derribo contra el presidente del PSOE que liquidó del grupo municipal socialistas a todos los denunciantes del Caso Arona (Agustín Marichal)? Ya…

(El de hoy es un post larguillo, para compensar los días de suspense 😉 )

El polémico apoyo manifiesto de Marichal al Caso Arona

Aunque hay más cosas que llevan a abrir el ojo. ¿Saben que Agustín Marichal fue uno de los pocos socialistas del bando no paquista y creo que el único constructor que felicitó públicamente a los denunciantes en tono de ‘ya era hora de que alguien metiera mano a tanta golfería’ (no dijo eso exactamente, pero sí en ese tono y con calificativos aún más graves que apuntaban a un reconocimiento de que ese Ayuntamiento había corrupción y que además estaba hasta los mismísimos de sufrirla? Como lo oyen (o como lo leen). A ver si encuentro la publicación en prensa y se las posteo.

Por cierto, la que liaron en contra de Marichal los detractores del Caso Arona a cuenta de sus comentarios de enhorabuena por la causa desatada por los entonces cabecillas de su partido. Políticos imputados, constructores-promotores y empresas concesionarias afectadas por el Caso Arona, empleados y simpatizantes de unos y otros, socialistas críticos con la denuncia y, en resumen, mogollón de gente se puso a despotricar contra ese promotor a cuenta de sus comentarios. Y cómo no, a largar a diestro y siniestro todo tipo de supuestos chanchullos y supuestas ilegalidades contra el contructor que había osado postularse a favor de que la Justicia investigara el urbanismo aronero.

Así me enteré, entre otras revelaciones interesantes -partiendo de que muchas de las burradas que soltaron serían exageraciones-, de que era el único aludido en las licencias municipales incluidas en el Caso Arona ¡al que la Cotmac le había echado para atrás una licencia! Extrañísimo. Entre cientos y cientos de licencias urbanísticas concedidas en ese Ayuntamiento con advertencias de ilegalidad ¡la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medioambiente de Canarias solo denunció una! (ahí hay historia, fijo 😉 ). Y descubrí también lo de la sentencia de derribo dictada en primera instancia en 2006 contra el edificio construido por la empresa Marichal Inversiones del Sur detrás de la iglesia de Los Cristianos (supongo que ambos casos aluden a la misma licencia). Que vengan al caso ahora, descubrí también que en aquel entonces Marichal tenía varias licencias trabadas en el Ayuntamiento por diversas anomalías.

La etapa dura de las denuncias, del desplome del ladrillo y de los planes anti denuncias de corrupción.

Durante 2007 y 2008 se disparataron los niveles de acritud de los detractores del Caso Arona contra lo que dieron en llamar «la judicialización de la política». Áreas municipales como la de Urbanismo y la Junta de Gobierno estaban paralizadas por el miedo, y cuando pillaban valor y se lanzaban a desbloquearlo haciendo piruetas legales, el letrado Felipe Campos les caía encima y los volvía a acongojar. Cientos de licencias bloqueadas. La entrada en vigor del Plan General de Ordenación aprobado desde principios de 2007, bloqueada. La crisis haciendo estragos, las empresas despidiendo gente a tutiplén, entrando en quiebra… Ya saben.

Marichal lidera el bando antijudicialización de la política, del urbanismo, del PGO, del Mojón

A mediados de 2008 la Junta de Gobierno aronera tomó conocimiento de la sentencia que afectaba al edificio de Marichal, acordó revocarle la licencia, inició los trámites para su ejecución y pfffffff. De repente los gobernantes aroneros se desinflaron con ese asunto. ¿Los tendría cogidos por algún lado el empresario? No lo sé, la verdad…

Lo que sí sé es que en esa etapa Marichal se postuló como uno de los cabecillas del bando antipaquista y antidenunciantes de escándalos de corrupción. Uno de los postulados principales de los socialistas (y no socialistas) adscritos a ese bando era que la línea de oposición emprendida por Santamaría y por la mochila de José Antonio Reverón era contraproducente para la economía del municipio. Los culpaban de los despidos de trabajadores y quiebra de las empresas que no obtenían sus licencias ni cobraban las deudas contraídas con el Ayuntamiento.

Esa corriente (que cuajó también entre el PP aronero de entonces, el CAN de siempre, colectivos empresariales, sociales, vecinales,…) propugnaba la «oposición constructiva y responsable» basada en que «la política se hace en el salón de plenos, en el Ayuntamiento, en la calle y en la prensa, no en los juzgados», porque esto último perjudica al sistema (a su ‘sistema’, claro).

Volviendo a por qué me provoca tanto interés la citada orden de derribo dormida que forma parte del Caso Arona 2. Cuando Marichal ‘cambió de bando’ y se puso a liderar el golpe que acabó sacando del Ayuntamiento y de la dirección del partido a los socialistas denunciantes, curiosamente, varias de sus licencias ‘trabadas’ empezaron a destrabarse. Puede ser casualidad. Pero tanta casualidad junta va dando que pensar, ¿no?

Marichalistas y Menistas toman el poder del PSOE, y el partido deja de denunciar.

Y ya, para mí el indicio ‘refinitivo’ de que pueden ser reales los los tambores que se oyen desde hace años en torno a un pacto secreto entre PSOE y CC de Arona (y de otros lados) en torno a ‘judicialización de la política’: El ‘nuevo’ grupo municipal socialista está manteniendo una línea de oposición bastante crítica hacia el gobierno bertista y su ‘nuevo’ portavoz, José Julián Mena, vierte continuamente durísimas críticas y acusaciones contra la gestión de CC (fundamentadas y acertadas casi siempre, por cierto). Además, apunta a menudo contra las barbaridades legales-ilegales y procederes sospechosos de los bertistas. Currárselo se lo curra, está claro. Tanto, que el bertismo lo tiene enfilado por la pupa que le está haciendo. Mena y su equipo tienen a los ‘nacionalistos’ acribillados en los plenos, en la calle, en los pasillos y despachos del Ayuntamiento, en todos los foros insulares y autonómicos del partido socialista, en el periódico El Día, allí donde surge un problema, una queja, un despido o un agravio por culpa del gobierno bertista…

Ah, con un tope: donde sea menos en los tribunales. ¿O alguien ha visto que Mena o su PSOE marichalista hayan hecho en este año y medio de mandato el más mínimo amago por poner en conocimiento de Fiscalía o denunciar directamente los hechos aparantemente ilegales que le reprochan al gobierno municipal?

Unos agilizan o frenan acuerdillos por un lado, y los otros se frenan en el frente judicial. Cuánta casualidad… Y encima los ex cabecillas socialistas que sí denunciaban preconizando que esto iba a suceder desde antes de que los marichalistas y menistas los quitaran de en medio.

Pluma constructiva (pa’ que no digan, jeje):

Aunque si realmente existiera un pacto de tal trascendencia, al menos los socialistas lo harían saber a la ciudadanía, ¿no? (digo «al menos los socialistas» porque hace tiempo que perdí la esperanza en los gestos de sinceridad y transparencia del bertismo gobernante).

Me gustaría equivocarme en el atado de cabos que se me pone a huevo. Porque sería el colmo que los posibles relevos de un gobierno petado de escándalos de corrupción fueran tan tolerantes con ese tipo de prácticas. Ni digamos si contribuyen con su inactividad a erradicar cuanto antes de nuestro Ayuntamiento a tod@s los que han estado jugándose el bienestar de los aroneros por haber basado la gestión del Ayuntamiento en irresponsables decisiones ilegales.

Quién sabe, igual espabilan y me sorprenden cumpliendo su deber de oposición de poner en conocimiento de la Justicia cuantos asuntos aparentemente delictivos detecten en el Ayuntamiento que fiscalizan (aunque solo sea porque la fama pro corrupción puede hacer pupa a las opciones de gobierno de cualquiera, máxime cuando hay tanto ladrillo en el partido. Y especialmente en estos tiempos indignados -con lo sensible que se está volviendo ahora el PSOE estatal hacia la indignación ciudadana 😮 -). Tampoco hace falta que denuncien temas urbanísticos, vamos. Con denunciar cualquier otro asunto que no les aluda tanto presidencialmente, valdría para empezar a salir del lado oscuro.

Aunque bueno, aclarar públicamente las sombras urbanísticas, judiciales, consistoriales y políticas que tienen encima (no es por nada, pero el procedimiento penal Arona 2 deja en el aire que el actual presidente del PSOE es tan o más infractor urbanístico que el ex líder socialista que quitaron por un asunto similar. ¿Ven por qué a veces hay que hacer caso a las casualidades? Porque haberlas haylas, sobre todo en Aronilandia 😉 .

(Solo faltaría que se animaran a denunciar presuntas ilegalidades bertistas -que conocen de sobra-, y que se agilizara la ejeución de la sentencia de derribo socialista, jajajajjaja).